Los conflictos familiares casi siempre son el factor desencadenante para que algunas personas decidan abandonar sus hogares, pero también se dan casos donde el trasfondo es la violencia familiar, principalmente en menores de edad. Más allá del contexto que rodea a esta problemática, el verdadero drama empieza cuando luego de varios días no se sabe nada del ser querido. La intervención policial, o llegado el caso de la Justicia, se produce luego del pedido de localización o restitución (en el caso de los menores de edad) o de averiguación de paradero. La División Minoridad y Violencia Familiar de la Policía en Paraná, intervino el año pasado en 368 búsquedas, una cifra que se redujo en comparación a años anteriores.
Conflictos y violencia, causas para el abandono del hogar
“Se redujo por la cuarentena”, explicó a UNO la jefa de la repartición, la comisario inspector, María Facciano. Anteriormente se llegó a trabajar en 600 casos anuales de búsqueda de chicos y chicas, aunque con el tiempo la tasa descendió a menos de 500 por año. Según la estadística aportada por Minoridad, las intervenciones se dan en adolescentes a partir de los 13 años y la mayoría de los pedidos es por mujeres que se van de sus casas. Las razones que determinan este desenlace son varias y hasta a veces complejas: en ciertas oportunidades los padres no les permiten salir a los chicos o les impiden tener alguna relación de noviazgo, se pudo saber. “Otras veces se da por cuestiones de límites y los adolescentes se enojan por diferentes motivos con los familiares y optan por irse”, advirtió la funcionaria.
Pero también suceden con mayor frecuencia las situaciones de violencia familiar, y que tiene como víctimas directas a adolescentes. “Tenemos muchos de estos casos, en su gran mayoría de niñas. Esto no quiere decir que hay más adolescentes que se retiran del hogar, sino que puede ser un factor influyente que por el hecho de ser varones, los padres no hagan el pedido en forma inmediata”, reveló la jefa del servicio.
Son tres los tipos de pedidos que engloban la búsqueda de una persona. Por ejemplo, en Minoridad se tramitan solicitudes de localización o restitución, que es cuando el adulto responsable desconoce no sabe donde su está su familiar. También se reciben pedidos de averiguación de paradero y que según planteó Facciano “se da mucho más en papás que están separados y generalmente el niño o adolescente se encuentra en la casa de uno de los progenitores, pero el otro progenitor desconoce el lugar”. Finalmente se interviene en pedidos de restitución, que ocurre cuando uno de las padres sabe donde está su hijo y por algún motivo no lo puede buscar o acercar a su domicilio. En lo que va del año se tomaron 35 pedidos en general.
La complejidad de la problemática puede influir en el abordaje del caso, pero generalmente cuando hay menores de 18 años involucrados las búsquedas se resuelven en forma inmediata y así se evita la judicialización, se informó en Minoridad. Cuando se constata la vulneración de derechos se notifica al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y además a la Defensoría de Niños y Adolescentes, junto con los informes respectivos. La forma de abordar las búsquedas no siempre es similar, de todas formas la Policía dispone siempre de un importante despliegue territorial del personal y de logística que ayuda a resolver los casos. “Hemos judicializado algunas situaciones, porque se ha constituido un delito y en otras porque el hallazgo del menor no se hace dentro de un lapso corto de tiempo. En ese caso el hecho se judicializa, por más que no se constituya un delito y en otras vemos que hay posibles cuestiones de delitos, también se judicializan. Pero son los menos”, aseguró la especialista.
En buena medida la pandemia de coronavirus determinó algunas restricciones que impactaron favorablemente en esta problemática: la suspensión del servicio de transporte, en todas sus modalidades es el ejemplo más evidente. Facciano reconoció la dificultad para hallar a chicos y chicas que se tomaban el colectivo a Santa Fe. “Era una gran problema cuando los adolescentes se nos iban a Santa Fe, porque no se exige ninguna certificación o una autorización para tomar ese transporte interprovincial. Se nos hacía más dificultosa la búsqueda, porque tomar un colectivo a Santa Fe es como tomar un colectivo urbano”, comparó.
Ante este tipo de circunstancia, la responsable de la unidad aconsejó realizar la exposición policial en forma inmediata, en la comisaría más cercana o directamente en la Fiscalía especializada.
Un fenómeno complejo
“La persona que se va, por lo general tiene un conflicto en la casa o por ahí se pelea con el esposo o el hijo, y toma la decisión de irse”, argumentó la titular de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, Zulma Argarañaz. En la dependencia el año pasado se intervino en 38 casos, mientras que en lo que va de este año se trabajó en 9 búsquedas. “No todas las búsquedas son iguales, no llevan el mismo tiempo. Hay búsquedas que llevan un día, o pueden ser o cuatro días, depende de la situación. Por ahí están en la casa de algún familiar y se llega luego de entrevistar a su círculo de amigos. Vamos haciendo todo un circuito de las relaciones de las personas y por ahí se encuentra enseguida. Y por ahí no”, manifestó a UNO la funcionaria.
