Cuidar las islas para la ganadería

Es probable que los incendios en las islas del delta entrerriano recién cesen cuando el río crezca o cuando comience a llover, con el lamentable saldo ecológico a la vista, o aún peor que el actual.

La extensión de 1 millón y medio de hectáreas dificulta enormemente la posibilidad de apagar los incendios, agravado esto por la persistente sequía y la bajante del río.

La demanda de los vecinos de Rosario por un aire puro está fuera de discusión, y también la causa mayoritaria de la preservación de los humedales.

Claro que el tema se instala en la agenda ciudadana, mediática y política cuando los incendios ya arrasaron enormes superficies. Igualmente sería de esperar que surja de este debate una situación que atienda a la preservación de la zona.

Miles de ambientalistas se movilizaron el sábado reclamando la sanción de una ley de humedales que contribuya en este sentido. En algún momento se pensó en hacer de la zona un parque nacional, lo que implicaría retirar las actividades productivas de esas islas.

Del millón y medio de hectáreas entrerrianas, menos de 200.000 son fiscales y el resto de privados, a quien yo –que solo tengo tierra en la suela de los zapatos- sin culpa analizaría expropiar sus tierras. Pero se sabe que en Argentina el derecho más valioso es el de la propiedad, en muchos casos por encima de otros derechos como la salud, la educación y hasta la vida. Hacer un parque nacional con las pocas hectáreas del Estado provincial sería una buena iniciativa, pero posiblemente no contribuiría demasiado a la preservación de la zona.

Además, en las tierras fiscales desarrollan sus actividades los lugareños, los pobres de la zona; que además prestan servicios a los empresarios ganaderos. ¿Sería justo sacarlos de allí y privarlos de su forma de sustento?

Pese a cierto vacío legar que hay en la Provincia -tras unas idas y vueltas durante la gestión de Sergio Urribarri- para las islas de Victoria, que son algo menos de un tercio del delta entrerriano, rige la declaración de reserva natural de uso múltiple que permite actividades productivas, que debieran realizarse de manera tal que garanticen preservar el medio ambiente.

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El sábado se movilizaron también los ganaderos, diciendo que no son los responsables de las quemas, diciendo que no garantizan pasturas rápidamente. En tanto se hace cada vez más hincapié en la presencia de cazadores furtivos, turistas y otros visitantes que habrían iniciado los fuegos.

Parece imprescindible que entonces el Estado (nacional y provincial) deba realizar una fuerte inversión en recursos humanos y tecnológicos que establezcan una vigilancia preventiva, y eventualmente una acción eficaz contra el fuego. Justamente del rol del Estado se acordaron los ganaderos el sábado.

Va de suyo que el Estado debe garantizar la seguridad en la zona, pero debe determinarse también si existe relación entre el fuego y la actividad productiva.

Todos queremos preservar los humedales, pero uno se pregunta si está bien que un pobre jubilado que hace años que no le hinca el diente a un pedazo de vacío tierno –pero que contribuye como el que más gracias a un esquema tributario injusto por lo regresivo–, deba aportar para cubrir lo que cuesta cuidarle la isla al señor ganadero, ya sea un hacendado rosarino, una SA porteña o un juez entrerriano.

¿Está bien que la salud, la educación o la política de viviendas tengan menos recursos porque debe cuidarse el emprendimiento del señor que tiene ganado en islas? Yo pienso que no está bien. Y que el Estado debería cobrar impuestos más elevados a esos tenedores de tierras si requieren de un tratamiento especial en materia de seguridad. Claro que sería lindo saber cómo accedieron a poseer las islas, a quiénes las compraron, y estos a quiénes a su vez, pero eso sería mucho pedir. Desde Rosas y Roca para acá, es un tema turbio.

Puede resultar complejo, pero sería bueno que se preserve el humedal; que los lugareños puedan vivir y trabajar allí; y que en caso de mantenerse la producción ganadera en la zona, sea sustentable y el empresario asuma la mayor inversión en seguridad como un costo empresario.