La irrisoria multa a UPM por el derrame de 6.000 litros de ácido sulfúrico en el Río Uruguay

El Ministerio de Ambiente de Uruguay confirmó que el derrame de ácido sulfúrico ocurrido en marzo en la planta de UPM en Fray Bentos fue causado por fallas técnicas que podían haberse previsto. Sin embargo, la multinacional finlandesa solo recibió sanciones calificadas como "leves", y la multa impuesta fue menor a 230 mil dólares. Lejos de aceptar la responsabilidad, la empresa intentó justificar el incidente y minimizar el impacto ambiental.

El lunes 10 de marzo, durante la descarga de ácido sulfúrico desde un buque en la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos, se rompió una manguera debido a una conexión defectuosa. Esto provocó el derrame del químico sobre el muelle. Las autoridades ambientales que acudieron al lugar aseguraron que el derrame fue “controlado” y que quedó confinado al muelle.

UPM derrama 6.000 litros de ácido y recibe multa ridícula

En enero de este año, el gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó el Decreto 22/2025, que modificó el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental y estableció nuevos rangos de sanciones económicas. Ahora, el Ministerio de Ambiente puede imponer multas que van desde 10 hasta 100.000 unidades reajustables (UR), siendo una UR equivalente a 1.829,06 pesos uruguayos (alrededor de 45,53 dólares), con un ajuste mensual. Las infracciones se clasifican en "leves" (10 a 5.000 UR), "graves" (200 a 60.000 UR) y "muy graves" (10.000 a 100.000 UR), categoría que no existía en la reglamentación anterior.

Según una resolución del Ministerio fechada el jueves 17 de julio, a UPM S.A. y UPM Fray Bentos S.A. se les aplicó una multa de 4.000 UR, equivalente a 7.316.240 pesos uruguayos (182.501,76 dólares), por incumplir el Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGAO), específicamente en el procedimiento de carga y descarga de sustancias químicas en el puerto, al poner en riesgo el ambiente por la fuga de ácido sulfúrico a través de la red pluvial, que no funcionó como barrera de contención. Además, se sumó una multa de 1.000 UR, 1.829.060 pesos, unos 45.625,44 dólares, por el vertido del ácido en un curso de agua, con un volumen estimado de hasta 6.000 litros, un químico que puede dañar gravemente el medio ambiente.

Es decir, las autoridades uruguayas calificaron ambas infracciones como leves y, en consecuencia, la multa total para UPM suma 228.127,20 dólares, por contaminar con una sustancia altamente peligrosa las aguas del río Uruguay. Esto resulta una verdadera burla, considerando no solo el impacto ambiental, sino también la magnitud de la empresa involucrada.

La respuesta descarada de UPM

La resolución ministerial detalla que el lunes 10 de marzo se registró un incidente ambiental durante la descarga de ácido sulfúrico, que provocó que el químico se derramara sobre la explanada del muelle. Parte del ácido llegó al sistema de drenaje pluvial y desde allí al río. Al día siguiente, inspectores del Ministerio realizaron una evaluación en el lugar para analizar las causas del incidente y verificar la aplicación del Plan de Contingencias.

Una semana después, el Ministerio solicitó a UPM información complementaria sobre el incidente, las medidas correctivas implementadas y la revisión de los procedimientos operativos para evitar que ocurrieran hechos similares, otorgándoles un mes para presentar una propuesta para contratar una auditoría técnica que evaluara en profundidad las instalaciones y sistemas de contención de sustancias peligrosas. Esto evidenció que UPM carecía de procedimientos adecuados para prevenir este tipo de incidentes en el muelle.

El martes 1º de abril, UPM presentó información parcial, pero el Ministerio la consideró insuficiente para esclarecer completamente la contingencia y les exigió entregar datos completos bajo advertencia de sanciones. También requirió la actualización de los protocolos de manejo de químicos peligrosos y la propuesta para la auditoría, que finalmente UPM entregó junto con una serie de descargos.

Con un cinismo evidente, UPM se presentó como víctima y manifestó su malestar por las posibles multas. Alegaron que cumplieron con el PGAO, pero que "falló el funcionamiento de la válvula de cierre al final de la cañería, lo que permitió el paso limitado de ácido hacia el río", y aseguraron que "la situación se abordaba con medidas correctivas concretas y que la rápida interrupción del bombeo minimizó el daño ambiental". Sin embargo, estas afirmaciones resultaron ser completamente falsas.

El Ministerio rechazó los descargos y señaló que del análisis posterior surgieron evidencias claras de fallas en el sistema de contención. Se comprobó que el ácido no solo pasó por la válvula defectuosa, sino que se detectó un segundo punto de fuga en una pieza del sistema pluvial que sufrió una deformación térmica previsible, lo que impidió que funcionara correctamente como barrera.

Las autoridades concluyeron que el derrame no solo implicó un incumplimiento del Código de Aguas, sino que "configura la infracción de introducir una sustancia capaz de deteriorar un cuerpo de agua", sin importar la magnitud del daño. La resolución final sostiene que el derrame fue consecuencia de fallas técnicas que podían haberse anticipado.

Medidas preventivas insuficientes por parte de UPM

Otra resolución del Ministerio, fechada el martes 22 de julio, indica que a fines de mayo se formularon observaciones a la propuesta para la auditoría externa presentada por UPM, requiriendo una versión actualizada. Luego de la entrega de esta nueva versión el 25 de junio, que recibió el visto bueno de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), se aprobó la propuesta con la condición de que los resultados de la auditoría se presenten en septiembre de 2025, para que los hallazgos puedan ser tenidos en cuenta en la renovación de la Autorización Ambiental de Operación.

El documento final señala que, aunque la planta ha estado en operación casi 20 años y se realizan mantenimientos periódicos, es esencial reforzar las medidas para prevenir derrames químicos mediante una evaluación integral y profunda. Por eso, se considera necesaria una auditoría externa a cargo de una empresa especializada en el manejo de sustancias químicas peligrosas.