Cruces entre la Justicia Federal y el Servicio Penitenciario

El año pasado, mediante la resolución 495/20, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos resolvió la suspensión de los traslados de los internos que dependen de la Justicia Federal. Ahora, a partir del conflicto que protagonizó un condenado por narcotráfico alojado en la Unidad Penal 8 de Federal, el Juzgado Federal de Ejecución de Penas, a cargo de Roberto López Arango, ordenó su urgente traslado a la cárcel de Paraná. Desde el SPER informaron que no iban a cumplir con esa medida, aludiendo aquella resolución administrativa. En respuesta, el juez volvió a ordenar el traslado del preso bajo apercibimiento de denunciar el delito de desobediencia judicial ante la Fiscalía.

El 14 de marzo se suscitó el conflicto en la cárcel de Federal, por el cual se sancionó al interno y lo alojaron en la celda de aislamiento. Cuatro días después la defensora oficial informó que el hombre se encontraba en el calabozo y que temía por su integridad física, por lo que solicitaba su traslado definitivo hacia la Colonia Penal de Candelaria en Misiones, o a otro de los Complejos Penitenciarios Federales del Noroeste Argentino. Por esto, la Justicia Federal ordenó “con carácter urgente y preferente despacho, el inmediato traslado del interno a la unidad penal N° 1 de Paraná”.

Ayer, desde el establecimiento penitenciario de Federal se informó que la solicitud de traslado no podrá efectuarse en razón de la mencionada resolución de la Dirección General del Servicio Penitenciario provincial, que dispone “la suspensión de la ejecución de las comisiones de traslado de internos bajo jurisdicción del Poder Judicial de la Nación alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario de Entre Ríos,”.

Al respecto, el juez López Arango señaló en su resolución que la medida del SPER “luce manifiestamente contraria” a la Ley de Ejecución de Penas que establece la finalidad y objetivo la ulterior reinserción social del condenado “promoviendo el apoyo y comprensión de todos los miembros de esa sociedad”.

“Considero que es totalmente violatoria de las disposiciones contenidas en los artículos10 a 219 de la ley de ejecución penal, que dispone básicamente las reglas para el alojamiento de personas detenidas en cárceles provinciales, los que no distinguen la competencia jurisdiccional de su juzgador, situación que se ha dado en el presente caso, tal como lo expresa la resolución Nº 495 cuando trae a colación el convenio entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la provincia de Entre Ríos, convenio que en la actualidad está vigente”, señaló López Arango.

“Se puede observar que a todas luces, la resolución de la DGSPER, vulnera derechos y garantías previstos en nuestra Carta Magna y de tratados internacionales con igual jerarquía”, agregó el magistrado.

Por esto, resolvió “ordenar al director de la Unidad Penal N° 8, que por intermedio de la división que corresponda, en forma inmediata proceda al traslado del interno N.A.B. a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, todo ello bajo apercibimiento de girar los antecedentes al Sr. fiscal competente ante la posible comisión del delito de desobediencia”.