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Incoherencias sobre cuarentena, libertad y dictadura

Es importante que el sector de la oposición que representa al poder más concentrado de la Argentina, asuma su rol democrático.

Sábado 11 de Julio de 2020

Es incoherente que uno de los principales reclamos de quienes salieron a la calle el 9 de Julio haya sido la libertad. La incoherencia radica en que nadie les impidió que ejercieran su derecho a reclamar, no hubo fuerzas de seguridad para reprimirlos, ni tampoco se conocieron denuncias de infiltrados o servicios de inteligencia provocando desmanes o registrando con fines persecutorios a los manifestantes; lo que sí ocurría durante los cuatro años de gobierno anterior, cuando quienes protestaban no eran de clase media y alta, sino mayoritariamente los sectores populares.

Es incoherente que digan que no se respetan las garantías constitucionales cuando llevaron adelante el legítimo derecho a la protesta sin ninguna limitación, a pesar de que para ello incumplieron las normas de distanciamiento social que se dispusieron para contener el avance de una pandemia que en el país ya enfermó a unas 100.000 personas y mató a casi 2.000.

Mucho más incoherente es comparar las medidas adoptadas con una dictadura. Resulta ofensivo para las miles de familias que perdieron a sus seres queridos o para quienes sobrevivieron a los centros clandestinos de detención y torturas o para quienes sufrieron el robo de sus hijos, nietos, hermanos, primos; todo aquello que ocurrió durante las verdaderas dictaduras argentinas, especialmente la última. Es importante diferenciar las decisiones que toma un gobierno constitucional elegido democráticamente en elecciones libres para proteger a la población de un virus global mortal sin precedentes en la historia reciente, de aquellas disposiciones clandestinas y secretas que ordenaban arrojar gente viva al mar desde los aviones.

Es obvio que existe un alto grado de malestar en un sector de la sociedad por los efectos de la cuarentena. Por eso los desbordes verbales y hasta las agresiones físicas, si bien son preocupantes, no lo son tanto como la instigación política de estas manifestaciones y las operaciones para la construcción de un sentido común peligroso. Las palabras que se repiten en estas protestas son las mismas que se lanzan desde las usinas de comunicación de quienes fueron gobierno hasta el 10 de diciembre. Por ejemplo: “la defensa de la República”, “no queremos ser Venezuela”, “no respetan la libertad de expresión”, “van en contra de la propiedad privada” y el reiterativo eslogan de la “libertad”. La repetición y amplificación de estas frases en boca de personas irritadas, desemboca en el discurso de que un gobierno electo hace siete meses es una dictadura. Y como tal, se justificaría derrocarla. Es importante que ese sector de la oposición, que representa al poder más concentrado de la Argentina, asuma su rol democrático y comprenda que en un país en crisis económica y sanitaria no hay lugar para profundizar la grieta, sino para hacer aportes.

Por otro lado, el gobierno de Alberto Fernández debe retomar con mayor decisión el camino que inició para desarmar esa división tan nociva para el país. Fue esa actitud la que llevó al Presidente a obtener altos índices de popularidad incluso durante la primera etapa de la cuarentena, cuando el #QuedateEnCasa era mucho más que un hashtag. Es necesario volver a la comunicación paternalista y protectora, para que se entienda que es necesario cuidarse para cuidar al otro. Y el gobierno provincial y las municipalidades tienen la obligación de escuchar en serio los reclamos de quienes hace más de tres meses que no pueden trabajar, tomar en cuenta sus propuestas y demostrar mayor empatía con los problemas que están atravesando.

Una última cuestión: en los últimos meses ha recrudecido la violencia institucional. En Tucumán, en Chaco y en Santiago del Estero se conocieron y denunciaron casos muy graves. Desde el 30 de abril está desaparecido un joven en la provincia de Buenos Aires y las sospechas recaen sobre la Policía bonaerense. Las víctimas no son, justamente, quienes dicen que se violan sus garantías constitucionales, sino los mismos vulnerados de siempre, con o sin cuarentena.

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