El concurso que quiso el constituyente

La elección de autoridades del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, que por primera vez se realiza mediante un concurso, significa un avance en la calidad de la forma en que accederán al cargo quienes finalmente resulten elegidos.

No solamente porque se realizó en cumplimiento del mandato constitucional de la reforma de 2008, que indicó que el procedimiento debía ser por concurso, y para lo cual debió establecerse la legislación pertinente; sino porque además se dejó de lado otro mecanismo, tal vez propio de otro momento político, en el cual la única forma de acceder era siendo propuesto para el cargo por el titular del Poder Ejecutivo.

Si bien en ese método existía la posibilidad de que la Cámara de Senadores no diera acuerdo a algún profesional propuesto para un cargo, nadie podía llegar a esa instancia (aún siendo luego rechazado) si antes el gobernador no lo proponía.

Frente a esto, es tan probable que el mecanismo actual no sea el perfecto, como es lógico pensar que el mecanismo perfecto no existe. Pero es posible pensar que si ahora puede presentarse cualquier contador o abogado –de acuerdo al cargo que se concurse– y no ya solamente los que un gobernador proponga, el mecanismo ha mejorado.

Y también parece bastante razonable sostener que si la evaluación de las condiciones de los postulantes no queda limitada solo a la Cámara de Senadores –que en algunos períodos recientes en la Provincia ha llegado a ser monocolor, o de marcadas mayorías– también el mecanismo ha mejorado.

Tal vez el grueso de los ciudadanos no conozca que en las tres instancias evaluativas que se llevan adelante en el marco del Consejo de la Magistratura participan representantes de los colegios profesionales, de universidades y de organizaciones no gubernamentales. Y del puntaje que se le asigna a cada postulante surge una terna propuesta para cada cargo –ordenados de acuerdo a la evaluación obtenida- para que de ellos el titular del Poder Ejecutivo elija uno a quien proponer para el cargo. Luego sí, viene el trámite del Senado, que debe darle acuerdo o rechazar su designación. En el caso de los funcionarios judiciales que también requieren acuerdo del Senado, los gobernadores usualmente remiten el pliego del mejor calificado de la terna, aunque no están obligados a hacerlo.

La decisión de respetar lo normado en la reforma de 2008, que fue el disparador de la renuncia del anterior presidente del Tribunal, es en sí misma una mejor opción, ya que mal estaría permanecer ignorando indefinidamente lo que dice la Constitución; pero también el mecanismo de selección es más abierto y participativo.

Tras la designación de Guillermo Smaldone como presidente del Tribunal de Cuentas, hecha por el entonces gobernador Sergio Urribarri en 2014; el exsenador radical por San Salvador Juan Carlos Arralde recurrió al Poder Judicial impugnando ese nombramiento, que se había hecho de acuerdo al método vigente antes de la reforma: a propuesta del gobernador y con acuerdo del Senado.

Y si bien Arralde, al participar del concurso no pasó la primera etapa del exámen escrito; es vox populi que su planteo judicial se aproximaba a un fallo favorable, por lo que Smaldone decidió su renuncia.

El compromiso del actual gobernador Gustavo Bordet de avanzar en los concursos en el Tribunal de Cuentas tardó mucho más que lo que él hubiera imaginado, pero finalmente alumbró en propuestas para los cargos de este importante organismo de control, que surgieron de un proceso de evaluación de los candidatos por parte de sectores que no son interesados directos en la cuestión. Y eso tiene un indudable valor.

Esto puede tenerse en cuenta a raíz de expresiones de dirigentes de la oposición provincial que han dicho que si tal o cual postulante es electo, se confimaría que la transparencia no existe. ¿Se deduce entonces que si ese fulano no es elegido, la transparencia existe? ¿Y que se puede ser transparente en un mismo examen si el resultado es uno, pero no si es otro? Y preguntarse a la vez si la acusación tambien comprende a las universidades y a las ONG respresentadas en el Consejo de la Magistratura.