Juicio abreviado: luces y sombras

Hace pocos días escuché en una entrevista radial con el periodista Carlos Matteoda al abogado Alejandro Jacobi, defensor de Alejandro Amaro el sindicalista acusado de planear asesinar al diputado provincial Alejandro Bahler, referirse al acuerdo de juicio abreviado que arribó con la fiscalía. "...La idea nuestra era ir a juicio oral, pero no estaban dadas las condiciones. Te ponen esa zanahoria que son tres años condicional y uno dice bueno, perfecto y te evitás todos los problemas. Pero eso no quiere decir que mi cliente haya querido hacer lo que dice ahí (por el acta de juicio abreviado)... La fiscalía dijo 'le damos tres años condicional'. Nosotros peleamos contra todos. Más allá de lo que diga el acta, Amaro queda en libertad. Ellos (por los fiscales) se subieron a un caballo que no pudieron parar. Es un sistema extorsivo. Te ofrecen tres años de condicional o ir a un juicio donde la pena mínima son 10 años de prisión, no te dan margen de negociación".

Las declaraciones del profesional no solo golpean al instituto de juicio abreviado y a su credibilidad tantas veces cuestionada, sino a los fiscales y su trabajo, ya que los acusadores no están obligados a pedir una pena cuando no hay delito o cuando la persona acusada es inocente. Uno no puede arreglar una pena y salir a los medios de comunicación a decir que su cliente es inocente porque genera malestar y escepticismo en la sociedad. O hay pruebas y por eso acepta o no las hay y se tiene que defender.

Si bien es cierto que uno quiere sacarse, literalmente, de encima un proceso penal y por eso "acepta" lo mejor que le ofrecen, lo que se resiente con este tipo de fallos es el tejido social y el prestigio y responsabilidad de la Justicia, que tiene la obligación de determinar con certeza, sin dudas, qué es lo que sucedió en cada caso. En cambio lo que se está generando es una grave situación de inseguridad jurídica en la que "verdaderos culpables" resuelven sus problemas mediante una herramienta eficaz, mientras otros "inocentes hasta que se demuestre lo contrario" van sin escalas a una segura condena. Es así que no pocos operadores judiciales y abogados han calificado a la negociación que se da entre fiscales y defensores como extorsiva, no en el sentido jurídico de la palabra, sino en el coloquial.

El instituto de juicio abreviado vino a descomprimir el sistema penal y a dar respuestas rápidas. Con la instauración en nuestra provincia del nuevo Código Procesal Penal cobró mucho protagonismo.

El nuevo paradigma acusatorio se destaca por la oralidad del proceso y por la rapidez en la resolución de un conflicto penal. Pero esta celeridad en la respuesta, de acuerdo a numerosas voces que se comienzan a alzar, se consigue en detrimento de la búsqueda de la verdad, no de una verdad ontológica sino de una verdad forense. Esta última surge de las pruebas que se aportan a la Investigación Penal Preparatoria, conducida por los fiscales.

Cada vez es más frecuente observar en una audiencia de abreviado la reticencia de los imputados a aceptar una pena que les ofrecen como una única salida a su situación procesal. En este sentido algunos imputados han llegado a sostener ante el juez de garantías que los hechos tal como le fueron atribuidos no sucedieron, pero aceptan porque de otro modo se harían acreedores de una condena más elevada. Es compromiso de todos, en especial de los jueces, escuchar a los imputados.