Fumigaciones: dos modelos contrapuestos

Una fuerte puja de intereses rodea al conflicto que se instaló alrededor de las fumigaciones agropecuarias y la posibilidad de consensuar un marco legal para que las aplicaciones en cercanías de escuelas rurales no atenten contra la salud de la comunidad educativa.

El término “puja” también puede ser interpretado como presiones para que el poder político atienda las demandas de las entidades del campo –léase la Mesa de la Enlace– para que se vuelva a implementar el decreto, que entre otras cuestiones, establecía que se podía fumigar con agroquímicos a 100 metros de escuelas rurales por la vía terrestre, y a 500 metros mediante la aplicación aérea. Toda la discusión parece resumirse a las distancias, cuando en realidad lo que debería importar es la salud de las personas y el cuidado del medio ambiente. Tampoco se toma conciencia de la necesidad de iniciar una seria discusión sobre la transición hacia un modelo agroecológico, basado en la producción de alimentos sin químicos y que está siendo elegido por cientos de productores. A esta altura parece que no hay margen para que las partes se sienten a una mesa de diálogo.

Esto quedó demostrado con la batalla judicial que le dio la razón a grupos ambientalistas, y que dejó en estado de ebullición a los pequeños y medianos productores que atacaron el fallo porque deja paralizadas 300.000 hectáreas en toda la provincia. Tanto malestar se tradujo en protestas, como la que movilizó al campo hacia el edificio de Tribunales en Paraná, donde se hizo una insólita defensa a los agrotóxicos: uno de los oradores sugirió que se debía reubicar a los alumnos en escuelas de las ciudades para seguir produciendo. Otro de los argumentos que sumaron los ruralistas es que a la imposibilidad de producir se ven perjudicados porque deben seguir pagando impuesto, como por ejemplo el Inmobiliario Rural. Así las cosas, no están dadas las condiciones para generar consenso entre aquellos que defienden la protección vida humana y los que priorizan un modelo de producción que parece inviable, en pos de procurar una mayor rentabilidad y ganancia.

En todo caso, ¿será el poder político capaz de conciliar posiciones tan contrapropuestas sin afectar los intereses en juego? Más allá de cualquier interpretación política sobre la cuestión que atraviesa la campaña electoral rumbo a las elecciones primarias del 11 de agosto, no se está hablando del daño a la salud que causan los químicos que se aplican en los campos cercanos a las escuelas. Según el Fiscal Estado, al hacer alusión al contenido del nuevo decreto reglamentario, de acuerdo a las estadísticas oficiales no se registró ningún problema de salud que vaya más allá de una intoxicación.

Los datos científicos lo desmienten. Según publicaciones divulgadas por organizaciones ambientales en base a estudios académicos, se detectó que un grupo de niños que concurren a escuelas rurales presentaban daños genéticos irreversible a corto plazo. La misma situación se ha registrado en docentes de Entre Ríos que conviven con el veneno en su sangre. Es el caso de la maestra Estela Lemes, docente en una escuela del Departamento Gualeguaychú, que deberá tratarse de por vida para atenuar el impacto del glifosato en su sistema nervioso. Otro caso que terminó de la peor manera fue el de Fabián Tomassi, un abanderado en la lucha contra los agrotóxicos y que hasta su último día de vida militó para la reconversión de un sistema de producción que genera rechazo en buena parte de la sociedad. El cambio de modelo agrícola parece ser mala palabra para las entidades del campo, que resisten a los embates de la Justicia con amenazas de nuevas protestas. Es tanta la presión que vienen ejerciendo, que advirtieron que en caso de no firmarse el decreto reglamentario, el martes se estarán movilizando a Paraná para expresar su descontento. No se tiene certeza si la movilización incluirá, además, toda la maquinaria agropecuaria, con tractores, pancartas y todo el discurso en defensa del negocio familiar. La disputa está planteada en estos términos, y ni siquiera la intervención del poder político parece poder saldar la distancia entre dos posiciones demasiado extremas.