Una audiencia con medidas extremas de seguridad en la Cámara Federal

Con el cruce posiciones respecto de los planteos de nulidad de la sentencia, se inició este jueves la audiencia de apelación de la sentencia de la megacausa Área Paraná, por la cual fueron condenados siete represores por crímenes de lesa humanidad el 23 de diciembre de 2015. Al cabo de dos horas de debate, se dispuso un cuarto intermedio hasta el martes 4 de octubre a las 17, cuando se dará paso a los informes de las partes sobre las apelaciones propiamente dichas.

La nota saliente de la audiencia vespertina, realizada en la sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, fue el inédito operativo de seguridad desplegado para la ocasión, nunca visto en las anteriores audiencias públicas por juicios de la dictadura en la provincia. No solamente se valló el frente del edificio de los tribunales federales, sino que también se realizó un estricto cacheo en la puerta a todo aquel que quisiera ingresar a la sala, ya sean sobrevivientes del terrorismo de Estado, familiares de desaparecidos, abogados, periodistas o público en general, lo que generó sorpresa e indignación.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tuvieron a su cargo el control del ingreso, con escaneo incluido de los cuerpos de todos los asistentes. En el interior de la sala se diseminaron una decena de hombres de Prefectura. En el exterior la tarea estuvo a cargo de personal de la Policía de Entre Ríos, el Servicio Penitenciario para el traslado del condenado Jorge Humberto Appiani y también efectivos de civil.

El vallado, además, impidió la normal circulación de peatones por la vereda, que quedó reducida a menos de la mitad de su ancho y muchos debían caminar por la calle para pasar por el lugar.

A pesar de esos celosos controles, en la puerta de los tribunales se dieron cita miembros de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas para brindar su acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado. El reclamo es que la Cámara Federal mejore la sentencia del juez Leandro Ríos, que otorgó mayoría de penas bajas a los represores condenados y dejó en libertad a tres de ellos.

En el inicio de la audiencia, Noemí Berros, como presidenta del tribunal con el que se conformó la Cámara Federal de Apelaciones, anunció que luego de que se cumpla con todos los pasos previstos, ella y los jueces Lilia Carnero y Roberto López Arango harán lo que se llama "audiencia de visu", a la cual serán convocados todos los imputados para observar en qué estado se encuentran. Este procedimiento podría tener que ver con decisiones sobre las condiciones de detención, dado que algunos de los condenados se encuentran con prisión domiciliaria.

El primero en hablar fue el represor Jorge Humberto Appani, quien como abogado ejerce su autodefensa. Habló de "vicios que hacen a la estructura de la sentencia" y criticó que el juez Ríos no haya hecho mención en su veredicto a los reglamentos militares y documentación sobre su rol en las fuerzas armadas que él presentó como prueba y estaba incorporada a la causa. Según dijo, él era un "mero asesor del Consejo de Guerra", con lo cual pretendió negar su intervención en torturas y apremios, por lo cual fue condenado a 18 años de prisión. "No tenía poder de revisión alguna sobre las órdenes de mis superiores", dijo.

Luego el defensor oficial José Boxler expuso sobre sus planteos de nulidad por los condenados Cosme Demonte y José Anselmo Appelhans. Respecto del primero, dijo que se afectó su derecho de defensa, cuando en realidad el imputado no contestó la acusación en su contra porque se negó a hacerlo. "Se lo debió intimar", dijo el abogado. Luego el fiscal Ricardo Álvarez aclaró que había sido efectivamente intimado, pese a lo cual igualmente omitió ejercer esa presentación en su defensa. Además la abogada querellante Sofía Uranga remarcó que mientras dejaba de hacer esto, sí presentaba recursos defensivos extremadamente dilatorios.

Demonte fue condenado a prisión perpetua por participar del secuestro del militante desaparecido Victorio Erbetta y por asesinar a sangre fría, en la vía pública, al militante también desaparecido Pedro Sobko. Sin embargo, para Boxler la pena fue excesiva porque su defendido era oficial subalterno de la Policía Federal. Sobre esto Uranga dijo: "Usan un argumento muy parecido a la obediencia debida que nosotros rechazamos".

El fiscal Álvarez pidió el rechazo de todos los planteos de nulidad –como también lo hizo la querella– asegurando que "todos los elementos" del debido proceso "están satisfechos en la sentencia" de Ríos. Especialmente contestó a Appiani y su pretensión de que se incluyeran como prueba los reglamentos militares y el Código de Justicia Militar. Dijo que los Consejos de Guerra de los que el represor participaba como auditor eran "una parodia" y que su rol formal era un "pretexto" para cometer crímenes en el marco del terrorismo de Estado.

Marcelo Boeykens –abogado querellante junto a Uranga y Lucía Tejera– sostuvo: "Resulta ofensivo que se hable de vulneración del derecho de defensa cuando aquí están sentados Clarisa Sobko y Joe Erbetta, familiares de personas desaparecidas que no tuvieron su derecho de defenderse". Y también contestó a Appiani: "Dice que como auditor no podía llevar adelante los crímenes que cometió... Tampoco las Fuerzas Armadas podían llevar adelante un plan de exterminio como el que cometieron".