El gobernador Gustavo Bordet participó junto al presidente Alberto Fernández y los mandatarios de todas las provincias suscribieron ayer una modificación al Consenso Fiscal firmado en 2017, que establece la suspensión por un año de los juicios entablados por los Estado provinciales a la administración central y de la reducción de la alícuota de las provincias a Ingresos Brutos. La medida significa una mejora en la situación fiscal de las provincias que vieron sus cuentas impactadas por la reducción unilateral de impuestos coparticipables como IVA y Ganancias que el gobierno Nacional saliente llevó a cabo en agosto de este año. Para ello está contemplada la creación de una comisión que analizará el impacto que tendrá esta decisión en las finanzas de cada distrito.
En la Rosada, Bordet junto a sus pares acordaron cambios en el Pacto Fiscal
Para su implementación, se prevé que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) enviarán a sus respectivos Poderes Legislativos el acuerdo dentro del plazo de 30 días, para aprobar el acuerdo, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos poderes ejecutivos para dictar las normas que sean necesarias.
De esta manera, el acuerdo será efectivo en aquellas jurisdicciones que lo aprueben a través de sus legislaturas y a partir de esa fecha.
“Sabemos que la autonomía y la solidez de las provincias representa un punto importante para empezar a poner a la Argentina de pie. Es por eso que esta reunión genera una muy buena expectativa, porque es uno de los primeros pasos en esa relación de trabajo conjunto con el ejecutivo nacional y el conjunto de mandatarios provinciales, y porque todos los esfuerzos están apuntados a dar dinamismo al mercado interno, que es el principal camino para salir de la crisis”, explicó el ministro de Economía, Hugo Ballay, quien acompañó al gobernador.
En ese marco, el ministro recordó que “se acordó conformar una comisión técnica para evaluar el impacto que la reducción de IVA a los productos de la canasta básica, e impuesto a las ganancias, que el gobierno anterior llevó a cabo de manera inconsulta en agosto, tuvo en los recursos coparticipables que por ley nos corresponde a las provincias; y en paralelo las provincias suspendemos los juicios contra la administración nacional que, a pesar del fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el gobierno anterior cumplió muy parcialmente”.
Como parte de la actividad, los ministros de Economía provinciales estuvieron reunidos con funcionarios nacionales para afinar los detalles de la letra chica que suspenden efectos del Consenso Fiscal 2017.
El gobernador de San Juan, el justicialista Sergio Uñac, en una conferencia de prensa posterior que ofreció junto con su colega de Jujuy, el radical Gerardo Morales, se mostró satisfecho por la firma del documento.
El oficialismo gestiona acuerdos para sacar la ley
Cinco altos funcionarios del gobierno nacional concurrirán hoy al Congreso para exponer sobre el proyecto de ley ómnibus de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que el Poder Ejecutivo envió ayer al Parlamento para declarar la emergencia pública por el término de un año. En tanto, el oficialismo buscará debatir hoy en una reunión de dos comisiones y aprobar mañana esta iniciativa en la primera sesión extraordinaria convocada por la administración de Alberto Fernández.
Para explicar esta medida los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Seguridad Social, Daniel Arroyo, y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, concurrirán hoy al Congreso para exponer aspectos centrales del proyecto ante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, que debe redactar el dictamen que se debatirá en la sesión de mañana, se anticipó.
El paquete de medidas económicas
El proyecto de ley de solidaridad y reactivación económica que el gobierno nacional envió ayer al Congreso, propone gravar con un 30% la compra de dólares y los consumos en moneda extranjera, aumenta el impuesto a los bienes personales y grava los activos atesorados en el exterior. También sube la alícuota de tributos internos a la compra de vehículos y embarcaciones con valor superior a 2,4 millón de pesos, congela el cronograma de reducción de contribuciones patronales y faculta al Poder Ejecutivo a aumentar en tres puntos porcentuales las retenciones a la exportación. Al mismo tiempo instrumenta una amplia moratoria para las pymes, instruye a la Afip a diseñar un sistema de reintegro del IVA a los consumidores más vulnerables y exime del pago de impuesto cedular a los plazos fijos en pesos. Al mismo tiempo, habilita al Ejecutivo a decretar aumentos salariales por decreto para el sector privado y a compensarlos con reducciones en el pago de aportes sociales. En el capítulo previsional, dispone la suspensión por seis meses de la ley de movilidad de haberes jubilatorios. A cambio, obliga a disponer incrementos trimestrales por decreto. El presidente Alberto Fernández ya anticipó que en diciembre y enero habrá sendos pagos de 5 pesos mil a los jubilados que cobran hasta la mínima. En el rubro de servicios públicos, se congelan por seis meses los aumentos tarifarios y se autoriza al gobierno a realizar una revisión integral.
El paquete de medidas del Gobierno fue recibido con buenas señales por el mercado, ya que los bonos treparon el 13,5% y bajó el riesgo país
