El abogado de Allende negó que busquen llegar al juicio abreviado

El abogado Marcos Rodríguez Allende sostuvo ayer que solo tienen un interés político los abogados que han salido públicamente a criticar el supuesto acuerdo de juicio abreviado al que llegaría su defendido, el diputado provincial José Allende, con los fiscales de la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito.

El abogado -que representa también a la esposa, a la exesposa y a tres hijos del legislador- negó que existan negociaciones para llegar al juicio abreviado (Ver aparte) y también descalificó los argumentos con que el exsenador radical Juan Carlos Arralde, el exsecretario de Justicia Rubén Virué y el abogado Rubén Pagliotto han atacado el presunto acuerdo.

"No existe duda de que muy pocas veces en la historia de la provincia se ha observado un ataque sistemático y deliberado como en este caso. Más aún cuando los ataques tienen una sola dirección, o un solo interés, que es un interés político. Pretende este pequeño grupo de profesionales, bajo la excusa del cuestionamiento jurídico, enmascarar intereses personales y políticos", señaló.

Durante los últimos días estos abogados han dicho que el juicio abreviado en favor de Allende se convertiría en una "licencia para robar" dada a otros funcionarios, o en una claudicación "ética y legal"del Poder Judicial.

Rodríguez Allende se preguntó: "¿qué seriedad puede haber en estos cuestionamientos que provienen de algún profesional del Derecho que se conoce más por sus expresiones mediáticas y sus denuncias rimbombantes y efectistas, que evidentemente no buscan la verdad, sino solo desprestigiar a la persona, al funcionario (por Allende); y aún más, a la actual gestión del gobernador Gustavo Bordet", explicó.

El abogado defensor del legislador sostuvo que le llama la atención la postura de estos profesionales del Derecho "cuya actividad laboral es escasa en cuanto al ejercicio del derecho de defensa de un imputado, o en la representación de la víctima del delito".

En ese sentido, sostiene que deben ponerse límites a conceptos o afirmaciones públicas que están "fuera de la realidad del proceso, es decir, no se corresponden con un sentido jurídico como debería ser cuando alguien afirma que la situación procesal de un funcionario es comprometida; o peor aún, cuando se requiere la condena sin conocer con exactitud todas las pruebas desarrolladas en el proceso", explicó.

Allende aclaró que no cuestiona la tarea informativa de los medios periodísticos "cuando informan a la sociedad lo que sea necesario para el conocimiento de causas penales que generan interés social".

Sin embargo acotó: "Más allá de esta facultad y derecho de informar, llama también la atención que solo dos o tres profesionales se jactan de conocer puntillosamente todas las causas penales de la provincia, y en muchos casos toman parte públicamente atacando y violentando los principios básicos del derecho de defensa y del principio de inocencia que estos profesionales parecen desconocer".

También opinó que existe un ataque evidente a algunos sectores del Poder Judicial. "Embestir con críticas infundadas contra el representante de la acción penal pública, cuando se pone en duda la honestidad y profesionalidad del procurador general (Jorge García), resulta explicable solo por dos motivos", señaló.

"El primero, a criterio mío,es que no se lo conoce como persona, ni mucho menos como profesional del Derecho, que dedicó toda su vida a la carrera judicial sin tener ningún tipo de observación jamás. El segundo motivo, que es el que resulta más acorde a la realidad de los acontecimientos, se basa en que los intentos por desprestigiar a quien conduce la política criminal apuntan a lograr objetivos políticos. Lo mismo que se vio recientemente con los ataques a la figura de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak", agregó finalmente.