Asalto a la distribuidora Belloni: instigador ofreció una reparación millonaria

El millonario robo a la distribuidora Belloni de Paraná se encamina a una segunda condena. Primero cayó uno de los atracadores, ahora el autor intelectual, quien aportó los datos para que los ladrones se lleven algo así como 2 millones de pesos y 30.000 dólares. Todavía resta ubicar al exfutbolista profesional Sebastián Ramón Britez quien permanece prófugo. El Negro, como se lo conoce, es el suegro de Luciano Emanuel Alegre, quien era empleado de la firma asaltada y ayer reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado.

Ahora, la jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dará a conocer el jueves 25 a las 12 su resolución respecto del acuerdo que le presentaron el fiscal, Mariano Budasoff, y el defensor, Claudio Berón con anuencia de la querella a cargo de Pedro Fontanetto y Germán Palomeque.

Fiscalía le endilgó a Alegre haber aportado los datos para que se ejecute el violento asalto a la Distribuidora Belloni, ocurrido el 22 de julio de 2023, cuando Antonio Leonardo Román, ya condenado en un primer juicio abreviado, y presuntamente, Sebastián Ramón Britez, que permanece prófugo, entraron armados y se llevaron 2 millones de pesos y 30.000 dólares.

Fiscalía y defensa particular acordaron la pena de tres años de cumplimiento condicional, el cumplimiento de normas de conducta por el plazo de la condena durante los que deberá acreditar el cumplimiento de 96 horas globales por cada año de condena en una institución de bien público a determinar, y el pago a la víctima de cuatro millones de pesos a depositar en una cuenta del damnificado o cuenta judicial al momento de la sentencia homologatoria y el pago de 14 cuotas mensuales de 550 dólares estadounidenses que concretará en las oficinas de los letrados querellantes Fontanetto y Palomeque del 1º al 15 de cada mes.

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Atenuante

El fiscal dio cuenta de toda la evidencia de cargo que se pudo recabar durante la investigación, que permitió concluir que Alegre desempeñó el rol de instigador del hecho, puesto que proporcionó información precisa de los movimientos económicos de la empresa en la que se desempeñaba como vendedor, traicionado la lealtad de su empleador.

Si bien en el caso de Román se acordó una calificación legal más gravosa como la de Robo agravado por el uso de arma de fuego, en el de Alegre se convino que correspondía la de Robo simple en calidad de instigador, que prevé penas de un mes a seis años de prisión, puesto que no se pudo determinar que estuviese al tanto que sus dos cómplices utilizarían un arma de fuego, que fue manipulada por Britez, para perpetrar el atraco.

En el mismo sentido se consideró que el imputado, en su declaración ampliatoria, señaló que no le dijeron de qué modo llevarían acabo el hecho, como así tampoco que llevarían arma o golpearían al empleado que se encontraba en ese momento en la empresa. Así, se entendió que “la duda en este estadío debe campear a favor del imputado por imperio, entre otras normas…”.

Las partes también entendieron que “más allá de la inexistencia de otros elementos, si analizamos, no era necesario realmente el uso de arma de fuego, porque Alegre les brindó la información sobre el lugar de guardado del dinero, se sabía el horario a ingresar en el que quedaba una sola persona, se estaba en superioridad numérica y se obraba sobre seguro”.

Castagno, tras escuchar al fiscal y al defensor, recabó el reconocimiento y consentimiento de Alegre respecto del hecho que se le atribuyó, la calificación legal y el monto de la pena acordado, le explicó los alcances de una pena de cumplimiento condicional y las obligaciones que conlleva, y le destacó que habiéndose expedido respecto del acuerdo que homologó respecto de Román, en este caso solo se limitará a analizar el rol que se le atribuyó específicamente a Alegre.