La vara alta contra la corrupción

Argentina y Brasil están atravesados por hechos judiciales que rozan lo político y con consecuencias directas en lo electoral. Ayer se conoció que la Justicia del vecino país confirmó la condena y amplió la sentencia por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. No solo que se ratificó la condena, sino que se le impusieron más años de prisión.

Se podrá decir que la Justicia responde íntegramente al poder político en turno y busca aliarse con los sectores empresariales y periodísticos que no comparten el modelo populista de Lula, y de allí el contundente pronunciamiento para truncar sus aspiraciones para gobernar nuevamente Brasil. Puede ser un argumento.

Sí hay que decir, que la gestión de gobierno de Da Silva fue la que otorgó derechos y beneficios a los sectores más pobres de ese país, y trató de igualar los años de desigualdad con una clase dominante que no le interesó para nada mejorar las condiciones de la gran mayoría. Pero nada de esto justifica o habilita el robo, la corrupción o a la profundización de un modelo de tomar como propios los dineros del Estado.

Uno, a la distancia, siente simpatía por Lula, por la transformación impulsada, pero si la Justicia establece y confirma una condena por corrupción, no se puede tolerar el no respeto a la institucionalidad y a un pronunciamiento de un tribunal que confirma el fallo de otro juez.

Hablar de que esta condena afecta la democracia en América latina es repetir frases vacías de contenido y de un profundo ideologismo.

Llevando estos ejemplos y casos a la Argentina, entiendo que el impresentable de Fernando de la Rúa cuando fue juzgado por su posible participación en la feroz represión de Diciembre Negro, no alteraba para nada la institucionalidad. O el corrupto expresidente Carlos Saúl Menem, hoy condenado y con más causas abiertas, tampoco afectaría la democracia en nuestro país.

Lo mismo digo con Cristina Fernández de Kirchner que, según ella, sacó a la Argentina de la pobreza, llenó de derechos y beneficios a las clases media y baja. Ella también deberá enfrentar las numerosas investigaciones judiciales por estar ligada a actos de corrupción, de lavado de dinero, sin olvidar la denuncia impulsada por el asesinado fiscal Alberto Nisman.

Los gobiernos populares o que se dicen progresistas –y que tienen el gran talón de Aquiles con la corrupción– tienen un slogan con el que intentan validar sus gestiones: "Robamos pero hacemos, que es mejor que los ineptos de los restantes partidos que no saben gobernar".

Tal vez lo más importante en Argentina, Brasil y otros países, es que se está elevando la vara de la transparencia para los anteriores gobiernos, como para los actuales gobernantes.

La sociedad ya no soporta la corrupción, de ningún partido, y por ello es que se debe desterrar la idea simpática que estaba naturalizada.

Bienvenida la discusión en la Argentina de una reforma política, pero en serio, donde los partidos políticos deban informar y justificar cómo se financian sus campañas, quiénes son los aportantes amigos, empresarios o familiares que ayudan, y que no se deberían ver beneficiados en los gobiernos.

La vara alta es también para las actuales autoridades que deberán transparentar los recursos y cómo se destinan tales fondos. De lo contrario, las denuncias estarán a la vuelta de la esquina.

El gobierno de Mauricio Macri, goza por el momento el mal trago del kirchnerismo por su constante peregrinar en los tribunales de todo el país. Pero deberán saber que tanto exigieron por la transparencia, que a la corta o a la larga sufrirán del mismo problema.

Si por hechos de corrupción deben responder las autoridades salientes, el mismo ejemplo debe ser para las actuales, por lo que sería más que oportuno que la Justicia actúe en tiempo real y no en cámara lenta.