Alquileres: la suba anual superó el 81% y aun sin nueva ley

En Paraná, al igual que ocurre a nivel país, son miles de personas las que deben alquilar una vivienda por no tener acceso a una casa propia. Y cada año deben afrontar un aumento en el valor de locación, tal como lo establece la Ley N° 27.551 de Alquileres, que en la actualidad asciende al 81,29%.

Este porcentaje se calcula en base al Índice para Contratos de Locación (ICL), que tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (RIPTE). En este marco, si alguien estaba pagando 30.000 pesos mensuales y se cumplió un año de su contrato, pasará a pagar 54.386 pesos, por citar un ejemplo.

En un contexto de gran inflación, las subas anuales de los alquileres son abultadas e impactan notablemente en el bolsillo de los inquilinos. No obstante, lo más preocupante es la escasez en la oferta, que termina catapultando los valores de los alquileres nuevos, o cuando hay que renovar un contrato.

La falta de unidades disponibles se agudizó aún más en 2022 y por esta situación los referentes del sector culpan en parte a la normativa vigente, ya que hoy los contratos duran tres años.

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Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Sobre este tema, Saúl Hojman, propietario de una tradicional inmobiliaria de Paraná, dialogó con UNO y alertó: “La oferta de departamentos de un dormitorio, que suelen ser los más buscados, es casi nula hoy. Que no haya oferta de este tipo de unidades se explica porque se alargaron a un plazo de tres años los contratos desde que rige la Ley 27.551; además, por la incertidumbre económica, muchos propietarios prefieren restringir la oferta. También ocurre que muchos a los que se les vencían los contratos negociaron y se quedaron donde estaban. Conjugaron todos estos factores”.

Además de la demanda habitual de personas solas o parejas, los departamentos de un dormitorio en zona céntrica en la capital provincial son demandados sobre todo por estudiantes universitarios que llegan desde otras localidades para cursar una carrera. Los mismos suelen alquilar en diciembre para garantizarse un lugar, o en su defecto en enero o febrero para contar con una vivienda al comienzo de las clases. Pero a diferencia de otros años, Hojman observó que “hubo gente que ya alquiló en septiembre o en octubre con tal de asegurarse el departamento, y lo tuvo cerrado durante tres o cuatro meses, con tal de garantizarse una vivienda para su hijo”.

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Según mencionó, hoy el precio de alquiler de un inmueble de estas características arranca en los 40.000 pesos, aunque su valor varía según el tamaño, las particularidades y la ubicación. El corredor inmobiliario sostuvo que llegaron a recibir entre 15 a 20 llamados diarios por consultas en casos en que tuvieron alguno a disposición. No obstante, ya no llegan a publicarlo si ingresa alguna oferta: según aseveró, tienen lista de espera de gente interesada que deja su número de teléfono para que le avisen.

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En este contexto, también hay estudiantes que optan finalmente por alquilar algo juntos de dos dormitorios y comparten los gastos, y al respecto comentó: “Algunos alquilan un departamento de dos dormitorios céntrico y son 80.000 pesos. El inconveniente es que muchos empiezan a estudiar pero luego no siguen y se vuelven a su ciudad y quien se queda debe afrontar ese costo solo”.

María Paula Armándola, presidenta del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, opinó que ante este panorama de escasez de departamentos de un dormitorio es una opción cada vez más aceptada alquilar uno de dos dormitorios en el caso de los estudiantes y compartir los costos. “La oferta está muy por debajo de la demanda. En muchas inmobiliarias ya hay visitas pactadas desde hace 10 días para las propiedades que entran enero. Hay realmente una necesidad y lo más pedido sigue siendo de un dormitorio o monoambiente. Pero desde mi punto de vista, esta alternativa de compartir alquiler es una solución a esta problemática. Por ahí lo que tienen miedo los estudiantes, creo, es a cómo va a ser la convivencia o cómo ponerse de acuerdo en quién sale de garante, y quién de titular en los contratos. Es un desafío de coordinación y articulación importante, pero económicamente es más conveniente”, planteó.

A su vez, Armándola coincidió en que urge modificar la actual ley de alquileres, que a pesar de ser muy cuestionada por diversos sectores, incluyendo a grupos de inquilinos debido a la forma en que aumentan los valores anuales y la extensión de tres años de los contratos, no fue tratada a lo largo de 2022 por los legisladores, pese a los anuncios y promesas.

Acerca de por qué no avanzó una nueva normativa, Armándola analizó: “Creo que no se está considerando la realidad y la necesidad de la gente, sino que se está viendo con ojos políticos. Porque en la última campaña electoral para diputados nacionales todos se comprometieron a tratar una nueva ley y no lo hicieron. De todas maneras, tenemos esperanza de que en 2023 lo hagan”.

Sobre los cambios con los que debería contar una nueva norma, subrayó: “Estamos trabajando a nivel nacional, a través del Consejo Federal Inmobiliario, y hubo consenso sobre esta propuesta de que se vuelva a los 24 meses de contrato, y a que el precio se ajuste cada seis meses y que sea pactado libremente entre las partes. O sea, volver a la esencia y a un acuerdo entre partes”.

“Nosotros proponemos eso, y es algo sobre lo que debatimos y nos llevo un tiempo lograr un consenso con los otros colegios, considerando también las necesidades y la realidad de toda la República Argentina, cosa que no contempló esta ley, que se basó en una problemática pura y exclusivamente de Capital Federal, con otra realidad económica, laboral, social, incluso normativa en cuanto a los requisitos para alquilar. Desde nuestro Colegio habíamos advertido a los legisladores que Entre Ríos no tenía las mismas problemáticas y que iban a perjudicar al mercado, pero no se tuvo en cuenta”, dijo a modo de conclusión.