El presidente del bloque de senadores provinciales del justicialismo, Ángel Giano, elogió ayer la decisión del gobernador, Gustavo Bordet, y el acompañamiento de los legisladores, el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Abogados como factores que facilitarán el debate y aprobación de la Ley de Juicio por Jurados.
Este año se aprobaría la ley de Juicio por Jurados
El representante del Departamento Concordia y recientemente electo diputado provincial explicó que el Juicio por Jurados está contemplado en la Constitución de la provincia desde 1933. “Es decir que es una disposición constitucional que tiene casi 100 años, ratificada en la reforma provincial de 2008. También lo preveía la Constitución Nacional de 1853, siendo ratificada en la reforma de 1994”.
Giano aseguró que existieron, en otras oportunidades, intentos de concretar una ley que modifique el Código Procesal Penal en este sentido. “Creo que en esta oportunidad, lo que la diferencia de otras, es que hay una decisión política del gobernador Gustavo Bordet de enviar un proyecto para darle al pueblo entrerriano la participación y lograr la democratización del Poder Judicial”, puntualizó.
Acompañamiento del STJ
“También hay que señalar el acompañamiento del Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Abogados de la Provincia y obviamente de los legisladores, que estamos de acuerdo en trabajar el mejor proyecto de ley posible. Por eso estoy convencido de que existe la posibilidad de que el proyecto se apruebe este año”, remarcó el legislador concordiense .
En relación a la preparación de la ciudadanía para participar en este sistema, el senador provincial afirmó: “Habrá que trabajar el tema. Creo que tanto la sociedad como los integrantes del Poder Judicial deberán hacerlo, porque los fiscales y defensores tendrán que tener una capacitación diferente para trabajar en un Juicio por Jurados no técnico. Creo que es algo a encarar con diferentes sectores, como el educativo, la Justicia y el gobierno provincial para dar capacitaciones o instrucciones”.
Igualmente sostuvo que el sistema prevé que luego de ser designados los jurados reciban “instrucciones del juez que va a coordinar el proceso. Podrán así analizar en el tiempo que dure el juicio los elementos probatorios que provean tanto la Fiscalía como los acusadores, que reitero, deberán esbozar, probar, acreditar en un lenguaje diferente al que están acostumbrados a hacerlos hasta el día de hoy”.
En otras provincias
“Seguramente habrá un proceso desde la capacitación hasta la implementación, donde habrá que ajustar muchos detalles, pero en los lugares donde se implementó nunca se volvió para atrás, al contrario, se ha ido perfeccionando. Además, hay una aceptación mayor por parte de la ciudadanía respecto a este sistema y los fallos que se fueron ejecutando por este medio”, subrayó Giano.
Destacó que en las jornadas realizadas en forma conjunta por el gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia en la que participaron integrantes del Poder Legislativo se compartió información sobre “las provincias donde está funcionando el sistema, donde ya se han sustanciado más de 500 juicios por este sistema de participación popular. Esto ha generado un avance y en un 80% los fallos coinciden con lo que hubiera sentenciado un juez técnico formado profesionalmente”.
Actualmente el sistema de Juicios por Jurados es aplicado en Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco, Mendoza, Río Negro y San Juan. “Creo que hay mucho para trabajar. La idea es que se sancione este año para que el año que viene comience a regir en Entre Ríos esta posibilidad”, señaló el legislador.
El jurado
Por otra parte, Giano indicó que la propuesta “es que se implemente en causas con penas elevadas, para delitos de extrema gravedad, posiblemente aquellos que tengan penas mayores a 20 años”. Se enmarcarían en ese rango los homicidios dolosos, abusos sexuales graves y todos los delitos que conlleven a la pena de prisión perpetua.
El jurado está integrado por 12 personas, con igualdad de género. “Serán seleccionados de acuerdo a criterios objetivos que garanticen imparcialidad e independencia, tomando la base de datos del padrón con que cuenta la Justicia Electoral. Entre los impedimentos para participar figuran por ejemplo quienes sean abogados, funcionarios públicos o tengan relación con el Poder Judicial”, precisó el senador.