Fiscal Azcué: "Quien vende cocaína siembra el caos"

El viernes a la mañana, la Justicia responderá el pedido de la Fiscalía de mantener en prisión preventiva por 90 días a los 16 de los 20 detenidos e imputados por conformar una Asociación ilícita dedicada al narcotráfico (principalmente la venta de cocaína) y a atentar contra personas y viviendas con sicarios. Los otros cuatro son menores de edad y ya están con preventiva en una residencia del Copnaf. En tanto, el fiscal Francisco Azcué describió la investigación y espera que los acusados queden encerrados.

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La audiencia para determinar la medida cautelar comenzó el martes a las 17 y se extendió hasta las 22, y durante esas cinco horas se escucharon las palabras de los fiscales Francisco Azcué y Daniel Montangie quienes describieron detalladamente las pruebas que demuestran el accionar de la organización delictiva encabezada por Ariel González, alias Lola, entre otros cómplices.

Se pasó a un cuarto intermedio y la audiencia continuó en la mañana de este miércoles, cuando durante varias horas más alegaron los abogados defensores Rafael Briceño, Daniel Cedro, Orlando Sarli y Brenda Víttori, quienes solicitaron excarcelación o prisión domiciliaria con tobilleras electrónicas para los acusados.

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Teniendo en cuenta la complejidad de la causa, el juez de Garantías se tomaba dos días para analizar los planteos y el viernes a la mañana dará a conocer la resolución al respecto.

Sembrar el terror

Uno de los agentes de la Unidad Fiscal de Concordia que estuvo al frente de la investigación que logró desbaratar una banda narco que además de comerciar drogas utilizaba a menores como soldaditos para ir a tirotear y a matar a personas, habló con LT 15 Radio Litoral sobre la causa. Azcué describió el daño y el temor que han causado los detenidos en los barrios donde operaban y destacó que la investigación podría tener más novedades.

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“Estos operativos se desarrollaron en el marco de una cusa que se comenzó en octubre de 2020 en la cual se comenzó investigando primeramente una serie de ataques que cometía el brazo armado de sta organización, compuesto por jóvenes principalmente, algunos menores de edad, y esos ataques tenían un tinte de crimen organizado, mafioso por así decirlo: varias personas a bordo de motociclista llegaban a las casa de otras personas y hacían descargas con armas de grueso calibre. Eran ataques bien dirigidos y con intención de darle muerte a las personas que atacaban. De hecho, a una persona la mataron, otras se salvaron gracias a los profesionales que intervinieron”, informó el fiscal.

“Después de una ardua investigación junto al jefe de Criminalístcia de Concordia, con un mapa del delito con pericias balísticas, se pudo establecer que estas personas eran soldaditos o brazo armado de una organización criminal que les encargaba estos hechos. Se intervinieron estas líneas telefónicas y se pudo corroborar que tenía como principal actividad la venta de cocaína. Y cuando se intervinieron las líneas de los líderes se pudo corroborar aún más ese planteo del caso y se sumaron muchas otras pruebas”, agregó Azcué.

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Luego, sobre los hechos graves advertidos en la pesquisa, el funcionario describió: “Si bien la pelea era entre bandas que vendían estupefacientes, por territorio y otros problemas, la mayoría de las víctimas son gente del barrio, que quedan en el medio, que reciben un disparo, que no pueden vivir más ahí porque van a hacer un mandado y les pasan las balas por arriba de la cabeza, o les roban consumidores para ir a comprar cocaína. Es una serie de suceso que tienen cautivo a un barrio y siembran el terror. Ya de por sí quien vende cocaína en cualquier lugar siembra el caos, porque eso produce una serie de consecuencia tremendamente nocivas para todos, destruyen familias. Lo cierto es que hay gente que tienen secuestrado y tomado el barrio y se va formando ese Estado paralelo que nos obliga a voltear la estructura”.

Por otro lado, el fiscal dijo que podría haber más derivaciones del caso: “La causa está en pleno desarrollo, si bien hace un año empezamos la investigación, la obtención de mucha evidencia como el secuestro de celulares que es importante por lo que se pueda encontrar allí, desde ya que puede derivar en un sinnúmero de consecuencias en el desarrollo y ampliación de la investigación”.

Por último, en relación al pedido de 90 días de prisión preventiva para los imputados, Azcué argumentó: “Quien actúa con este grado de organización lo que buscan es la impunidad, cuando utilizan a menores y les encargar ir a matar a alguien o balear una casa lo hacen para procurar impunidad. Desde ese punto es imposible avanzar en una investigación con este tipo de riesgos procesales cuando están en libertad. Y cuando hay un barrio que está tomado, las personas tienen miedo, porque cuando se apaga la cámara y se va la policía quedan solos en su casa rodeados de estas personas”.