Cinco procesados por lavado y evasión a través del comercio de caballos

El juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó sin prisión preventiva a cinco personas por organizar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo y a la evasión tributaria; maniobras que llevaban adelante en el marco de una explotación de caballos. Además, un sexto hombre fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los procesados explotaban un acopio de equinos en las localidades entrerrianas de Ibicuy y Gualeguaychú. En su momento, las inspecciones realizadas por la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) en los establecimientos “El Quebracho” y “El Potrillo", detectaron maniobras de evasión tributaria e indicios del lavado de activos por parte de los investigados. De acuerdo con la denuncia efectuada por el organismo de control, el total evadido es de 56.479.572,93 pesos.

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En la investigación desarrollada por la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, se constató también que parte de las personas imputadas incurrieron en maltrato animal –delito por el que también fueron procesadas– tras comprobarse que los caballos estaban en malas condiciones sanitarias. En la pesquisa colaboró la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La causa

La investigación se inició en 2017 a raíz de una denuncia del Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) por los reiterados incumplimientos sanitarios de un acopiador equino, quien destina sus animales para faena, principalmente para un frigorífico ubicado en la localidad bonaerense de Mercedes y a otro en la localidad rionegrina de Chimpay.

En su presentación, las autoridades del Senasa señalaron que sus inspectores veterinarios advirtieron diferencias de stock animal entre los registros del organismo y los existentes en los establecimientos rurales de la firma acopiadora. En aquellos campos se habrían realizado importantes movimientos de equinos destinados a la Unión Europea, Rusia y Japón sin la debida documentación, tanto en el ingreso como en el egreso de animales, lo que imposibilitaba conocer su estado sanitario, informó este miércoles el Ministerio Público Fiscal.

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El procedimiento administrativo desarrollado por el Senasa descubrió que parte de los movimientos irregulares tenía como destino dos firmas propiedad del acopiador, quien habría incurrido en maniobras de “blanqueo de animales” de origen ilegal. Para ello, el hombre habría utilizado datos personales y firmas de personas -cuya participación en los hechos se investigan- con los cuales creó presentaciones ficticias ante el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

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A raíz de la pesquisa, también se detectó que el acopiador –a quien la AFIP denunció en otras oportunidades por evasión tributaria– y su hija hicieron importantes movimientos económicos, lo que motivó una investigación patrimonial con el fin de verificar el origen de esos fondos, en la sospecha de que serían consecuencia de los delitos de “blanqueo” de animales y evasión tributaria.

En virtud de ello, en febrero de 2022, a pedido de la fiscalía el juez Seró dispuso 11 allanamientos en las oficinas y campos de la empresa ubicados en las localidades entrerrianas de Ibicuy y Gualeguaychú, y en un frigorífico de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, en los cuales se secuestró dinero en efectivo, documentación de interés para la investigación, armas, municiones, vehículos y 144 caballos en malas condiciones de salud.

Procesamientos

En base a las pruebas recolectadas por la fiscalía, el titular del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay dispuso el 13 de noviembre pasado el procesamiento sin prisión preventiva del responsable del acopio, como jefe u organizador de la asociación ilícita. También lo procesó por falsedad ideológica de documentos, violación de las leyes de policía sanitaria, maltrato animal, cohecho activo, falsificación de sellos, desobediencia a la autoridad –dado que no cumplió con la manda judicial de cuidar a los caballos que le fueran dejados en depósito tras el allanamiento– y por el delito de lavado de activos agravado por su habitualidad y por haberlo cometido como miembro de una asociación ilícita.

En tanto, su hija y uno de sus socios –encargado de parte del transporte de los equinos– fueron procesados como autores de la asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso ideal con los delitos de cohecho activo, falsedad ideológica de documentos públicos, violación de leyes de policía sanitaria, maltrato animal, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por la habitualidad y por haberlo cometido como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

Respecto de un médico veterinario que era funcionario de la oficina local del Senasa en Ceibas, quien contribuía a la confección de documentación falsa para el blanqueo de animales y la emisión de distintos documentos para beneficiar a la organización, se lo procesó como integrante de la asociación ilícita y como autor del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.

Finalmente, otro médico veterinario que también se desempeñaba en el Senasa fue procesado como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras constatarse que era quien daba aviso previo de las inspecciones y controles que iban a realizarse en los establecimientos y sobre los animales propiedad del principal imputado, al tiempo que lo asesoraba sobre cómo proceder para evadir o burlar los mismos.