Avanzan en una nueva la Ley Procesal Penal de Niños y Adolescentes en Entre Ríos

Integrantes del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fueron este martes al Senado para exponer sobre el anteproyecto de una nueva la Ley Procesal Penal de Niños y Adolescentes en Entre Ríos, que será tratada por la Cámara. Según explicaron, se busca adecuar la legislación vigente en la materia a los principios constitucionales. 
La presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, el presidente de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal, Carlos Chiara Díaz, la vocal de la Cámara de Casación Penal, Marcela Davite y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, mantuvieron un encuentro de trabajo con los senadores Aldo Ballestena, Oscar Arlettaz y César Melchiori, en el que intercambiaron opiniones sobre el anteproyecto que fuera remitido por el STJ a la Cámara alta en abril de este año.
Al inicio de la reunión, la presidenta del STJ agradeció a los senadores provinciales la posibilidad de intercambiar ideas sobre el proyecto. “Para nosotros es una iniciativa muy importante, porque adecua el proceso a las mandas convencionales y constitucionales, y al procedimiento que tenemos en la provincia para investigar y juzgar delitos cometidos por mayores de edad”, expuso.
Además destacó que se trata de un proyecto del STJ, pero que surgió del estudio de un equipo de trabajo, interdisciplinario y que convocó a profesionales de distintas áreas, incluso del Copnaf, y fue enriquecido con las consideraciones de los jueces de Familia y Penal de Menores y del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y la Familia (Copnaf).
Davite y Barbirotto, integrantes del equipo redactor del anteproyecto de Ley Procesal Penal de Niños y Adolescentes, se explayaron sobre la conveniencia de implementar en la provincia un proceso de responsabilización de adolescentes, abandonando el viejo paradigma tutelar que trataba a los niños como objetos de protección, para pasar a tratarlos como sujetos de un proceso, con las mismas garantías que los mayores. “Tenemos un proceso contrario a la Constitución Nacional y las convenciones internacionales y debemos ir hacia un proceso que esté de acuerdo a esas normas”, resumió Barbirotto.