La Policía de Entre Ríos informó a modo de balance, en qué consistió el operativo efectuado en la tarde-noche de ayer en la Plaza 1° de Mayo, donde se dispuso demorar a un par de adolescentes quiénes se encontraban comercializando estupefacientes. El procedimiento se salió de madre por los enfrentamientos con dirigentes de Derechos Humanos que participaban de una actividad en Uader.
Desde la Dirección de Toxicología se indicó que del procedimiento, que tuvo varios puntos de violencia por los enfrentamientos y cruces con dirigentes y abogados de los Derechos Humanos, logró secuestrar ocho envoltorios de nylon negro conteniendo marihuana más un cigarrillo armado ("porro") arrojando un peso de 22 gramos, además de 15 micro dosis de LSD (Dietilamida Ácido Lisérgico).
Todos estos elementos estaban en el interior de una cartuchera en la mochila de útiles escolares propiedad de un menor. En la Plaza 1° de Mayo de Paraná –jurisdicción de la Comisaría Segunda- se realizó ayer aproximadamente a las 18 un procedimiento policial en el marco de la
Ley de Narcomenudeo que rige en la provincia desde mayo pasado.
Por este procedimiento hubo al menos tres memores de edad demorados y un mayor; todos puestos a disposición de la magistratura interviniente.
Si bien hubo críticas por el operativo en sí, y cómo fueron demorados los menores, la fiscal Viviana Ferreyra llegó para supervisar la requisa.
Tras los tumultos, peleas y corridas entre dirigentes de Derechos Humanos y policías, finalmente se dispuso el traslado de un par de menores con la intervención de Copnaf.
Militantes de Red Interuniversitaria de Derechos Humanos que estaban realizando un acto en la Escuela Normal informaron que iban a realizar una denuncia por el accionar policial y la pasividad judicial a la hora de vulnerar los derechos de los menores, como también de dirigentes que fueron agredidos.
Más adelante, desde la Policía de Entre Ríos, se destacó y valoró el trabajo del personal de Toxicología, del 911 y de la jefatura de Paraná que no respondió a las agresiones verbales ni físicas de un grupo de personas que pretendió entorpecer el operativo.
En ese marco, se consideró como un agravante la comercialización de estupefacientes entre menores, muchos de los cuáles salían de las escuelas de la zona.
