De la intolerancia al genocidio

El sistema posee mecanismos para que la intolerancia se difunda, penetre en la cultura y se exprese libremente. Las audiencias de la causa Área Paraná, si son públicas, serán una oportunidad para entender qué son los derechos humanos.  
7 de septiembre 2014 · 09:36hs

Alfredo Hoffman/ De la Redacción de UNO

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Los discursos intolerantes, xenófobos y racistas, siempre alentados por los grupos más conservadores y poderosos, abundan en la calle, en muchos medios de comunicación, en las redes sociales, en las bocas de los políticos de derecha que están en la oposición y que también dicen presente en el oficialismo. Lo más terrible es que no se trata solamente de enunciados, de cosas que se dicen, lo cual ya es mucho, sino que esto tiene efectos concretos en la vida de las personas. El migrante es sospechoso. El pobre también lo es. Una persona en situación de calle puede ser demorada por la Policía. El que ocupa un espacio público para sobrevivir puede ser desalojado a golpes y balazos. El trabajador que se organiza y reclama por sus derechos puede ser espiado por Gendarmería, apresado y encausado.

El que es detenido porque al parecer cometió un delito, o una simple contravención como estar alcoholizado o hacer “desorden” en la vía pública, corre el riesgo de ser maltratado, golpeado, torturado. Puede hacerlo una fuerza de seguridad o cualquier ciudadano por mano propia, legitimado por su condición de “vecino que paga sus impuestos”, porque no puede ser que “los derechos humanos sean solo para los delincuentes”.

La escena que compendia todo esto es cualquiera de los casos de “(in)justicia por mano propia”, también llamados linchamientos, que se reprodujeron como hongos este año en Argentina. Se puede sintetizar imaginariamente así: unos cuantos buenos vecinos que pagan sus impuestos detienen a un ladrón joven y pobre, vestido con remera grande y gorrita, y lo muelen a palos hasta matarlo mientras alguien grita: “¡Que vengan los de derechos humanos!”.

Estas ideas, estos discursos y estas prácticas que pretenden anular el Estado de Derecho, poner en el freezer los preceptos constitucionales y pactos internacionales que protegen la dignidad humana, no surgen por generación espontánea. Son el resultado de un accionar deliberado de quienes sostienen un orden social injusto, desigual y excluyente. El sistema posee aceitados mecanismos para que la intolerancia se difunda, penetre en la cultura y se exprese libremente en la oficina, en la escuela, en el supermercado, en la cola del banco, en el Facebook y, probablemente, en los comentarios que se escriban al pie de esta opinión en Internet.

Como contrapartida deben actuar la educación y la información. Organizaciones sociales y organismos estatales realizan una tarea loable en ese sentido. Y un ámbito muy propicio para combatir la intolerancia está próximo a concretarse: las testimoniales de la megacausa Área Paraná. Dentro de pocos días, en fecha todavía a determinar, en los tribunales federales de la capital entrerriana comenzarán a realizarse las audiencias orales en que declararán las víctimas del terrorismo de Estado.

Las querellas y la Fiscalía solicitaron que esas audiencias no solamente sean orales, sino también públicas. Si el juez, Leandro Ríos, acepta ese pedido, los ciudadanos de Paraná tendrán una oportunidad imperdible de escuchar a quienes sufrieron las peores atrocidades que puede cometer la raza humana. Una ocasión para comprender que cuando gana la intolerancia y se congelan las garantías, se abre la puerta a lo más perverso de la condición humana. Y el sospechoso, el otro, el configurado como enemigo puede ser arrancado de su casa en medio de la noche, arrojado a un campo de concentración, pueden robarle sus hijos, robarle sus bienes, ser sometido a los más salvajes métodos de tortura física y psicológica, violado, fusilado y arrojado su cuerpo al mar o a una fosa sin nombre.

Si el juez acepta que las audiencias sean públicas, si se pueden transmitir por los medios de comunicación, podrán asistir directa o indirectamente todos los ciudadanos; policías, militares, gendarmes, prefectos, penitenciarios; docentes, estudiantes, abogados, médicos, religiosos, taxistas, comerciantes, los vecinos que pagan sus impuestos y los que no, los usuarios de redes sociales con incontinencia verbal. Todos tendremos la chance, tal vez irrepetible, de entender qué son los derechos humanos.

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