Ocho años de prisión para el primer condenado en Perú por el caso Odebrecht

César Álvarez, el expresidente regional de Ancash (al noreste de Lima), fue condenado a ocho años y tres meses de prisión en un caso relacionado con Odebrecht. La jueza lo declaró culpable de Colusión agravada por haber realizado pagos ilegales con dinero público a la constructora brasileña que realizó la obra de una carretera y del túnel más alto del mundo, en la cordillera Blanca, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El exgobernador estaba en prisión preventiva desde 2014 tras ser investigado por el homicidio de dos autoridades regionales y por asociación ilícita para delinquir. Además, ya había sido condenado a dos años de cárcel en 2018 por otros delitos de corrupción que cometió mientras ocupaba un cargo público entre 2007 y 2014. Es la primera condena en Perú por el caso Odebrecht, la trama corrupta de mayor envergadura en la historia de América Latina.

La investigación, a diferencia de los otros 40 expedientes de corrupción del caso vinculado con la firma brasileña, estuvo a cargo del fiscal anticorrupción Elmer Chirre, que empezó a investigar a Álvarez en 2015 por varios casos de fraude en el uso del dinero público. Chirre no es parte del Equipo Especial Lava Jato, pero mantuvo este caso ya que buena parte de sus averiguaciones se desarrollaron antes de que se crease el Equipo Especial.

La magistrada Nayko Coronado, de la corte especializada en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios, impuso la misma pena –de ocho años y tres meses– a dos exgerentes del gobierno regional, y otra de seis años a una exadministradora y al exfuncionario Benito Mauricio Chu, quien se fugó de la sala durante la lectura de la sentencia y fue capturado por la Policía pocas horas después. Otros tres exservidores públicos fueron sentenciados a cuatro años –aunque no se hará efectiva su prisión–, mientras que otros tres acusados de ser cómplices fueron absueltos.

Álvarez, conocido en su región como La Bestia, tendrá también que pagar 2,4 millones de dólares al Estado, mientras que los otros condenados deberán abonar 600.000 dólares entre todos. Durante la audiencia la magistrada informó que el juicio requirió de 256 horas y 70 sesiones, durante las cuales se revisaron 750 documentos, muchos de ellos peritajes de ingenieros de la constructora brasileña y expertos de la Contraloría. Coronado aseguró que el juicio por el mejoramiento y construcción de la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis se circunscribió solo a defraudación al Estado, ocurrida en la etapa de ejecución del contrato de la obra. El Gobierno Regional de Ancash tenía como proveedor a un consorcio formado por la constructora Norberto Odebrecht Sucursal Perú y Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción.

Según las pruebas que presentó la Fiscalía y que la jueza validó, el gobierno regional benefició económicamente e ilegalmente a la corporación brasileña en cuatro ocasiones. “Esta judicatura llega al convencimiento de que han existido disfuncionalidades o irregularidades meridianas, claras”, afirmó Coronado. “Ese dinero en poder del contratista”, añadió.

El Estado pagó más de 46 millones de dólares al consorcio como adelanto para la compra de insumos “cuando no había ni terreno donde ejecutar la obra, ni supervisor, ni expediente técnico”, describió la magistrada. Luego los funcionarios de Ancash favorecieron a Odebrecht autorizando ocho ampliaciones de plazo, que significaron pagos adicionales por 5,25 millones de soles, es decir, más de 1,5 millones de dólares.