Horas después de anunciar la disolución del Congreso nacional, que de todos modos votó su destitución, el ahora desplazado presidente de Perú Pedro Castillo salió de Palacio de Gobierno y se trasladó a la sede de la Prefectura, en Lima, donde fue detenido. Casi en paralelo, la fiscalía de la Nación anunció medidas en su contra.
Crisis en Perú: detuvieron al Presidente tras ser destituido
Este miércoles, el Congreso tenía programado a las 15 (hora local) debatir la tercera moción de vacancia contra Castillo. Dada la coyuntura, la sesión fue adelantada a partir de las 12:30. Al iniciar la cita, el presidente del Legislativo, José Williams, señaló que este poder del Estado no acataría la disolución. El pedido de destitución del mandatario por permanente incapacidad moral recibió 101 votos a favor, de los 87 constitucionalmente necesarios. Hubo cuatro votos en contra y seis abstenciones.
Por sucesión constitucional, le corresponde a la vicepresidenta Dina Boluarte -quien emitió un tuit rechazando la ruptura del orden constitucional- asumir la jefatura del Estado, consignó El Comercio.
El Ejército y la Policía desobedecen a Castillo
Las Fuerzas Armadas y la Policía de Perú aseguraron que no acatarán "cualquier acto contrario al orden constitucional", después de que el presidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso y el establecimiento de un "gobierno de excepción".
“Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134 de la Constitución Política, establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, señalaron en un comunicado.
Sin expresar abiertamente que no se dio el caso, simplemente agregan: "Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional".
"Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas", finaliza el texto.
Poco antes de que el Congreso tratara la moción de destitución en su contra, Castillo anunció la disolución del órgano legislativo y declaró un "toque de queda a nivel nacional", lo que motivó inmediatamente la renuncia de ministros y acusaciones de un "golpe de Estado".
El presidente acusó al órgano legislativo de "destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes".
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Asume la vicepresidenta
El Congreso de Perú aprobó con 101 votos la destitución del presidente Pedro Castillo. De inmediato, el presidente del cuerpo, José Williams, convocó para las 15 (17 de Argentina) a una sesión en la que se le tomará juramento a la vicepresidenta, Dina Boluarte.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, estaba convocado para votar una moción de destitución de Castillo por "incapacidad moral permanente", una figura constitucional que ya desembocó en la salida de dos mandatarios desde 2018.
Para remover a un presidente, la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la que en principio no disponía la oposición, pero la decisión de Castillo de disolver el cuerpo cambió radicalmente el panorama y finalmente la destitución del mandatario cosechó 101 voluntades.
La decisión de Castillo de disolver el Congreso y decretar un estado de excepción fue considerada como un "golpe de Estado" por congresistas de varias bancadas, que de inmediato trazaron un paralelo con el autogolpe que protagonizó el expresiente Alberto Fujimori en 1992.
El gobierno argentino, preocupado
A través de Cancillería, el gobierno argentino manifestó su preocupación por la "crisis política" desatada en Perú, al tiempo que hizo un llamado a la recuperación del estado de Derecho y el orden constitucional.
"Argentina lamenta y expresa su profunda preocupación por la crisis política que atraviesa la hermana República del Perú, y hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional", dice el tuit de la Cancillería.