Una situación muy peculiar sucedió ayer en la cárcel de Paraná, en medio de la ola de prisiones domiciliarias otorgadas por la Justicia. Uno de los beneficiados fue Gustavo Alfonzo, condenado por Trata de menores en Concordia, quien presentó al Tribunal Oral Federal de Paraná un hábeas corpus manuscrito pidiendo que lo dejen salir de la cárcel por temor a morir por coronavirus.
Domiciliaria a Alfonzo, pero quedó a la deriva
Lleva cumplidos algo más de cuatro años de prisión de los 10 que le impusieron por explotación sexual de una chica cuya madre lo denunció, en fiestas donde iban hombres poderosos. Según se informó a UNO, Alfonzo fue notificado por un agente penitenciario minutos antes de las 15 de ayer: “Agarrá lo que puedas y salí”, le dijo. No pudo hacerse un bolso con ropa y menos sacar sus pertenencias, como un televisor.
Una vez que pisó la vereda de la Unidad Penal N° 1, de calle Marcos Sastre, no tuvo cómo ir a la casa de su madre en Concordia, ya que no hay transporte de pasajeros. Es decir, la Justicia no chequeó cómo Alfonzo iba a llegar a su casa ni dispuso un traslado en un móvil del Servicio Penitenciario. Se supo que fue alojado por un condenado por narcotráfico, con quien entabló amistad en el encierro, hasta que pueda resolver cómo ir a la casa donde tiene que cumplir el arresto domiciliario. Una desprolijidad que, además, expone un riesgo de fuga latente.
Tal como ha informado UNO, Alfonzo ya ha pedido beneficios como salidas socio-laborales y familiares, antes de la pandemia, pero se las rechazaron. Con la situación sanitaria, insistió con un hábeas corpus, donde argumentó padecer diabetes y afecciones cardíacas. La Fiscalía se opuso al valorar varios aspectos: el grave delito por el cual ha sido conenado, la dura condena que recibió, lo cual incrementa el riesgo de fuga, y que no sufre una enfermedad que lo ponga en riesgo como otros casos de diabéticos que son insulinodependientes. A su vez, la querella que representa a la víctima se opuso también a que le den el beneficio, ya que temen sufrir represalias.
Sin embargo, el TOF consideró que está en el grupo de riesgo por Covid 19 y resolvió en forma favorable al pedido del condenado. En la resolución, se ordenó que no puede salir de la casa de su madre, y que tiene prohibido intentar cualquier acercamiento a la víctima o su familia. “Voy a permanecer en mi domicilio y hacer las cosas bien”, dijo en el acta de prisión domiciliaria a la que tuvo acceso UNO.
Beneficios y quejas
A este medio llegaron varios mensajes de vecinos de Paraná que se sintieron intimidados por tener nuevamente como vecinos a personas que habían logrado la prisión domiciliaria, y que los veían “tomar sol en las puertas de sus casas, o barrer las veredas”.
La mayor preocupación se dio en que muchos de los que lograron la salida de los penales son personas que habían sido condenadas por aberrantes crímenes, abusos sexuales o ser jefes narcos.
“No es fácil para nadie del barrio tener entre nosotros a este hombre que fue condenado por abusos sexuales de niños discapacitados”, resaltó un lector enfurecido. “¿Quién nos garantiza que no vuelvan a repetir los hechos, si no tienen tobilleras electrónicas y no cuentan con custodia policial permanente? Solo es la palabra de honor de que se van a portar bien”, inquirió el mismo lector.
“Ojalá que no siga vendiendo droga y mate a nuestros hijos con esa mugre, que encima le deja mucho dinero”, reclamó una vecina al confirmar que una jefa narco había obtenido el beneficio judicial.
Llegaron los beneficios
La mayoría de los juzgados que emitieron las autorizaciones hicieron notar que el Servicio Penitenciario brinda en las cárceles a los presos una prestación sanitaria y de asistencia médica adecuada que evitaría la posibilidad de contagio de coronavirus.
Los juzgados federales de Entre Ríos dispusieron en casi un mes de resoluciones, la morigeración de la prisión a 86 personas detenidas por causas vinculadas con la venta de estupefacientes. Todos los penales abrieron sus puertas a los penados o procesados que, previo a recibir el beneficio, fueron notificados por las autoridades judiciales que debían cumplir a rajatabla la prisión domiciliaria, sin cometer nuevos delitos, consumir alcohol o estupefacientes, no violar la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional o cometer violencia de género. Si no, volverían a la cárcel.
En tanto, el número de imputados o condenados en la órbita de la Justicia provincial que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, fue de 75.
Entre las personas a las que se les permitió las salidas de los penales, según se informó a UNO desde el Servicio Penitenciario, se encuentran entre otros: Cristián Pagliaruzza, condenado por el asesinado de la suboficial de Policía Silvia Depardón; Miguel Rochi, condenado a siete años por Abuso sexual con acceso carnal reiterado de las víctimas discapacitadas y que eran trasladadas por el transportista escolar de Paraná; José Piñeiro, condenado a prisión perpetua por ser el asesino de Juan Carlos Malvasio, en la ciudad de La Paz; Claudia Bernal, condenada por ser la jefa de la banda narco de Villa Mabel y por lavado de dinero en 2017.
Basado en el principio de resocialización y avance de la pena, sumado a la grave situación que se da -sobre todo del sistema federal y en los penales de Buenos Aires-, sin olvidar la pandemia por coronavirus, se ordenaron desde la Justicia las salidas anticipadas de los reos que estuvieran en condiciones de cumplir con los beneficios.
Del informe al que accedió UNO, se notificó que en total lograron la prisión domiciliaria 161 personas (condenadas y procesadas), dentro de ese número hay 13 mujeres que salieron del penal femenino de Paraná y del pabellón creado en la Granja Penal de Gualeguaychú