Jueves 25 de Febrero de 2021
Una sucesión de femicidios volvió a hacer evidente en los últimos días el carácter sistemático de estos crímenes en Argentina. Es un problema que, lejos de tener solución, parece agravarse cada vez. Y causa indignación generalizada cuando toman estado público y se reproducen en los medios los mensajes de whatsapp de las víctimas que anticipaban el desenlace fatal y se conocen las veces que ellas fueron desatendidas y desoídas por el Estado.
Las estadísticas dicen que en el país las mujeres son asesinadas por motivos vinculados a la violencia de género, casi a razón de una por día. Los detalles mediatizados hacen suponer que en la mayoría de los casos pudieron haberse evitado si las respuestas desde los organismos del Estado, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Judicial, hubiesen llegado a tiempo. Algo de eso, se entiende, es lo que se quiere transformar en Entre Ríos a partir del debate de un nuevo Régimen de Protección, Asistencia y Prevención de la Violencia de Género.
La protección y la asistencia deben ser evidentemente más eficientes para lograr poner a salvo a aquellas mujeres que sufren violencia. Hay numerosos dispositivos que se implementan con ese fin, pero muchas veces no resultan suficientes. Se trata de una tarea urgente y compleja, porque deben tener en cuenta numerosas variables que entorpecen la implementación de las políticas que tienen ese fin, como el miedo y la falta de recursos económicos para que una víctima pueda saltar el cerco que la violenta, o el plus de violencia de las instituciones que hacen que su vida no sea ciudada.
Más complejo aún es la prevención de los femicidios, lo que demanda un cambio cultural, imposible de lograr de un día para otro y, por lo tanto, sumamente necesario de abordar con urgencia y desde la infancia.
La prevención de la violencia de género (y de los femicidios como punta del iceberg de esta enorme problemática) debe ser trabajada desde la niñez, con escuelas y docentes preparados para la tarea. Resulta difícil imaginar que esto suceda cuando no se desarrollan suficientemente los contenidos de la Educación Sexual Integral. Durante la pandemia, este tema fue relegado más aún, como si fuera más importante enseñar sujeto y predicado que educar para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, conozcan su propio cuerpo, asuman valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad y respeten el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato.
Al mismo tiempo, existe “violencia de género en el ámbito escolar” que es preciso combatir, con respuestas integrales cuando se manifiesta y prevención para que no tenga lugar. La Unesco y ONU Mujeres afirman que este es un fenómeno global y lo definen como “actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que ocurren en las escuelas y alrededor de estas, y que son perpetradas como resultado de normas y estereotipos de género, y reforzadas por dinámicas de poder desiguales”. Y, por supuesto, asegura que los niños y las niñas tienen derecho a ser protegidos, no solo porque se perjudica su bienestar, sino porque puede haber consecuencias de largo plazo: presenciar, ejercer o sufrir la violencia en la escuela se puede traducir en conductas posteriores que la naturalicen y la reproduzcan.
Ambos organismos de Naciones Unidas publicaron en 2019 un trabajo titulado “Orientaciones internacionales. Violencia de género en el ámbito escolar”, que es de fácil acceso en Internet (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368125). Allí hay recomendaciones y orientaciones para que los estados tomen medidas al respecto, como formar docentes y garantizar escuelas seguras y acogedoras, entre muchas otras.
Esa publicación asegura que hay en el mundo 246 millones de niños y niñas que cada año sufren algún tipo de violencia de género en la escuela y alrededor de ella. Es el ámbito donde, claramente, debe ser prioridad la intervención del Estado para comenzar a frenar la masacre que significan los femicidios.