El Gobierno negó la creación de un plan para realizar espionaje interno

El Gobierno desmintió rotundamente las versiones que afirmaban que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) había aprobado un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que abría la puerta a espionaje interno sobre ciudadanos que buscaran "erosionar" la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios del Gabinete o que generaran "pérdida de confianza" en el plan económico que lleva adelante el Poder Ejecutivo.

A su vez, a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, desde la Casa Rosada destacaron que "es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos".

En ese sentido, el texto aclara que el presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, al señalar que éste había sido "destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas de sus recursos".

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Plan de Inteligencia

Respecto a las versiones que circularon en medios sobre el Plan de Inteligencia Nacional, el Gobierno aclaró que se trata de un "documento secreto" cuyo objetivo es establecer "los lineamientos del Sistema de Inteligencia para promover los intereses estratégicos de la Argentina". Aseguraron además que solamente tienen acceso a esta información el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso.

Según informó este domingo el diario La Nación, el documento, secreto y de 170 páginas, habilita a recabar información sobre quienes, según su criterio, puedan “erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

El plan, desarrollado por la cúpula de SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, podría ampliar el alcance de los objetivos de inteligencia hacia periodistas, economistas, académicos y cualquier actor que cuestione las decisiones del Ejecutivo.