Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

Las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente, y de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos avanzan en el análisis del expediente N.º 28.521, que propone una nueva Ley de Conservación de la Fauna Silvestre. La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Manuel Rossi, busca introducir un cambio de enfoque en la normativa vigente, al pasar de un esquema centrado en el aprovechamiento de especies mediante la caza a otro que priorice la preservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

Durante las reuniones, legisladores recibieron a representantes de entidades del sector agropecuario, quienes expusieron su posición respecto de los principales puntos del proyecto. Uno de los ejes de mayor consenso estuvo vinculado al impacto de las especies exóticas invasoras, una problemática que afecta tanto al ambiente como a la producción.

Planes de control

En ese sentido, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), la Bolsa de Cereales y la Federación Agraria coincidieron en la necesidad de avanzar en planes de control técnico que permitan mitigar los daños provocados por animales como el ciervo axis y el jabalí. Según plantearon, el crecimiento de estas poblaciones genera consecuencias directas en los sistemas productivos, al tiempo que altera los ecosistemas locales.

Desde el sector rural advirtieron que la expansión de estas especies no solo representa un riesgo para la biodiversidad, sino que también compromete la sustentabilidad económica de los establecimientos agropecuarios. En este marco, valoraron que el proyecto incluya herramientas específicas para abordar esta problemática.

La iniciativa contempla, en sus artículos 32 y 33, la prohibición de introducir nuevas especies exóticas invasoras y la implementación de planes de manejo para aquellas que ya se encuentran instaladas en el territorio provincial. Este punto fue destacado como clave para evitar la proliferación descontrolada y establecer criterios técnicos de intervención.

Actividad cinegética

Otro de los aspectos centrales del proyecto es la regulación de la actividad cinegética. La propuesta establece un marco más riguroso y profesional, con la clasificación de la caza en cinco modalidades: deportiva, comercial, de control, científica y de subsistencia. El objetivo es ordenar la práctica y adecuarla a criterios de sostenibilidad ambiental.

Para los productores rurales, uno de los cambios más relevantes es la ratificación del respeto a la propiedad privada. El texto establece que ninguna persona podrá realizar actividades de caza en campos particulares sin contar con la autorización previa y por escrito del propietario, lo que refuerza un reclamo histórico del sector.

Además, se introducen nuevos requisitos para los cazadores, entre ellos la inscripción obligatoria en un registro público y la aprobación de instancias de capacitación en normativa vigente y ética cinegética. Estos lineamientos buscan garantizar un mayor control sobre la actividad y reducir prácticas irregulares.

Departamento fauna

En materia de control y fiscalización, el proyecto prevé la creación de un Departamento de Fauna, con el objetivo de fortalecer las tareas de inspección y seguimiento. También se plantea la implementación de dispositivos de respuesta rápida para el rescate de animales heridos, la creación de centros de atención primaria y la promoción de corredores biológicos que faciliten el desplazamiento seguro de especies nativas.

Desde el ámbito legislativo señalaron que estas herramientas apuntan a mejorar la gestión integral de la fauna silvestre, incorporando criterios científicos y técnicos en la toma de decisiones. Asimismo, destacaron la importancia de articular políticas públicas que contemplen tanto la conservación ambiental como las necesidades del sector productivo.

El tratamiento del proyecto continuará en las próximas semanas con nuevas instancias de consulta, con el objetivo de alcanzar un consenso amplio entre los distintos actores involucrados. Desde las entidades agropecuarias remarcaron que el desafío será encontrar un equilibrio entre la protección del ambiente y la actividad productiva, evitando al mismo tiempo la generación de cargas burocráticas que puedan impactar en los costos del sector.

De este modo, la iniciativa se encamina a consolidar un nuevo marco normativo para la fauna silvestre en Entre Ríos, en un contexto donde crece la demanda por políticas que integren desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.