La responsabilidad de la Policía de Entre Ríos en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura, de sus funcionarios y de su jerarquía, es todavía una deuda pendiente en el proceso de juicios de lesa humanidad abierto en el país desde la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Hasta el momento un solo integrante de esa fuerza fue juzgado y condenado, Atilio Ricardo Céparo, y por su participación en los delitos perpetrados apenas contra una sola víctima. Hay otros procesos en instrucción, pero la cantidad de expolicías implicados es mínima en comparación con los que pertenecieron a las fuerzas armadas e incluso civiles.
El rol de la Policía de Entre Ríos, una deuda de los juicios de lesa humanidad
La Policía de Entre Ríos fue parte importante de la maquinaria del terrorismo de Estado, pero los responsables de esos crímenes permanecen casi todos impunes. El caso del represor Carvallo como "la punta de un iceberbg".
24 de marzo 2019 · 11:22hs
UNO / Ayelén Morales
UNO / Ayelén Morales
"Son las tareas pendientes que nos quedan", señaló a UNO Manuel Ramat, sobreviviente del terrorismo de Estado y denunciante del represor Carlos Carvallo, quien fue detenido en 2018 tras estar cuatro años prófugo. Carvallo integraba la patota policial que lo secuestró en calle Zuviría y Victoria de Paraná, en setiembre de 1976, y fue uno de los responsables del calvario que sufrió en la antigua comisaría de El Brete, uno de los centros clandestinos de detención por los que pasó.
"Nos queda la tarea, que empezaron las Madres, que tenemos los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares, de seguir buscando justicia. Lo que aparece es la punta del iceberg: Carvallo no estaba solo, faltan 20, 30 o más nombres de los que estuvieron, los que participaron en las guardias, de todos los que sabían de esto", remarcó durante una entrevista realizada en el lugar de su detención y que puede verse en un video de la sección UNO TV de unoentrerios.com.ar. Allí también habló de la necesidad de avanzar en los juicios a los beneficiarios civiles de la dictadura, principalmente, el sector empresario.
"Falta ejercicio de la memoria y conocimiento de la historia para poder llegar a ser una democracia. Hemos estado cuarenta y pico de años buscando justicia y podemos seguir dando testimonio y consiguiendo datos. Se tienen que abrir juicios sobre cada centro clandestino porque hay mucha gente que puede animarse a hablar, decir todo lo que pasó y señalar a quienes participaban. De otra manera no vamos a cambiar: si hay impunidad no vamos a poder cambiar este sistema donde, en vez de contener la situación social, se reprime la protesta", remarcó.
Pocas causas
Lucía Tejera, abogada querellante en causas de lesa humanidad en Entre Ríos, explicó que actualmente hay solo dos causas que involucran a policías de la provincia. Una de ellas se encuentra elevada a la etapa de plenario, en donde se le imputa a Carvallo la privación ilegal de la libertad y tormentos que sufrió Manuel Ramat. "Como querellantes entendemos que es apresurada la clausura de esta etapa procesal, ya que consideramos a Carvallo responsable de otros hechos que no le fueron imputados", señaló. Uno de esos hechos fue el secuestro de Luis Sotera, quien compartió cautiverio con Ramat en El Brete.
Tejera cuestionó que tampoco se investigó profundamente la responsabilidad del exprófugo y la de otros funcionarios policiales en los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en esa comisaría de la zona este de Paraná, en donde se pudo reconstruir que era la fuerza de seguridad provincial la que allí operaba.
La otra causa en la que está involucrado personal de la PER, es la conocida como "Céparo". En el juicio que se realizó en 2016, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a 11 años de prisión a Atilio Céparo por la privación ilegal de la libertad y torturas sobre una víctima, y se instruyó que se investigue la responsabilidad del represor en los crímenes que se cometieron contra otras tres militantes políticas que habían sido traídas desde Cipoletti –después de haber estado secuestradas en el CDD La Escuelita de Neuquén– y se encontraban en la Unidad Penal 6 de la capital entrerriana. "Surge de los registros de la cárcel que el imputado, funcionario de la Policía de Entre Ríos, habría retirado a estas tres víctimas para someterlas a interrogatorio bajo torturas", sostuvo la abogada.
