Por el reconocimiento de más derechos

Nunca antes la sociedad argentina se había dado lugar para debatir un tema relegado por fuertes presiones de grupos hegemónicos. La discusión del proyecto de ley de despenalización del aborto generó lógicas divisiones, pero lo más importante es que dejó un aprendizaje respecto de la salud sexual reproductiva de las mujeres con capacidad de gestar. “Es una práctica cotidiana en los centros de salud y de los hospitales. No es una cosa extraña, a lo que ya hagan los médicos y médicas, cuando se enfrentan a la pérdida natural de un embarazo”, sentenció la militante María Elena Ale, histórica integrante en Entre Ríos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Su testimonio pone en contexto la realidad de muchas mujeres, adolescentes y niñas que en Entre Ríos, como a lo largo del país, ponen en riesgo su vida porque el Estado no garantiza derechos básicos. Si el aborto legal no fue ley es porque factores de poder así lo quisieron. La Iglesia, que en Entre Ríos movilizó a sus fieles para rechazar el proyecto nacional abrazando la consigna de las Dos Vidas, fue responsable del encubrimiento de curas condenados por abuso sexual infantil. Y nunca viene mal hacer memoria: el prelado Estanislao Karlic, quien fuera mentor del pederasta Justo Ilarraz, o el arzobipo Juan Alberto Puiggari, quien según la Justicia también fue parte clave de ese engranaje, son los mismos que cuando se enjuició y condenó a Ilarraz se ampararon en prerrogativas para no declarar en Tribunales.

También el poder político propició por primera vez la discusión parlamentaria en torno al aborto, un acontecimiento histórico por la construcción y el consenso que se logró entre los partidos. Después se demostró que el expresidente Mauricio Macri solo persiguió el rédito político, porque en definitiva el proyecto modificado no logró pasar el filtro del Senado.

Durante la campaña presidencial y cuando las urnas lo consagraron como presidente, Alberto Fernández anunció que iba a enviar un proyecto tendiente a legalizar el aborto. Aquel primer gesto quedó como una promesa lejana, en un momento donde la prioridad es atender la emergencia debido a la pandemia de coronavirus.

“Mandan naves interespaciales tripuladas y satélites al espacio, ¿por qué no van a tratar una ley que puede ser tratada de manera virtual? La pandemia y las medidas preventivas van a seguir, no obstante se están tratando temas importantes en la Legislatura. No entendemos por qué el Congreso postergaría para el año que viene el debate parlamentario sobre este derecho, que implica que una mujer pueda poner en riesgo su salud”, acotó Ale.

No es nuevo decir que es una problemática sensible y que por esa razón no es aconsejable que se aborde con liviandad. Así, en el contrapunto que se produjo en Entre Ríos entre pañuelos verdes y celestes, se escucharon argumentos a favor y en contra que rozaron la incoherencia. Pero en general el balance fue positivo, con aportes que se volcaron para enriquecer los proyectos legislativos.

Sin ley que reglamente la práctica del aborto en el sistema público y privado, nuestra provincia es una de las que adhirieron a la actualización 2019 del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), publicado en diciembre por el Ministerio de Salud de la Nación. La normativa brinda lineamientos sobre cómo actuar ante un aborto legal, ya que desde hace 100 años en Argentina la interrupción del embarazo está permitida por causales: violación o riesgo de salud o muerte de la mujer. En 2012, la Corte Suprema exhortó a todas las provincias a adherir al protocolo, que debe actualizarse cada tanto por el avance de los procedimientos para interrumpir embarazos. Ale reveló el trabajo del sistema público de salud en relación a la problemática: “En este período de cuarentena hemos acompañado desde la organización Socorristas y articulando con los servicios de salud a más de 160 mujeres en Paraná”.

Sin aquella legitimidad que construyó en 2018, la discusión legislativa por el aborto legal promete regresar con más fuerza, y quizás consiga el consenso necesario en el Congreso para convertirse en ley.