Mismas mentiras, misma indiferencia

El Gobierno sigue tratando el caso de Santiago Maldonado como un hecho menos grave de lo que es. No admite que se trata de una desaparición forzada y lanza versiones con el objetivo de desestimar lo que afirman los mapuches y los propios familiares: que fue capturado por Gendarmería durante una protesta. Mientras tanto organizaciones internacionales de derechos humanos toman intervención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó una solicitud para que dicte medidas cautelares dirigidas al Estado que apunten a determinar dónde está Santiago.

Como se sabe, la desaparición se produjo tras un violento operativo sobre la comunidad de Cushamen con la presencia de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación. La Gendarmería disparó primero en la ruta y luego entró al territorio y los persiguió hasta un río. Fue allí donde Santiago, al no poder cruzar a nado como el resto, fue capturado, subido a un Unimog y luego a una camioneta blanca. Tal es el relato de los testigos, cuyos testimonios fueron prestados ante la Justicia. Sin embargo, el Gobierno ha preferido respaldar a la fuerza de seguridad y echó a rodar hipótesis falsas que fueron difundidas por los medios de comunicación pero no tardaron en descartarse. La más increíble de todas fue la supuesta presencia del joven en Entre Ríos, incluida la difusión de un video donde el falso Santiago aparecía mirando artículos regionales en un local. También se dijo que estaba en San Luis, en Mendoza y en Osorno, Chile. Por supuesto, no estaba en ninguno de esos lugares.

En La Nación fueron un paso más allá y hablaron de que Maldonado pudo haber sido asesinado por los propios mapuches. "¿Qué pasa si a Santiago Maldonado no lo mató la Gendarmería sino un mapuche? Es una hipótesis que va creciendo en el Gobierno pero están detrás de esta pista", dijo el periodista Francisco Olivera en el programa Odisea Argentina. La elucubración no causa tanto asombro –que es mucho– como preocupación, porque confirma que la estrategia oficial es muy parecida a la que implementaba la última dictadura para referirse a los desaparecidos. Recapitulando: ante la ausencia forzosa de un joven que apoyaba una protesta, el gobierno de Mauricio Macri acusa de terroristas a los manifestantes, protege a Gendarmería, luego inventa pistas falsas e hipótesis que no tardan en ser desacreditadas y, finalmente, responsabiliza a los mapuches. Hace 40 años la dictadura de Jorge Rafael Videla hacía lo mismo: los desaparecidos eran delincuentes subversivos que estaban en Europa o se los habían llevado sus propios compañeros. Hoy, como en aquella época, el país se gana un desprestigio internacional en materia de derechos humanos. Pero todavía hay algo más preocupante y es la pasividad o desinterés de parte de una buena porción de la sociedad. Muchos, para quitarle importancia a la situación, dicen que hay cientos de desaparecidos en democracia o que todos los días desaparecen personas en este país. Lo que no se dice lo suficiente es que no es nada frecuente que se provoque una desaparición en medio de una protesta.

El Gobierno de Macri reprime protestas desde el minuto cero, pero hasta ahora esto no había causado muertes ni el ocultamiento de una persona. Se puede entonces actualizar una pregunta de las más inquietantes: ¿hubieran sido posibles las desapariciones, la torturas, los vuelos de la muerte, los robos de bebés, si la sociedad no hubiera sido tan indiferente? Hoy es trascendental evitar que gane la indiferencia.