A una maestra de Gualeguaychú la intoxicaron con glifosato

Ni un año se cumplió desde que Estela Lemes supo que había sido envenenada con pesticidas, tras la fumigación de un mosquito sobre un campo lindero a la escuela Nº 66 Bartolito Mitre, en el Departamento Gualeguaychú. La presencia en sangre de clorpirifos etil, un insecticida que utiliza para controlar las plagas de insectos, se confirmó luego de un estudio bioquímico realizado en el Instituto de Análisis Fares Taie, con sede en la ciudad de Mar del Plata. Desde ese momento, la docente -referente de la lucha contra las fumigaciones- sintió que su salud empezaba a deteriorarse y decidió volver a la La Feliz para someterse a un nuevo análisis: la primera vez no pudo averiguar si tenía restos de glifosato en su cuerpo. El 12 de enero acudió nuevamente a la consulta médica y se confirmó lo que ella temía desde el principio; el 3 de febrero le informaron que el examen había dado positivo con un valor de 1,8 del producto que está presente como principio activo del herbicida Roundup, de Monsanto. “No se puede medir cuán malo es, lo que sí está claro es que deberíamos tener cero glifosato. Hay organismos que con mucho menos complican mucho su salud. Es algo tan nuevo que no se puede determinar”, reflexionó en comunicación con UNO. Mientras las secuelas que los agrotóxicos dejaron en su cuerpo van debilitando su estado de salud, la mujer consultó a una neuróloga de Galarza para buscarle una explicación a su falta de fuerza en sus miembros inferiores. Al cabo de la consulta médica se pudo establecer que carece de reflejos en ambas piernas, por lo que recomendó practicarse tres nuevos estudios y luego se decidirá si deberá seguir algún tipo de tratamiento.

Sobre los síntomas más comunes que padece diariamente Lemes contó: “Me caigo, pierdo el equilibrio en reiteradas oportunidades, por eso es que mi médico particular me derivó a la neuróloga. Es uno de los problemas que te pueda causar el  clorpirifos etil”.

Estela reconoció que sigue ejerciendo su labor como educadora, tal como lo estaba haciendo aquella jornada del año 2012 cuando en un recreo compartido con sus alumnos observaron una máquina gigantesca que esparcía químicos y que por acción directa del viento cayeron sobre el patio de la escuela. Sabe que ese es su lugar en el mundo, aunque en este momento está más preocupada porque la ART no quiere reconocer su dolencia como enfermedad de riesgo de trabajo. Aclaró que el único lugar donde tuvo contacto con los pesticidas fue en la escuela y que si bien nació en una zona rural Ceibas, se trataba de un lugar donde no se hacían plantaciones agrícolas. “Siento que puedo seguir trabajando, vamos a ver qué dice la doctora después de estos últimos resultados”, sentenció.

La trama legal

El caso de Estela Lemes y el de su comunidad educativa sirvió para visibilizar el flagelo de las fumigaciones sin control en inmediaciones de escuelas rurales. La maestra fue la primera en realizar una denuncia penal por esta problemática, pero desde aquella presentación poco se avanzó en el tema e inclusive la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) desestimó su denuncia. “Tengo que reunirme con mis abogadas porque está todo tranquilo para mi gusto y quiero ir nuevamente contra el dictamen de la Ufima. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo político, con intereses muy grandes y me veo muy pequeña para enfrentarlos. Pero no por eso voy a dejar de hacerlo. Es mi salud la que está en juego y detrás de mi salud la de mis alumnos”, repasó.

La docente evaluó que será decisión de los padres en avanzar con análisis de los estudiantes, sobre todo porque muchos de ellos sufrieron irritaciones en la piel, picazón en los ojos y problemas respiratorios. “Si nuestra ART cubriera el tratamiento sería ideal que todos los chicos de escuelas rurales tengan acceso a este análisis”, acotó mientras ya tiene la cabeza puesta en el comienzo de un nuevo ciclo lectivo.

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