"Creemos que la deficiencia de las causas se basan en que las investigaciones se llevan a cabo de manera aislada, lo que impide una investigación integral de lo que sucedió en la ciudad durante la dictadura genocida, que consistió en la puesta en marcha de un plan de exterminio a través de actos sistemáticos", subrayó. "Céparo no actuó solo. Carvallo no actuó solo. No actuaron sobre una sola víctima. Los testimonios y la reconstrucción que se ha venido haciendo dan cuenta de la sistematicidad de los hechos y de que operaban conjuntamente todas las fuerzas de seguridad y armadas".
Por otro lado, hay una causa con procesamiento en donde se le imputa a Emilio Romero, personal de la Delegación Paraná de la Policía Federal Argentina, el encubrimiento del homicidio de Victorio Coco Erbetta, actualmente desaparecido. Por el caso de Erbetta fue condenado Cosme Demonte, también de la PFA. "De esta causa se desprenden otras personas que habrían estado involucradas, como el suboficial de la PFA Strak y otro de apellido Rivarola, ambos fallecidos. Asimismo, y en virtud de las declaraciones existentes, surgen otros nombres y datos. Con estas causas más las investigaciones que se llevan a cabo desde la querella con los equipos de investigación, intentamos reconstruir quiénes eran los integrantes de las patotas tanto de la Policía de Entre Ríos como de la Federal, que operaban en la ciudad durante el terrorismo de Estado. No solamente para judicializar lo que sea posible, sino con el afán de reconstruir la verdad de lo sucedido", indicó.
El secuestro de Ramat
En su diálogo con UNO TV, Manuel Ramat, militante político y sindical, relató las circunstancias de su secuestro, el 25 de septiembre de 1976, cerca del mediodía. Poco antes, en junio del mismo año, su hermano Raúl había sido asesinado en Campana. Manuel había ido a visitar a una tía de su esposa que vivía en calle Zuviría y en la esquina de Victoria fue detenido: "El omnipresente oficial Carvallo, junto con otro, me levantó. Andaban en distintos autos no identificables, no recuerdo precisamente, pudo haber sido un Renault 12 o un Peugeot 504. Me pusieron en la parte de atrás, me hicieron meter la cabeza contra el piso y me llevaron a algún lado que después supe que era uno de los centros clandestinos de detención que era la casa de la Fuerza Aérea, que estaba detrás de la Base Aérea"
Allí estuvo durante un día, sometido a un interrogatorio. A la noche lo llevaron una comisaría que estaba ubicada en el barrio Corrales, en inmediaciones de Almafuerte y Zanni. Allí lo pusieron en libertad. Pero unos días después Carvallo se apareció en su casa junto a la patota, pateó la puerta y entró violentamente. Manuel no estaba, por lo que se quedó un rato largo esperando, hasta que se cansó y se fue. Ante esto Ramat, acompañado por su abogado Eduardo Solari, se presentó en la Jefatura de Policía, donde quedó detenido. Lo recibió un comisario de apellido Escobar, quien le dijo que más tarde lo buscaría Carvallo. Lo cual luego efectivamente sucedió.
De allí lo llevaron en un Ford Falcon hasta Santa Fe. En Colastiné Sur lo hicieron bajar del auto y, ya encapuchado y esposado, lo metieron en el baúl. El primer destino fue la comisaría de El Brete, en la zona del Seminario. Allí estuvo 45 días solo en un calabozo, con los ojos tapados y sometido a torturas físicas y psicológicas y bajo constantes amenazas de muerte. Carvallo estaba presente en las sesiones de torturas y se jactaba de que desde 1975 los azules entrerrianos recibían instrucciones de los militares para llevar adelante esa cruel tarea. Luego pasó por el CCD del Escuadrón de Comunicaciones, un lugar que sería la escuela Álvarez Condarco y la Unidad Penal 1. Fue liberado recién en 1984.
Carlos Carvallo era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. En democracia se convirtió en locutor de radio y llegó a ser muy conocido en Misiones. El 12 de agosto de 1998, la Liga de Madres de Familia de esa provincia―que depende de la Acción Católica Argentina― le entregó el premio Santa Clara de Asís. Se fugó en 2014, cuando se pidió su detención desde el Juzgado Federal de Paraná.