El accionar represivo de las fuerzas de seguridad bolivianas sobre los manifestantes en contra de la salida de Evo Morales de la presidencia del país ya habían dejado ayer un saldo de al menos 23 víctimas fatales, según informó la Comisión Interamericana e Derechos Humanos (CIDH), que alertó además sobre un decreto de la auto proclamada presidenta Jeanine Añez que desligó de responsabilidades penales a los militares que salen a las calles, con licencia para ejecutar personas.
Llegan a 23 los muertos en Bolivia, tras el decreto que despenaliza ejecuciones
La CIDH alertó además sobre un decreto de la auto proclamada presidenta Jeanine Añez que desligó de responsabilidades penales a los militares que salen a las calles.
17 de noviembre 2019 · 21:24hs
“El personal de las fuerzas armadas que participe de operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimento de las órdenes constitucionales actúen el legítima defensa y en estado de necesidad”, dice el artículo 4 de un decreto emitido el viernes por Añez.
Morales mantiene la mayoría en la asamblea y sus legisladores intentarán definir los tiempos de la sucesión.
El presidente electo Alberto Fernández se sumó al reclamo y criticó el rol de la Organización de Estados Americanos ( OEA). “El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las fuerzas armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de muertos. El Gobierno argentino calla. La OEA avala”, posteó y pidió intervención de la ONU y su alta comisionada en derechos humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, que pronto respondió.
“Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar. Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto por los derechos humanos”, indicó la expresidenta chilena.
Jerjes Justiniano, ministro de la Presidencia de Añez, dijo: “De manera distorsionada se dice que es una licencia para matar, cuando la medida tiene una base legal en la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas”.