El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó a la Policía y al Ejército a utilizar fuerza letal para defender a la población y combatir a las bandas de violentos que se conocen como maras, coincidiendo con uno de los fines de semana con más asesinatos desde que llegó al poder hace casi 10 meses. “El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños”, dijo a través de su cuenta de Twitter. Además, el mandatario confirmó que el Gobierno se hará cargo de la defensa legal de aquellas personas que sean “injustamente acusadas por defender la vida de la gente honrada”.
El Salvador: aplicarán la fuerza letal a delincuentes
Nayib Bukele, de 38 años, asumió hace 10 meses y enfrenta una dura ola de asesinatos en su país. Lo critican desde entidades internacionales.
27 de abril 2020 · 17:43hs
El líder del país cree que los delincuentes aprovechan que él está concentrado en combatir el Covid-19.
“Las maras están aprovechando que casi la totalidad de nuestra fuerza pública está controlando la pandemia de coronavirus. Tendremos que mover recursos para combatirlos”, escribió Bukele al justificar la medida. El mandatario instó a la oposición a que se ponga del lado “de la gente honrada” y pidió a las instituciones que deje de proteger a los que “asesinan” al pueblo.
Bukele, de 38 años, ordenó el fin de semana a la Dirección de Centros Penales decretar el estado de emergencia máxima en las cárceles tras el número de homicidios, al menos 40 en las últimas 72 horas, de los que se acusa a las pandillas. Por ello, el presidente salvadoreño ha ordenado el encierro total de los presos durante 24 horas, sin que puedan salir de sus celdas, en un intento por impedir contacto con el exterior. Durante el fin de semana, las autoridades realizaron además requisas en al menos cinco cárceles. En todo el sistema de prisiones están recluidos unos 12.862 pandilleros, según datos de la Dirección de Centros Penales.
Las autoridades sospechan de que los cabecillas de las maras que se encuentran en prisión han ordenado a los pandilleros del exterior aumentar el número de delitos, aprovechando que la gran parte de los efectivos de la fuerza pública se encuentran efectuando labores de cumplimiento de las medidas decretadas por el Gobierno para contener la pandemia de la covid-19, por la que, según la Universidad John’s Hopkins, ya hay 298 contagiados y ocho muertos en el país centroamericano.
Para José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, la decisión del presidente Bukele de autorizar el uso de la fuerza letal constituye un abuso de poder. “Parece decidido a convertirse en un verdadero autócrata”, ha considerado Vivanco, que ha declarado que el derecho internacional autoriza a las fuerzas de seguridad a utilizar armas letales en defensa propia o para proteger la vida o la integridad física, “pero solo cuando no existen otras medidas menos extremas”. El experto advierte de que la decisión del presidente salvadoreño “parece darle carta blanca para matar a los miembros de la fuerza pública”.
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional en América, considera también que la decisión de Bukele puede generar que las fuerzas de seguridad salvadoreñas cometan graves violaciones a los derechos humanos, en un país consumido por la violencia. “La situación de violencia en El Salvador ha alcanzado niveles alarmantes en los últimos años; sin embargo, también ha sido probado que las políticas de mano dura de Gobiernos anteriores solo ha generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, entre otras”, resume Guevara-Rosas, que considera que es “un grave error del presidente Bukele” repetir estrategias fallidas de seguridad. “Y así se lo hicimos saber cuándo nos reunimos con él en junio del año pasado”.
La activista recomienda al mandatario implantar nuevas políticas y estrategias que incluyan un retiro ordenado de la participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública y fortalecer las capacidades de la policía nacional. “Ni la situación de violencia, ni las ambiguas expresiones del presidente pueden ser carta blanca para las fuerzas de seguridad”, ha explicado.
“La obediencia a instrucciones contrarias a los estándares internacionales para el uso de la fuerza, que incluyen principios de proporcionalidad y necesidad, no exime de responsabilidad penal de quienes cometan violaciones a los derechos humanos y las líneas de mando a todo nivel de jerarquía”, ha advertido Guevara-Rosas.