Expulsaron del país a líder narco de la banda de los uruguayos que fue condenado en Entre Ríos

Jorge Daniel Santos Montenegro, condenado en Entre Ríos por narcotráfico y lavado de dinero, pagó 15 millones de pesos y fue expulsado hacia la República Oriental del Uruguay, con prohibición de ingreso al país. Según registró UNO, la medida la dispuso el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay el 18 de diciembre a solicitud de la defensa del condenado, de 59 años, quien abonó la mitad de la multa de 30 millones impuesta en 2022 por el mismo tribunal. El hombre lideraba "la banda de los uruguayos", dada la nacionalidad casi todos sus integrantes.

Cabe recordar que en junio de 2022, las juezas Mariela Emilce Rojas y Liliana Graciela Carnero y el magistrado Jorge Sebastián Gallino le fijaron a Santos Montenegro una pena de 12 años de prisión por considerarlo organizador de actividades de tráfico de estupefacientes y por el delito de lavado de activos. Además, le impusieron una multa de 30.114.064 de pesos. Los hechos endilgados ocurrieron desde septiembre de 2010 hasta el día en que fue allanado y detenido, el 1° de junio de 2018. El uruguayo vivió un tiempo en Colón y luego se trasladó a Gualeguaychú.

En aquella causa también fueron condenados Huber García, quien recibió ocho años y seis meses de prisión tras haber sido considerado partícipe necesario del delito de organización de tráfico de estupefacientes. En tanto que Yaben Chaparro y Balverde Molina fueron condenados a cinco años de prisión como coautores del delito de lavado de activos. Por otro lado, Luis Roberto Pascal Veiga recibió una pena de cuatro años de prisión por el delito de falsificación de moneda extranjera. Finalmente, Fernando Mesa fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por ser considerado responsable del delito de expendio de moneda extranjera falsa y estafa en grado de tentativa.

La organización narco que lavó el dinero en Entre Ríos

Durante el juicio se pudo comprobar que Montenegro, García, Pascal Veiga, Balverde Molina y Yaben Chaparro conformaron una organización que instituyó desde 2011 un patrimonio originado en actividades criminales. Los fondos obtenidos por esas actividades eran insertados en el mercado local mediante negocios jurídicos para darles apariencia de un origen lícito. Para esos fines, la banda realizó una serie de conductas vinculadas a la conversión, transferencia, administración, venta, gravamen, disimulación y puesta en circulación en el mercado de bienes adquiridos de modo ilegal, como producto de las ganancias que dejarían actividades como el tráfico de estupefacientes, la falsificación de moneda nacional y extranjera y la puesta en circulación de moneda falsa.

El lavado de dinero fue materializado mediante maniobras de compra de inmuebles y compra, venta y transferencia de rodados, muchos de ellos de alta gama, llevadas a cabo por personas vinculadas a actividades criminales y sin recursos registrados ni ingresos declarados que coincidan con el patrimonio ostentado. El grupo conformó también una sociedad que no registra actividad comercial pero que fue utilizada como “pantalla” de sus operaciones.

Además, el Tribunal ordenó el decomiso de ocho vehículos, dos motos, dos lanchas, una moto de agua, una casa en el country “Los Bretes” (ubicada en la localidad entrerriana de Colón) un campo de más de seis hectáreas en el Paraje Sarandí -ciudad de Gualeguaychú- y un terreno de 1.400 metros en islas del Ibicuy.

También se decomisaron 34.100 dólares y 139.000 pesos encontrados en la vivienda particular de Santos Montenegro y Yabén Chaparro; y 318.250 dólares ocultos en el cielorraso de una de las edificaciones del campo Paraje Sarandí.

LEER MÁS: La condena a la banda de los uruguayos por narcos y lavado

Expulsión del país

En su resolución del 18 de diciembre de este año, la jueza federal de Concepción del Uruguay, Mariela Emilce Rojas, detalló que el 28 de noviembre se presentó el Ministerio Público Fiscal junto con la defensa oficial pública del uruguayo y acompañaron un comprobante de pago de la mitad de la multa impuesta en la sentencia penal, por un total de 15 millones de pesos y asegurado el pago del saldo restante con bienes embargado, un Volkswagen Gol Trend y un Ford Ecosport.

En el marco de la audiencia, la Defensora Pública Oficial, Julieta Elizalde, solicitó se disponga la expulsión del condenado del territorio nacional. El Ministerio Público Fiscal prestó conformidad. Al resolver, la jueza puso a Montenegro a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones y, finalmente, difirió la declaración de extinción de la pena impuesta de 12 años de prisión, hasta el día 31 de mayo de 2030, "siempre que no se haya violado la prohibición expresa de reingreso al país dispuesta".

El Fallo