La situación de violencia armada que se vivió en Concordia durante enero resonó en la política que estaba de vacaciones y se escucharon los discursos de siempre: punitivismo al palo y una respuesta sin más ideas que la única receta que conocen los gobiernos en las últimas dos décadas: más policías. Que es, a su vez, lo que la sociedad reclama: más policías y, ya que está de moda, gendarmes.
Sin ideas, a pura demagogia punitiva
Por José Amado
En algún punto, la medida de “optimizar la seguridad” anunciada por Gustavo Bordet y Enrique Cresto enviando más personal de la fuerza provincial tiene sentido ¿En cuál? En que Concordia tiene dos tercios de la población de Paraná, con una tasa de criminalidad más alta, pero una estructura menor para la prevención y la sanción. Mucho menor. Tanto en la Policía como en el Ministerio Público Fiscal y en el Poder Judicial. Mientras en la capital provincial se concentra cantidad de efectivos en áreas sin tanta demanda (sin contar a los oficinistas portadores de apellidos) y cada semana aparece un nombre nuevo en la Fiscalía (contando a los portadores de apellidos) con suculentos haberes, en Concordia actúan los mismos funcionarios que a la mañana tuvieron el robo de una garrafa y a la tarde un homicidio del sicariato narco.
No obstante, hasta ahora no fue más que un anuncio con la foto del gobernador y el intendente (que entre ambos suman 15 años gobernando la ciudad), ya que al menos hasta ayer no enviaron más policías (quedan los refuerzos que mandan en cada temporada turística). A su vez, se reunió el Consejo de Seguridad de Concordia, donde se escucharon las promesas de siempre: el 911 que “ahora sí ya está por estar”; y el plan de desarme promovido por la Anmac, lo cual parece un chiste como solución a las balaceras, ya que jamás un delincuente asistió a entregar voluntariamente su armamento.
Los días de paz que se viven estos días desde la semana pasada fueron gracias a la única receta elemental y efectiva que se conoce hasta el momento: una investigación que logró desbaratar un punto de acopio y venta mayorista de armas y municiones, que funcionaba en una ferretería. No es una solución a mediano plazo, pero da un margen para que otras áreas del Estado actúen y recuperen el terreno perdido.
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A su vez, esas investigaciones se deben profundizar para llegar a quienes están detrás de los hechos de violencia que pagan (con la vida o con la cárcel) las víctimas de siempre. Los que se benefician con el negocio de la droga y de las armas que no son solo los narcos de turno, sino los que mueven el dinero.
En una entrevista publicada ayer por El Cronista, la exministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dijo: “Para ir detrás del delito hay que fortalecer la investigación criminal, que es lo que comenzamos a hacer. Necesitás encontrar las redes que conforman los mercados ilegales donde se venden las cosas que se roban. Tenés que buscar a dónde se acumula el dinero en negro, dónde se blanquea. Cuando (Patricia) Bullrich habla del fenómeno del narco está corriendo el eje. Por supuesto tenés que dejar de perseguir consumidores, que es lo que hizo ella, y tenés que orientar la investigación hacia los eslabones más altos de la cadena. Eso lo encontrás en investigaciones de lavado de activos. Dinero que va por lo general a grandes inversiones inmobiliarias. También en la Patagonia, en el negocio inmobiliario, donde ninguno de ellos quiere mirar”.
¿Por qué en Entre Ríos no hay decisión política y judicial de ir a fondo con las investigaciones? ¿Cuál es el temor? ¿Será solo falta de ideas o de “articulación de iniciativas” como les gusta decir a tantos funcionarios?
La semana pasada la Aduana detuvo a un camionero en la frontera Concordia-Salto con casi 90 kilos de cocaína y confirmó a Entre Ríos como parte de la ruta internacional del narcotráfico que busca llevar estos cargamentos a Europa vía el puerto de Montevideo. Cuando una situación similar se investigó a fondo en Rosario, el año pasado, se advirtió que parte de esos cargamentos quedaban en manos de bandas locales que aportaban la logística a esas multinacionales de la cocaína. ¿Alguien estará averiguando si los que utilizan la costa del Uruguay para llevar la droga al vecino país tienen socios locales, antes que sea demasiado tarde?