Declaró Bressan: “Yo no maté a Priscila”

José Amado / De la Redacción de UNO
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Después de 109 días desde que fue detenido, Facundo Bressan declaró sobre el asesinato de Priscila Hartman que le imputan, y por el que seguirá preso hasta el juicio. El joven de 19 años afirmó que no mató a la víctima y contó brevemente su versión de lo que ocurrió aquella madrugada del 24 de octubre. Antes de finalizar, denunció ante los fiscales que policías le pegaron mientras estuvo detenido.

Ayer por la mañana, Bressan subió al despacho de los fiscales Juan Malvasio y Álvaro Piérola para declarar, pero sin responder preguntas de las partes. En un relato escueto acerca del encuentro de aquella noche con Priscila, contó que se vieron en la vivienda de calle Yrigoyen de San Benito, dio a entender que existió una situación de intimidad y que finalmente ella se retiró.

Momentos más tarde, según contó, fue a la plaza de la localidad donde unos muchachos le vendieron un casco y un celular. Bressan aseguró que no advirtió que se trataba de pertenencias de Priscila.

Respecto del ofrecimiento de una moto por 800 pesos que realizó a conocidos mediante mensajes de texto, el acusado dijo que su intención era vender su moto, no la de la víctima.

Por último, Bressan dio a conocer a los fiscales una serie de apremios ilegales que habría sufrido por parte de personal policial en el marco de su detención. Al respecto, la Fiscalía inició una causa independiente a la del homicidio para esclarecer esta denuncia, en principio para identificar a los uniformados autores de la presunta agresión.

Seguirá detenido hasta el juicio

Luego de declarar, Bressan fue trasladado a la sala de audiencias, donde su abogado defensor Miguel Cullen se explayó en argumentos contra la prisión preventiva que pesa sobre el imputado, quien está alojado en la cárcel de Victoria. El letrado afirmó que la prolongación por 60 días de esta medida cautelar “no fue debidamente fundada y conculca derechos constitucionales”. Afirmó que la jueza de Garantías Marina Barbagelata realizó consideraciones sobre la autoría y responsabilidad de Bressán en el homicidio, y que prejuzgó sobre cuestiones que son competencia del tribunal de juicio.

El defensor consideró que “no hay ningún elemento” que pruebe los riesgos procesales, es decir, el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación por parte de Bressan. La privación de la libertad del acusado “dejó de ser un aseguramiento del proceso para convertirse en un adelantamiento de la pena” aseveró Cullen, quien además cuestionó la falta de pruebas que incriminen al acusado.

Por esto, pidió que se deje sin efecto la prisión preventiva y se disponga la inmediata libertad del joven de San Benito, e insistió con la posibilidad de sustituir la cárcel por un arresto domiciliario.

Por su parte, los fiscales Juan Malvasio y Álvaro Piérola, y el querellante Marcos Rodríguez Allende pidieron que se confirme la prórroga de la prisión preventiva. Ratificaron los fundamentos por los cuales el 2 de febrero habían pedido la prolongación de la misma, y negaron que la jueza haya incurrido en un prejuzgamiento: “El juez debe analizar la probable participación punible del imputado en el hecho investigado”, citaron del Código Procesal Penal.

Malvasio reprochó que la defensa “pretende menospreciar el trabajo de la Fiscalía, que en 90 días logró, prácticamente, agotar la investigación de un hecho aberrante. No tenemos delante nuestro a un perejil. No se debe confundir a los jueces ni a la opinión pública”.

El juez del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, rechazó el pedido de la defensa y confirmó la prórroga por 60 días de la prisión preventiva de Bressan. Sostuvo que la decisión de la jueza Barbagelata del 2 de febrero “es razonable y ajustada a derecho” y no conculca garantías constitucionales del imputado. Consideró que hay riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación, en particular por la gravedad del hecho y la severidad de la pena que podría imponerse al joven. Por esto dijo que corresponde la prórroga para asegurarse la realización del juicio oral y público.

Se estima que en dos meses podría tener lugar el debate, salvo que se soliciten pruebas que lo retrasen.