Las condenas previas existen en la Argentina

En esta sociedad, los prejuicios se mantienen de generación en generación. Lo que para unos es un derecho para otros es un perjuicio. Lo que para unos es toda una garantía, para otros se termina convirtiendo en una pesada carga. Todo esto lo digo directamente porque en esta comunidad todos tenemos derechos, menos los integrantes de las fuerzas de seguridad.

Se podrá argumentar que por su condición de uniformados deben “perder” todos los “beneficios” que gozan el resto de los mortales. Un claro ejemplo es que los “milicos” no tienen sindicatos que los defiendan ni en paritarias ni en sus reclamos más sencillos.

Por si hay algún distraído, esto no es una apología de la dictadura militar, ni muchos menos defender las graves violaciones contra los derechos humanos. Sin embargo, creo que con los años que tenemos en democracia, se deben derribar definitivamente los pruritos sobre las personas que portan un uniforme, militar o policial.

Me parece absolutamente injusto que todos derechos y garantías constitucionales que tienen todas las personas se alteren por solo ser “milicos”.

Un uniformado cuando es denunciado por una situación ilegal, sin saberse si es verdad o mentira; de una lo apartan de sus funciones. Lo degradan, lo pasan a disponibilidad y como el castigo es mayor desde las estructuras de poder conducidas por autoridades que son insensibles u obsecuentes de los gobernantes de turnos, también lo denigran reduciéndole en un 50% el sueldo, que sin ningún tipo de juicio o condena son condenados previamente a estas situaciones ya socializadas.

Al mensaje se lo podrá compartir, ya que se quiere dar el ejemplo con las medidas internas para que nadie se anime a cometer cualquier tipo de delitos. El problema es que, luego de un tiempo, un tribunal los declara inocentes. ¿Qué hacemos ahí?

El policía, el militar, el penitenciario “ya fue quemado públicamente” y la idea que queda en la comunidad es que el delito fue cometido igualmente, más allá del pronunciamiento del tribunal.

El último caso, de los numerosos que se replican en los pasillos de Tribunales, es el del penitenciario Félix Avalos, quien “tras estar en la parrilla” de ser un delincuente, fue declarado inocente, porque a un preso fabulador como Jorge Goró se le ocurrió decir que le pagó para que lo dejara escapar.

Pese a que el penitenciario dijo que era inocente, no le creyeron ni en la Justicia, ni en el propio Servicio Penitenciario. Lo castigaron y lo humillaron.

Digo: cuando a un político, funcionario o mandatario se lo denuncia por corrupción o por cualquier otro tipo de acusaciones, ahí sí “aparecen” todas las garantías y derechos constitucionales. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario; se está imputado o procesado, pero no condenado, se dice al unísono por parte de la comunidad política.

Desde Carlos Menem para acá, pasaron María Julia Alsogaray, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Fernando de la Rúa, intendentes, legisladores nacionales y provinciales que fueron cuestionados penalmente. Pero a ninguno se los apartó de sus funciones, se los hizo tomar licencia o bien renunciar. Incluso en Entre Ríos hubo jefes comunales que fueron condenados por corruptos y luego se les permitió presentarse nuevamente en elecciones.

El último caso más palpable es el del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, o del jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, imputado y procesado respectivamente, que por ser “políticos” tienen la protección de no dar un paso al costado por hechos graves, como es la de hacer escuchas ilegales o formar parte de una organización que tomó dinero.

Hay que predicar con el ejemplo, hay que ser justos y de esa manera se podrá dar el verdadero paso de que en la Argentina se terminaron los privilegios para algunos, como las condenas previas, para otros.