La Justicia que indigna

En sucesivos días, UNO ha venido publicando notas sobre causas judiciales iniciadas por mujeres por intentos de femicidio y abusos sexuaIes, a las cuales la Justicia no ha protegido debidamente en sus contextos de violencia de género y hasta ha revictimizado.

Uno de los casos es el de la joven de Santa Elena cuya expareja intentó matarla con un machete. Luis Ángel Ruiz Díaz, de 30 años, fue detenido a tiempo por la Policía, aunque en las horas previas había ingresado por la fuerza al domicilio de la víctima, había golpeado a un amigo y la había amenazado de muerte tras lo cual fue por el arma blanca para matarla.

La historia de V.A es como la de tantas mujeres que soportan violencia y amenazas constantes. Ella y sus hijos encerrados en sus casas, presas del miedo y el violento libre. Desde el Juzgado nunca le avisaron que lo largaban, tampoco la notificó la Policía. La Fiscal minimizó el riesgo que corría ya que cuenta con un botón antipánico, cuando se sabe que se trata de una herramienta de dudosa eficacia en un momento de real peligro.

Foto UNO/Archivo

Como ya se publicó en esta misma columna hace seis años: “El botón antipático pone el énfasis en la víctima". Funciona con una aplicación en el celular y depende de numerosos factores tecnológicos y de oportunidad. "El sistema en sí conlleva una discriminación hacia la víctima quien, además de cargar con la angustia y el miedo contante de ser atacada le suma la paranoia de que su dispositivo funcione, de tenerlo a mano, de que tenga carga, de que tenga crédito, de que tenga señal, que la aplicación no se tilde. Sigue pendiente de que su agresor no viole las restricciones. Es decir, continuará paralizada por el miedo mientras el violento continúa con su vida como si nada".

Pero lo peor de todo para V.A vino después, cuando la llamaron a los Tribunales y le hicieron firmar un acuerdo de Juicio Abreviado sin explicarle lo que estaba firmando. El periodista de UNO que la entrevistó le explicó que su agresor reconoció el delito y convino una pena de un año de prisión condicional “en orden a la comisión de los delitos de desobediencia judicial, daños, violación de domicilio, amenazas calificadas en el marco de un contexto de violencia de género, en concursado real” y la destrucción del machete con que casi la mata (casi una burla).

La mujer sin saber, con su firma, avaló que su agresor no vaya preso y renunció a los plazos procesales previstos para recurrir la sentencia que se dicte como producto de ese acuerdo que nadie se dignó a explicarle y que lleva la firma del defensor del violento, Martín Millán, y de la fiscal Valentina Ayala.

A propósito de la fiscal Ayala, la letrada también intervino en el caso de la joven a quien el acusado gatilló varias veces con un arma calibre .38 en un claro intento de femicidio y a quien la Defensa le atribuyó un “brote psicótico" por consumo de drogas.

El juez de Garantías de La Paz, Ramón Aurelio Lell, le prorrogó a Federico Romeo Limongi, el arresto domiciliario con tobillera hasta fines de agosto. El sujeto trabaja para la Justicia y está acusado de intento de femicidio y resistencia a la autoridad ya que también les disparó a los policías que lo fueron a detener. A pesar de la violencia y del “supuesto brote psicótico” los defensores pidieron salidas laborales. La fiscal Ayala se opuso y le ordenó una pericia psiquiátrica. Lo curioso es que pidió otra para la víctima porque había solicitado un cambio de carátula para descartar el intento de femicidio.

Un tercer caso ocurre en Viale, donde a una joven víctima de abuso sexual agravado no se la notifica correctamente sobre la liberación de su abusador y se entera, por comentarios de terceros, que el hombre que la abusó va camino a su ciudad en micro. Gustavo Sóñez fue condenado a 10 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el tío de la joven B.U quien estuvo bajo su guarda.

En este caso, la justicia le atribuye a la joven no haberse presentado a una audiencia de la que nunca fue notificada. Y no solo es ineficiente en las medidas de protección de esa mujer sino que también que se la intima a cesar con las publicaciones en redes sociales donde denuncia la situación ya que, según la Justicia, “interfiere con el derecho de resocialización de su abusador”.