Río de Janeiro.- Cuando narcotraficantes, milicianos y otros peligrosos criminales levanten la vista desde el banquillo de los acusados, el estrado estará vacío.
Brasil implementará "jueces sin rostro" para combatir el crimen organizado
La aparición de este nuevo tribunal fue oficializada ayer, luego de que un órgano especial de la Justicia aprobara la iniciativa por mayoría.
2 de julio 2019 · 21:04hs
Alentada por la creciente violencia y numerosas amenazas a magistrados, la Justicia de Río de Janeiro resolvió crear un tribunal especializado de “jueces sin rostro” que juzgará los casos de lavado de dinero, narcotráfico y actuación de milicias.
La aparición de este nuevo tribunal fue oficializada ayer en Brasil luego de que un órgano especial de la Justicia local aprobara la iniciativa por 23 votos contra dos.
La figura de los “jueces sin rostro” se encuentra vigente en otros seis estados de Brasil. Es una práctica que se ha inspirado en países como Italia y Colombia, donde los magistrados que enfrentaban amenazas de mafias y narcotraficantes decidieron ocultar su identidad para protegerse.
El tribunal estará compuesto por tres jueces, uno titular y dos auxiliares, cuya identidad no será revelada sino hasta el final del proceso.
Aunque apenas uno será el encargado de juzgar, la sentencia será firmada por los tres para diluir la responsabilidad del juez en la decisión final. De esta manera, la Justicia de Río espera aplacar el clima de hostilidad en casos que involucran al crimen organizado.
“Los jueces piden socorro permanente a la presidencia. Es una medida para traer seguridad a los magistrados que están amenazados y darle a la sociedad una respuesta inmediata en los procesos”, dijo Claudio de Mello Tavares, presidente del Tribunal de Justicia de Río.
Agregó que 22 jueces viven con escolta policial permanente tras haber sufrido intimidaciones.
El tribunal especializado tendrá sede en Río. “Vivimos en una total inseguridad. En el interior del Estado no hay tanta estructura y los jueces son blancos mucho más fáciles”, agregó de Mello.
En Brasil existe desde 2012 una ley que permite a jueces de primera instancia optar por la conformación de un tribunal cuando juzgan casos que involucran al crimen organizado. La norma fue promulgada un año después del resonante caso de Patricia Acioli, una jueza de Río que mientras analizaba procesos de corrupción y homicidios cometidos por policías fue asesinada en la puerta de su casa.
Los estados de Pará, Mato Grosso, Bahía, Roraima, Santa Catarina y Alagoas poseen tribunales similares al que será implementado en Río.
“En la mayoría de los países dio resultados y agilizó procesos”, dijo a The Associated Press Ricardo Andreucci, fiscal de la Justicia criminal de Sao Paulo.
En el ámbito jurídico no existe un consenso unánime sobre la introducción de la figura del juez anónimo.
“Es impensado que en una sociedad democrática alguien sea juzgado sin conocer a su juzgador, quiebra las reglas del juego”, dijo Conrado Gontijo, abogado criminalista, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Sao Paulo.
El abogado explicó que la figura “sin rostro” viola el principio de un “juez natural” conocido, que le permite a un reo conocer la identidad de quien lo juzga. “Aunque vivamos en un país violento el juez debe estar preparado para administrar una situación temeraria”, agregó Gontijo.
Colombia instituyó un programa similar dos décadas atrás, en el auge de un período de violencia y “guerra contra las drogas” librada por el gobierno durante el reinado del famoso traficante Pablo Escobar.
En casos de narcotráfico, los jueces poseían una cabina privada donde ocultaban su identidad y hablaban a través de un micrófono que distorsionaba la voz. La iniciativa fue desactivada en 1993, luego de la muerte de Escobar y de que uno de los máximos tribunales dijera que ese método infringía el derecho de defensa del acusado.
Además de los jueces, en Colombia los testigos se mantenían en el anonimato.
“Para un ciudadano que está sometido al proceso, no poder conocer al testigo va en contra del derecho de defensa”, dijo José Gregorio Hernández, un exjuez de la Corte Suprema de Colombia.
Al mismo tiempo, Hernández destacó que “fue efectivo porque se logró una protección importante” de los involucrados en casos sensibles.