Estrategias para imponer el tarifazo

El gobierno nacional recalculó su estrategia para imponer el tarifazo. Fue el mismo Mauricio Macri quien lo expresó sin rodeos desde Vaca Muerta: "Les quiero pedir a todos los municipios y a los gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de cada consumidor, de cada comercio y cada pyme".

Macri pone de esa manera la responsabilidad en los intendentes y gobernadores por el desproporcionado aumento de las tarifas. Lo hizo con la ayuda inmediata y coordinada de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien anunció una baja de la presión tributaria, que se compensa largamente con la mejora de la coparticipación que recibió de la Nación.

La estrategia obedece al incremento del malestar social por el precio de los servicios públicos, que ya ha originado marchas y protestas en todo el país, a la vez que el tema abroquela cada vez más a la oposición. Los tarifazos pudieron ser implementados durante los primeros dos años de la gestión de Cambiemos debido a la legitimidad dada por el electorado y la permanente alusión a la "pesada herencia" del kirchnerismo que hacía "inevitable" la medida. A pesar de las subas siderales, la resistencia no fue hasta ahora lo suficientemente fuerte y unificada y el Gobierno consiguió el consenso necesario para aplicarlas. Y pese a este tipo de medidas antipopulares, consiguió revalidarse en las urnas el año pasado.

Ahora, cuando ya pasó hace meses la mitad del mandato, el malestar se manifiesta no de modo sectorial, sino incluso en lo que podría ser la base electoral de Macri: la clase media que creyó que el cambio prometido iba a ser en su beneficio. Es que para los asalariados la situación es imposible de sobrellevar: la inflación no baja y es vidente y letal en los artículos y servicios de primera necesidad como los alimentos, los medicamentos y el transporte público; los salarios no suben o suben mucho menos que el aumento de precios y cada vez es más difícil conseguir empleos con mejores remuneraciones. Este esquema se come los ingresos familiares y hay que elegir entre comprar remedios o pagar la luz. Aunque más tarde de lo que uno habría imaginado, la preocupación por llegar a fin de mes se va transformando en malestar hacia el Gobierno.

El macrismo apela entonces a sus estrategias discursivas y al argumento de la remanida pesada herencia suma ahora el de la presión tributaria de los municipios y las provincias. Efectivamente, esa presión excesiva existe. Días pasados, antes del pedido de Macri desde Vaca Muerta, el defensor del Pueblo de Paraná, Luis Garay, elevó una nota al gobierno municipal para solicitar que se abra una instancia de análisis y tratamiento de la carga tributaria que grava a la energía eléctrica. En el caso de la capital entrerriana, dice la evaluación de la Defensoría, el 63,69% de lo que se paga en la boleta de la luz corresponde a impuestos: un 24,69% a tasas y tributos del ámbito municipal, un 21% a la jurisdicción nacional –el IVA– y un 18% a la provincial. La propuesta de Garay no es eliminar impuestos, como plantea el Presidente, pero sí reducir un 50% la tasa de alumbrado –del 16% al 8%– lo que no impactaría en las cuentas del municipio por el aumento de la recaudación por coparticipación. Además, que el tributo del 8,69% por el uso del espacio público conforme el costo operativo de la distribuidora (en este caso, Enersa) sin impactar en las facturas. Finalmente, que la Nación también haga su aporte con la reducción del IVA en un 50%. A esto suma el reclamo de convocatoria a una mesa de diálogo donde estén representados los usuarios.

La disminución de la carga tributaria, por lo tanto, debe ser contemplada, ya que con el aumento excesivo del costo de la energía, los montos que se pagan por impuestos son también mucho mayores. Por caso, no es lo mismo un 63,69% de 500 pesos por bimestre que de 5.000. Pero el problema principal es que los tarifazos son imposibles de pagar con salarios cada vez más flacos.