Rutas nacionales: el presupuesto cae al mínimo histórico en 30 años y casi el 60% de la red está deteriorada

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispone actualmente de $563.000 millones para obras y mantenimiento de las rutas nacionales, lo que representa una caída real del 79% en comparación con 2023 y el registro más bajo desde al menos 1995, momento en que se integró el sistema presupuestario nacional tal como se conoce hoy.

La infraestructura vial de la Argentina ingresó en una etapa de profunda decadencia. El presupuesto destinado a las rutas nacionales cayó este año al nivel más bajo en las últimas tres décadas.

La contracción del gasto no ha sido uniforme, pero afecta gravemente a las provincias. Entre 2023 y 2025, los distritos más golpeados por el ajuste fueron Buenos Aires y Chubut, con caídas cercanas al 85% de la inversión vial en términos reales.

Le siguen de cerca Chaco (-83%), Formosa (-77%), Santa Fe (-73%) y Córdoba (-72%).A este desplome de los fondos provinciales se suma una parálisis casi total de los proyectos planificados: de las 179 obras que originalmente contaban con partidas para este año, 112 proyectos (el 63%) quedaron con un presupuesto de apenas $1 o directamente en cero.

Además, la ejecución de lo poco que queda disponible es bajísima: al 31 de julio, con el 58,3% del año transcurrido, Vialidad solo había devengado el 32,6% de sus recursos. Representantes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) definen la situación como "el peor desmantelamiento y vaciamiento de los últimos años", indica un informe publicado por La Nación.

Foto: La Capital

Seis de cada diez kilómetros, en estado "malo" o "regular"

La falta de inversión coincide con un deterioro visible del asfalto. Según datos oficiales procesados por Fepevina, el 57,5% de las rutas relevadas se encuentra en estado malo o regular (un 31,8% calificado como malo y un 25,7% como regular). Cabe destacar que esta alarmante radiografía es apenas parcial, ya que el Índice de Estado oficial cubre solamente el 49% de los 40.643 kilómetros que componen la red nacional.Al comparar los datos de los últimos dos períodos, la degradación de los caminos se acelera de forma dramática: los tramos en mal estado pasaron del 23% (en 2022-2023) al 31,8% (en 2024-2025), mientras que las calzadas en buen estado retrocedieron del 55% al 42,4%.

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Falta de mantenimiento y fondos acumulados

El programa de Mantenimiento en Rutas Nacionales sufrió un recorte del 70% respecto a los valores de hace tres años, pasando de $828.000 millones en 2023 a $248.000 millones para este año. No obstante, este ajuste convive con la paradoja de recursos acumulados que no llegan al asfalto. El fideicomiso SisVial, financiado con parte del impuesto a los combustibles, recaudó más de $1,5 billones durante los primeros dos años y medio de la gestión actual, pero solo aplicó $394.406 millones a obras, manteniendo más de $1 billón colocado en títulos públicos y plazos fijos para financiar al Tesoro y contribuir al superávit fiscal.

Consecuencias críticas

El colapso de las rutas ya genera consecuencias judiciales y de seguridad vial. Recientemente, la Justicia federal ordenó al Gobierno reparar de manera urgente las rutas nacionales 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe luego de que Vialidad reconociera que carecía de fondos mínimos de conservación.

Asimismo, Fepevina relevó 22 siniestros graves ocurridos entre junio y julio que dejaron 29 muertos, de los cuales casi dos de cada tres ocurrieron en tramos previamente calificados por Vialidad como "malos".

En medio de esta crisis, el Gobierno busca un cambio estructural delegando la red vial en manos privadas o en las provincias.

Recientemente se adjudicaron 9.000 kilómetros de corredores nacionales mediante concesiones a 20 años, trasladando al sector privado tareas básicas de bacheo y mantenimiento, mientras que las grandes ampliaciones de carriles o autovías quedan relegadas. Un claro ejemplo de esta transición es la ruta nacional 151 (clave para la logística de Vaca Muerta y sumamente deteriorada) que está en proceso de ser traspasada a la provincia de Río Negro.

El caso sintetiza el nuevo escenario: mientras el presupuesto nacional vial toca su mínimo en tres décadas, el Estado nacional se repliega y deriva sus responsabilidades hacia concesionarios privados o administraciones locales.