En octubre de 2020 se sancionó el proyecto que crea un “Protocolo de Pautas y Medidas Mínimas de Trabajo en la búsqueda de personas desaparecidas víctimas de violencia de género”. Se trata de un mecanismos para agilizar la búsqueda de mujeres que por su condición están mayor riesgo. En relación a casos de violencia de género, Argarañaz recordó a Fátima Acevedo, víctima de un brutal femicidio luego de varios días de estar desaparecida.
Si bien pueden ser múltiples las causas que pueden llevar a una persona a alejarse de su círculo familiar, la comisario Argarañaz marcó la alta vulnerabilidad del universo adolescente, tanto varones como mujeres. “Hemos tenido muchos chicos jóvenes que han sufrido situaciones en la casa y han determinado irse”, alertó. Enseguida mencionó que los grupos etáreos que son objeto de intervenciones, son variados y van desde los 18 a los 74 años, con varones y mujeres en la misma proporción. “No tenemos mayor cantidad de mujeres o mayor cantidad de varones. No tenemos un parámetro para decir que se van más mujeres que varones”, consignó.
Del mismo modo sostuvo que es fundamental que al tomar conocimiento de un caso de estas características, realizar la denuncia en forma inmediata. “No sabemos si esa persona desapareció por voluntad propia o porque un tercero influyó para que se vaya, fue secuestrada o captada. Es fundamental hacer la denuncia y aportar la mayor cantidad de datos posibles. Sus características, cuando desapareció, el horario, si es víctima de violencia, los datos fisonómicos de la persona, la contextura física, el color de piel, el color de ojos y las señas particulares. O si tiene tatuajes, si tiene teléfono, redes sociales, si usa tarjeta de transporte público, de crédito o de débito”, enumeró.
Trabajo de hormiga
Una decisión del Ministerio Público Fiscal en Paraná, en julio de 2018, modificó ciertas pautas de organización y en ese contexto se dispuso que sea la Subunidad de Niños, Niñas y Adolescentes la encargada de recibir todos los pedidos de localización de las personas que se ausentan de la casa, ya sea de menores o mayores. Sandra Terreno y María del Huerto Felgueres, son las fiscales encargadas de coordinar esta dependencia judicial, que en promedio está recibiendo 10 causas por mes relacionadas con pedidos para ubicar a personas. “Los pedidos son cada vez más desde hace más de un año”, afirmó Terreno en una entrevista con UNO. Ambas sostienen que el volumen de legajos que se abren puede ir variando y que generalmente las investigaciones se realizan en forma coordinada con la división Minoridad y de Trata de Personas.
Las operadoras judiciales dijeron que es muy importante en la búsqueda la colaboración de la división de Inteligencia Criminal, para el seguimiento en las redes sociales, o con otros elementos que operan como indicios para la localización de las personas: tarjetas del transporte público, de débito, de crédito, entre otras.
El caso María Eva
María Eva González, de 38 años, fue vista por última vez el 1º de enero. Sin rastros de su paradero, sus familiares realizaron el pedido de localización el 20 de enero y en la actualidad se trata de la única búsqueda activa en la Justicia. “Lo último que se sabe es que estaría en Buenos Aires, tenemos un informe dando cuenta que habría hecho un cambio de domicilio. Estamos recabando toda la información necesaria para ver en que registro hizo el cambio de domicilio, para empezar la búsqueda en Buenos Aires a partir de ese dato”, señaló la fiscal Felgueres.
Según información aportada en la causa, el mismo día que se realizó el pedido de localización, la mujer comenzó el trámite para cambiar el domicilio. Concretamente sus datos se cargaron en un correo electrónico del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. “Ellos nos informan que había hecho un cambio de domicilio”, acotó Terreno.
Asesoradas por la Justicia provincial, las hermanas de María Eva formularon una denuncia en el 144 “para verificar si no está en una red de Trata”.
La investigación sigue su curso con el objetivo de saber en qué condiciones de salud se encuentra la persona. Siguiendo esa hipótesis, la Unidad Fiscal se comunicó con el comisario de la jurisdicción donde se radicó el cambio de domicilio, se envió un móvil policial para hacer la constatación, pero no se logró ubicarla. “No estaba ella en el domicilio que se fijó. Y en esa zona se distribuyó la foto, para ver si se la encontraba. No podemos que está bien efectivamente, porque no la hemos encontrado. Por las averiguaciones realizadas es ella la que hizo el cambio de domicilio”, refirió Felgueres.
Mientras tanto la investigación se mantiene activa, y la expectativa es dar con la mujer.