Piden remitir a juicio la causa por la peor masacre homicida perpetrada en la provincia

Kevin Paniagua estaba cumpliendo una pena de 13 años de prisión efectiva por dos homicidios cometidos cuando era menor de edad; Ramón Framulari había recibido seis años por una decena de hechos delictivos, entre robos y balaceras; Maximiliano Chamorro tenía una condena de cuatro años y medio por asaltos y tiroteos. Pero desde el 7 de junio de 2018 es posible que estos jóvenes de entre 20 y 21 años no salgan de la cárcel hasta su vejez. La Fiscalía los acusa de un delito con agravantes que llevan únicamente a la prisión perpetua.

Se trata de la mayor masacre perpetrada en la provincia: el séxtuple homicidio ocurrido en la Unidad Penal de Victoria, donde los tres internos asesinaron con fuego a otros seis que dormían en una celda, y un séptimo sobrevivió.

Esta semana, el fiscal de Victoria que investigó el hecho, Eduardo Guaita, presentó en el Juzgado de Garantías el requerimiento de elevación de la causa a juicio. Se trató de una investigación en la que los acusados quedaron implicados desde la misma mañana de la tragedia, pero por la magnitud del hecho fue necesario reunir todas las pruebas posibles para llevar a un debate.

Guaita informó a UNO: "El escrito presentado es básicamente una descripción de todos los fundamentos por los cuales considero que las personas son culpables, y se hace un estimativo de pena. La prueba que quiero que se lleve al juicio, ya sea la producida como los testigos que tienen que deponer. Es un resumen de la acusación".

Acerca de las principales evidencias con las cuales cuenta la acusación, el fiscal afirmó que son "los videos y las declaraciones testimoniales de los internos, sobre todo compañeros de pabellón, además los penitenciarios de la Unidad Penal, los peritos que hicieron análisis de las causas del incendio, los estudios toxicológicos, y los médicos forenses".

Consultado acerca de los agravantes planteados sobre el delito de séxtuple homicidio imputado, además del intento de homicidio (por el único sobreviviente), Guaita explicó que se tratad de "alevosía (que es actuar sobre seguro, sin posibilidad de defensa de las víctimas), ensañamiento (generar un sufrimiento innecesario), utilización de un medio que genera un peligro común (al haber desatado un incendio) y por la premeditación de tres o más personas".

La alevosía se sustenta además en que fue "en un horario en que sabían que las personas estaban dormidas y aparte les cerraron la puerta con traba por afuera", refirió el fiscal, y agregó: "Nadie se esperaba semejante ataque".

La premeditación estaría acreditada en declaraciones de testigos, quienes contaron que durante toda la noche estuvieron planeando el ataque: al momento en que los celadores abrían las puertas de las celdas, encendían un colchón, lo metían en la habitación de las víctimas y cerraban la puerta. Esto mismo genera el "peligro común", ya que podrían haber causado un desastre aún mayor.

Además, el video de la cámara de vigilancia del pabellón es demasiado contundente sobre la autoría de los imputados y sobre el escaso tiempo que pasó entre que comenzaron los gritos y que los penitenciarios fueron al rescate, lo que quitaría especulaciones de posible complicidad de carceleros.