Las querellas solicitaron penas de prisión perpetua para los represores Cosme Ignacio Marino Demonte y Jorge Humberto Appiani; y 25 años de cárcel para Hugo Mario Moyano, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost, Alberto Rivas y Oscar Ramón Obaid. La fiscalía, en tanto, peticionó perpetua para Demonte, 25 años para Appiani, Appelhans y Rivas, 18 para Moyano, 15 para Bidinost y 8 para Obaid.
La presentación de los alegatos se realizó a las 10 en el Juzgado Federal de Paraná. A partir de ahora, el juez Ríos contará con 20 días hábiles para el dictado de la sentencia.
Al momento de entregar el escrito, un centenar de personas se reunió en la planta alta del edificio de la Justicia Federal de calle 25 de Mayo. Los abogados querellantes ingresaron al despacho del juez en compañía de algunos de sus representados: víctimas y familiares de los crímenes de la dictadura. También representan a la agrupación H.I.J.O.S. Regional Paraná y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En ese encuentro los familiares hicieron saber al magistrado la necesidad de contar cuanto antes con un veredicto, dado que ya han transcurrido más de diez años desde el desarchivo de la causa. Ríos se comprometió a emitir sentencia antes de fin de año y les dijo que para él también esta fue "una jornada histórica".
La megacausa Área Paraná se desarrolló casi completamente por escrito y sin audiencias públicas –con excepción de las testimoniales de 2014– por aplicación del Código de Procedimientos en Materia Penal que data del siglo XIX.
En la causa se investigan delitos contra 52 víctimas: privaciones ilegales de la libertad, tormentos vejaciones y homicidios. Están incluidos los casos de cinco desaparecidos: Victorio Erbetta, Claudio Fink, Carlos Fernández, Pedro Sobko y Juan Alberto Osuna. Los restos de este último fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Entre los siete imputados que llegaron a esta instancia en condiciones de ser juzgados, dos de ellos se destacaron por interponer numerosos recursos dilatorios a lo largo del proceso: Cosme Demonte, acusado de asesinar en la vía pública al militante desaparecido Pedro Sobko, y el abogado y exmilitar Jorge Humberto Appiani, quien estaba encargado de hacer firmar a decenas de presos políticos declaraciones arrancadas bajo tormento en los centros clandestinos de detención.
Los otros cinco imputados son Hugo Mario Moyano, quien controlaba como médico las sesiones de tortura; el director de la Unidad Penal Nº 1 durante la dictadura, José Anselmo Appelhans; la directora de la cárcel de mujeres, Rosa Susana Bidinost, y los exmilitares Alberto Rivas y Oscar Ramón Obaid.
El pedido de las querellas
Los abogados querellantes solicitaron al juez que se condene a José Anselmo Appelhans a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de privaciones ilegales de la libertad y torturas; a Rosa Susana Bidinost a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta por ser coautor de tormentos; a Hugo Mario Moyano a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de tormentos agravados; a Alberto Rivas a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de privaciones ilegales de la libertad y por imposición de tormentos agravados; a Jorge Humberto Appiani a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de privaciones ilegales de la libertad, imposición de tormentos agravados y desaparición forzada de personas agravada por haber resultado la muerte de la víctima; a Cosme Ignacio Marino Demonte a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de desaparición forzada de personas, por haber resultado la muerte de la víctima y por delito de homicidio calificado; y a Oscar Ramón Obaid a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua.
El alegato de la Fiscalía
Los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti –aplaudidos al ingresar al despacho del juez– presentaron un escrito de más de 150 páginas en las cuales describieron el funcionamiento de la represión ilegal en Entre Ríos y la responsabilidad que le cupo a cada uno de los imputados. Aclararon hicieron hincapié en la “magnitud del daño causado” a las víctimas y a sus familiares para “dimensionar adecuadamente la gravedad de los delitos cometidos”. En ese sentido citaron a la actual decana de la Facultad de Humanidades de la Uader, Rosario Badano, quien al declarar sobre sus padecimientos en los centros clandestinos de detención expresó: “Nosotros tenemos escritos en nuestras memorias y nuestros cuerpos lo clandestino de la represión”.
Al solicitar perpetua para el policía federal Demonte, Candioti y Silva resaltaron que intervino personalmente en la detención de los hoy desaparecidos Sobko y Erbetta y en el homicidio del primero. Además sostuvieron que fue “una pieza clave en el andamiaje de la represión ilegal en Paraná”.
Al pedir 25 años para Rivas –durante la dictadura, oficial instructor del Consejo de Guerra de Paraná– fundamentaron que se comprobó su intervención en 99 hechos: 33 privaciones ilegítimas de la libertad, 33 vejaciones y 33 tormentos.
Del represor Appiani, militar y abogado, resaltaron que “su accionar, acentuadamente despreciativo de los derechos humanos, resulta privado por completo de atenuantes”. Subrayaron su “involucramiento personal” en los crímenes, su presencia activa en los campos de concentración, en las sesiones de tortura y en las “farsas de juicio” de los Consejos de Guerra. Y destacaron que “actuó motivado por un profundo odio hacia las víctimas” y con “actitudes llenas de crueldad individual”.
De Appelhans, por entonces director de la cárcel de Paraná, expresaron que actuó como garante para que las fuerzas represivas actuaran con total impunidad con los detenidos y, además, se involucró personalmente en los delitos; lo mismo que Bidinost, quien dirigía la cárcel de mujeres.
Sobre Moyano, recordaron que como médico violentó sus “deberes funcionales y éticos hasta el grado de comisión de múltiples delitos”. Finalmente, sostuvieron que Obaid fue responsable de una privación ilegal de la libertad, tormentos y severidades.
"Condena ya"
Al finalizar la presentación, los organismos de derechos humanos dieron a conocer un documento en el cual reclamaron al juez que dicte "condena ya a los genocidas" y ratificaron la necesidad de continuar con los juicios de lesa humanidad. De la misma manera, advirtieron sobre la posibilidad de un retroceso en estas causas en caso de resultar electo el candidato Mauricio Macri en el balotaje del 22 de noviembre.
"Es el momento de decir a los miembros del Poder Judicial, a los vecinos de Paraná, a la ciudadanía en su conjunto, que es tiempo de sostener y profundizar lo conseguido. Debemos seguir buscando al hermano mellizo de Sabrina (Gullino, nieta restituia) y los restos de los compañeros desaparecidos. Debemos seguir investigando la maternidad clandestina del Hospital Militar, la responsabilidad de los miembros de las fuerzas militares y policiales provincial y federal, la participación de los médicos civiles en robo de bebés y sustitución de identidad; el rol de la dirigencia religiosa, de los empresarios, los funcionarios judiciales; la complicidad, encubrimiento, instigación y beneficio de la sociedad civil respecto de los crímenes de lesa humanidad", afirmaron.
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