El lunes por la noche detuvieron a Sandra Astudillo Staffolani (57), la empleada legislativa acusada de haber sido cómplice de Cacho Garay (68) en los abusos sexuales presuntamente cometidos contra la expareja del humorista, Verónica Macías.
Cacho Garay: detuvieron e empleada legislativa acusada de participar en los abusos sexuales
Sandra Astudillo Staffolani, detenida, involucrada en la acusación de Verónica Macías, expareja de Cacho Garay.
Verónica Macías, expareja de Cacho Garay.
Sandra Astudillo Staffolani fue detenida en la noche del lunes a poco de llegar al aeropuerto de Mendoza, según informaron fuentes judiciales. Se espera que su defensa pida la domiciliaria. Este mediodía, por otra parte, se definirá si Garay pasa a la cárcel.
Según trascendió, la mujer fue retenida poco después de aterrizar desde Cancún (México), adonde había viajado por vacaciones. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) la capturó y la puso a disposición de las autoridades.
Se espera que en el transcurso de la mañana haya definiciones sobre su situación procesal.
La denuncia de violencia de género contra Cacho Garay
En los primeros días de abril trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay.
La denunciante explicó que el 5 de abril mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió "te voy a matar".
Una semana después se realizó un allanamiento en el domicilio donde el humorista fue detenido y se secuestraron cuatro armas de fuego de colección, de las cuales dos estaban aptas para el disparo. Sin embargo, estuvo menos de 24 horas preso ya que recuperó la libertad.
La bailarina amplió su testimonio y habló de reiterados abusos sexuales y de haber sido privada de su libertad por parte de Cacho Garay. La Fiscalía de Violencia de Género agravó la imputación y ordenó la detención domiciliaria del sospechoso.
El humorista está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 6 a 27 años de cárcel, indicó UNO Mendoza.



















