Juicio Político a Chiara Díaz
Martes 22 de Noviembre de 2016

Las dudas del PJ tornan incierto el juicio político a Chiara Díaz

Algunos diputados del oficialismo discrepan con el presidente de la bancada en la decisión de investigar la conducta del vocal del STJ, tras la tercera denuncia en su contra por mal desempeño. El 30 de agosto rechazaron la anterior

El avance inicial registrado en la tramitación del nuevo pedido de enjuiciamiento contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Carlos Chiara Díaz generó cierta incomodidad en algunos de los diputados del oficialismo que no se imaginan levantando la mano para dar curso a un planteo similar al que rechazaron in límine hace algunos meses.
Está claro que la denuncia presentada el 14 de noviembre por el abogado victoriense, Carlos Guillermo Reggiardo -enrolado en el Frente Renovador- , es más sólida que la que habían impulsado unos meses antes algunos referentes del denominado Peronismo Disidente; pero también está claro que los hecho denunciados son básicamente los mismos y configuran el supuesto de mal desempeño. Reggiardo había sido cofirmante de la denuncia anterior junto a Héctor Maya, Augusto Alasino y Domingo Daniel Rossi, entre otros.
En rigor esa tampoco fue la primera de las denuncias contra Chiara Díaz, quien en su momento también fue denunciado por el entonces titular de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira.
En las dos oportunidades anteriores las denuncias no superaron el filtro del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de la Cámara de Diputados. Pero hay quien dice que la tercera suele ser la vencida.
El denunciante precisó que desde hace unos 10 años el vocal Chiara Díaz cobra su remuneración como juez del STJ por días no trabajados para el Poder Judicial entrerriano, percibe viáticos por misiones oficiales que no son tales, viaja gratis en avión a Buenos Aires, tiene otras remuneraciones y cobra viáticos relacionados con otros trabajos que realiza en el horario en que supuestamente debería estar trabajando en el Superior Tribunal. Es decir que de acuerdo a la denuncia percibe viáticos a sabiendas de que no debería cobrarlos , porque los viajes no tienen relación con su trabajo; y engaña a su empleados para viajar gratis en avión. Aporta Reggiardo que estas maniobras son realizadas por Chiara Díaz para dictar clases en las universidades de Belgrano, del Salvador y de Buenos Aires.
Dijo Reggiardo en su presentación: "...Chiara Díaz está en la ciudad de Buenos Aires al mismo tiempo que los litigantes están preguntando por él en su despacho. Es más, es vox pópuli en Tribunales que los jueves y viernes no está porque está dando clases". Luego explicó: "...Chiara Díaz trabaja menos de la mitad de los días del año para justificar un sueldo de más de 150.000 pesos por mes (...) No le estoy diciendo a este señor que tiene que firmar más sentencias. Le estoy pidiendo a los legisladores que piensen y tiren un manto de coherencia sobre este asunto. Chiara Díaz se abusa de la situación. Ya no quiere ser Juez".
Estos y otros argumentos son los esgrimidos por Reggiardo en su escrito donde solicita se oficie a la AFIP, Anses, SIPA solicitando los movimientos a su nombre; además del pedido de viáticos y otros conceptos abonados en los últimos 10 años por el STJ y una serie de medidas probatorias del mal desempeño denunciado.

El dilema del oficialismo
Incomodidad es la palabra que mejor define el "ánimo" del bloque mayoritario de la Cámara de Diputados encabezado por Juan José Bahillo. Porque hace poco tiempo, el 30 de agosto, el oficialismo rechazó el pedido de enjuiciamiento impulsado por dirigentes del peronismo, haciendo valer el dictamen que desestimaba la denuncia, coincidiendo con otro en minoría del Bloque UNA - Frente Renovador, lo que determinó el "rechazo in límine" de la denuncia, por sobre un dictamen elaborado por Cambiemos que pretendía iniciar una investigación sobre la conducta de Chiara Díaz.
Para varios diputados del justicialismo apoyar ahora el pedido de juicio político se trataría de una incongruencia en su accionar. Esta idea se contrapone con lo dicho por Bahillo, quien manifestó que la nueva denuncia "tiene un sustento mayor y un desarrollo más profundo", tal como lo indicó a UNO el martes de la semana pasada. En el fondo, la idea que Bahillo dejó entrever es que no se puede seguir defendiendo lo indefendible. Pero todos los integrantes de su bloque estarían convencidos de ello.
La situación plantea un costo político insalvable para los diputados oficialistas. Si ahora apoyan la denuncia contra Chiara Díaz se le reprochará no haberlo hecho hace tres meses; pero si vuelven a impedir que avance el proceso, deberán afrontar también duras críticas como las que surgieron de la bancada de Cambiemos aquel 30 de agosto, cuando la oposición se pronunció a favor de habilitar el juicio político al vocal denunciado.
En esa sesión los diputados Jorge Monge y María Alejandra Viola fueron quienes más cuestionaron la decisión de rechazo in límine sostenida por la bancada oficial. Monge en su exposición hizo un largo abordaje sobre los principios basales de la Constitución entrerriana en lo referido a quienes fueran pasibles de enjuiciamiento, concluyendo que las facultades delegadas a la comisión por la Constitución entrerriana ordenan investigar cualquier hecho denunciado. Monge centró el dictamen de la oposición en base a tres ejes: que el rechazo in límine no está permitido; que el proceso daría transparencia al magistrado acusado; y que la mala conducta podría ser causal de destitución.
En ese marco, el abogado remarcó que en el caso de Chiara Díaz el proceso no debería haberse frenado, ya que "ninguna Constitución prevé el rechazo in límine en base a que no está expresamente negado, porque eso no puede entenderse en el Estado, sino que es para los ciudadanos en la que la ley es negativa, ya que se legisla prohibiendo".
Por otro lado, el diputado remarcó que los jueces "deben tener alguna virtud más que el resto de los funcionarios que pueden ser objeto de juicio político, porque un gobernador está cuatro años, un ministro hasta que cambie la opinión del titular del Ejecutivo, mientras que los jueces no son periódicos". De esa premisa se desplegó otro argumento del abogado, quien explicó que en base a ese principio surge que la "mala conducta" podría ser causal de juicio político, ya que los magistrados duran mientras dure su buena conducta.
"Con esos criterios presentamos un dictamen aconsejando que se abra a prueba, se despejen dudas y se proceda como se debe proceder", subrayó luego en declaraciones periodísticas.
Por su parte, la diputada Viola a su turno marcó la contradicción del oficialismo invirtiendo los roles marcados por la Constitución que determina a Diputados como Cámara acusadora. "...los diputados debemos abordar esta denuncia a considerar teniendo estricto apego a las normas; estamos de acuerdo. Pero entonces, si estamos de acuerdo en tener estricto apego a las normas y este estricto apego es investigar, no entendemos porqué estamos en esta dicotomía de no abrir la investigación", señala parte de la versión taquigráfica de esa jornada.

El dictamen
La denuncia ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político de Diputados. Su presidente, Diego Lara, explicó que el cuerpo tiene 30 días para emitir dictamen y marcó que se "apunta a la inconducta del magistrado por la superposición de tareas y a una suerte de desmanejos en viáticos y de pasajes para viajar...".
En tanto, Bahillo azuzó el fuego de la contradicción que agobia a algunos peronistas. "No podemos dar por sobreentendida la misma postura que tuvimos en la oportunidad anterior, sino que debemos analizar detenidamente esta nueva presentación", subrayó.

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