El gobierno de Bolivia promulgó una ley que establece que los delitos de feminicidio, infanticidio y violación serán imprescriptibles, luego de que una investigación reveló que jueces, abogados y médicos permitían la excarcelación ilegal de feminicidas, beneficiándolos con la detención domiciliaria, una trama de corrupción que sacudió a uno de los países de Sudamérica con las peores tasas de violencia sexual y feminicidios. Bajo la antigua ley, los delitos prescribían entre cinco y ocho años después de haberse cometido.
Bolivia declara imprescriptibles los femicidios
Bolivia eliminó por ley la prescripción luego de ocho años que tenían estos delitos. Se destapó una trama de corrupción de jueces, defensores y delincuentes.
5 de julio 2022 · 08:08hs
La norma se preparó luego de que el Gobierno conformara una comisión interinstitucional que investigó a todos los juzgados penales del país, tras denuncias de que existían delincuentes que eran beneficiados de manera irregular con detención domiciliaria.
El más conocido fue el caso de Richard Choque, quien salió de prisión en 2019 mientras cumplía una condena por un asesinato y era investigado por otro y pasó a un régimen de prisión domiciliaria, con certificados médicos fraguados, a cambio de una coima de 3.500 dólares y un whisky. En libertad condicional mató a dos mujeres más, mientras la policía investigaba si era responsable de más de 70 de violaciones sexuales.
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La trama de corrupción estalló a comienzos de febrero. Entonces, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, confirmó que se detuvieron a 23 personas, entre ellas a condenados por feminicidios y violaciones que estaban libres, además de jueces y abogados que formarían, según dijo, una "organización criminal" para liberar a estos delincuentes.
Según datos de la investigación, fueron detenidos tres jueces, entre ellos el del caso Choque Flores; tres abogados, tres médicos y dos empleadas de juzgados, todos implicados en los casos de corrupción.
Además, Del Castillo reveló que una comisión formada por orden del presidente Arce está "investigando 135 casos de personas que tendrían sentencia ejecutoriada por los delitos de feminicidios, violación y violación agravada", incluso cometidos contra niñas, niños y adolescentes, pero que no están recluidos en las cárceles como deberían.
De acuerdo al Ministerio de Justicia, el trabajo de la comisión interinstitucional permitió la recaptura de 21 feminicidas y violadores, y condujo a llevar a juicio por prevaricato a 15 jueces que otorgaron libertades condicionales de manera irregular.
Según los datos del relator especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García Sayán, entre el 2013 y el 2021 se produjeron 869 feminicidios, un promedio de uno cada tres días y medio, de los que sólo un 31% llegó a sentencia.