Agentes penitenciarios condenados y echados: la trama de los teléfonos en cajas de remedios

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, despidió a dos agentes penitenciarios que fueron condenados en el marco de una causa en la que se comprobó que, en connivencia con internos de la Unidad Penal N° 1 de Paraná, ingresaban teléfonos y otros elementos al establecimiento Dr. Juan Jose O'Connor. Los mismos eran luego utilizados por los presos para cometer extorsiones, organizar robos y vender drogas. La medida alcanzó a Juan Manuel Oliva y Roberto Ariel Rodríguez. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial N° 28.020 del 20 de enero de este año.

La novedad resurgió la trama que tuvo como protagonista a los exagentes penitenciarios. Oliva y Rodríguez fueron condenados el 24 de octubre de 2023 en el marco de un juicio abreviado en el que admitieron el delito de incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Sin embargo, en aquella sentencia no se les probó vinculación a la venta de drogas, según surge de la sentencia a la que accedió UNO. No obstante, en su reciente resolución el gobierno fundamentó la expulsión de ambos por haber sido autores del delito de “distribución y comercialización de estupefacientes agravados por efectuarse en un lugar de detención”.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Santiago Alfieri y la sentencia la emitió la jueza de Garantías Elisa Zilli. Ambos recibieron una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por tres años, más reglas de conducta.

La fiscalía le imputó a ambos que "sin poder precisar desde cuándo, pero hasta el 25 de octubre de 2022", en circunstancias de prestar servicio en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná a cambio de dinero, ingresaron "a la unidad penitenciaria teléfonos y otros elementos de valor, coordinando con internos de la Unidad Penal y/o con familiares de ellos; articulando pagos en efectivo, incumpliendo con ello los deberes que le incumben como Agente Penitenciario de Entre Ríos, en los términos de los art. 14 y 15 de la Ley Provincial Nº 5.797 - Ley Orgánica del Servicio Penitenciario de Entre Ríos".

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Un joven resultó con fractura de cráneo tras pelea en la Unidad Penal de Paraná.

Las pruebas contra los ahora exagentes penitenciarios fueron contundentes. Escuchas telefónicas, testigos protegidos y el testimonio de internos fueron clave para destapar sus maniobras. La sentencia condenatoria da cuenta que la causa comenzó a tramitarse a raíz de una nota que presentó la jueza de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, Cecilia Bértora, quien advirtió irregularidades en los informes penitenciarios sobre requisa a internos, como así también llamativas notas positivas a un preso que habían protagonizado un hecho violento contra otro. Tras la investigación de la Fiscalía, las irregularidades señaladas fueron probadas.

Entre otras pruebas, el fallo cita escuchas telefónicas que pusieron al descubierto a los agentes penitenciarios. En una de ellas, Rodríguez le explica a un hombre que iban a ingresar "el bulto" en una caja de medicamentos.

—Escucha, que no sea tan grande el bulto porque yo lo meto en una caja de medicación y lo paso

—Claro, lo metes en esa de antibióticos que viene de 15 o 20 comprimidos

En otra conversación, fechada el 4 de abril de 2022, Rodríguez coordinó con una persona encontrarse en la esquina de Villaguay y Monte Caseros. Allí recibió los elementos para ingresar a la Unidad Penal tras recibir el pago correspondiente.

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La jueza que olfateó irregularidades

La jueza de Ejecución de Penas de Paraná, Cecilia Bértora, fue la primera que olfateó irregularidades y las comunicó al Superior Tribunal de Justicia. Mediante una nota fechada el 5 de agosto de 2021, informó que algo no andaba bien en la Unidad Penal. "Me dirijo a VE con distinguida consideración a fin de informar situaciones planteadas con el Servicio Penitenciario de la Provincia, particularmente a partir de distintos hechos acaecidos en el corriente año en dependencias de la Unidad Penal N°1 de Paraná, los cuales se vinculan con el comercio de estupefacientes y otras actividades delictivas por parte de nueve internos allí alojados. Cabe destacar que algunas de estas acciones las llevan a cabo grupos de internos dentro de dicho establecimiento carcelario - con acciones dentro de la unidad penal y a través de directivas impartidas telefónicamente- que involucran además la participación de personas que se encuentran en libertad", arrancaba la nota y agregaba que "internos y personas en libertad-organizan y perpetran violentos robos como así también balaceras dirigidas contra la familia de los denominados Monos Aguilar en jurisdicción de la Comisaría Cuarta".

Luego, explicaba: "Motiva esta presentación el hecho de que lo sucintamente relatado no es el primer episodio de seguridad que se presenta en lo que va del año dentro de la Unidad Penal N°1. Recuérdese que en el mes de marzo hubo un hecho de gran repercusión pública donde se secuestró en el Pabellón Nº 11 una importante suma de dinero, pastillas y celulares. Lo curioso de este caso es que en su momento hubo groseras divergencias entre lo informado oficialmente y lo publicado en los medios periodísticos, en cuanto a los montos de dinero encontrados, fundamentalmente. A lo que se sumaron comentarios de algunas personas que dicen haber tomado conocimiento directo de estas cuestiones, quienes han referido que la sumas de dinero informadas no coinciden con las halladas en procedimiento de requisa".

El escrito continuaban señalando que las irregularidades eran varias: comercio de estupefacientes y actividades delictivas orquestadas desde la cárcel; discrepancias de informes carcelarios; falta de actuaciones administrativas, inoperancia y desidia del Servicio Penitenciario, falta de protocolos y controles en los traslados, ingreso regular de drogas y estupefacientes, como así también falta de consecuencias para los involucrados en el tráfico de drogas.

Un interno violento con nota 10

En otro tramo de la nota elevada al STJ, la jueza Bértora dio cuenta de una situación llamativa: un interno que había atacado a otro tenía nota diez en su legajo carcelario. "Quien suscribe se comunicó telefónicamente con el Director de la Unidad Penal N°1 (NdlaR: en ese momento era Octavio Ifrán), a fin de cuestionar las fallas de seguridad internas advertidas a partir del informe policial, como así también para controvertir el contenido de los informes carcelarios de los internos involucrados en las escuchas telefónicas, dado que particularmente el interno Jonathan Roda -supuesto cabecilla del grupo de internos involucrado en los ilícitos que se investigan- cuenta con informes carcelarios FAVORABLES para los institutos de salidas transitorias y semilibertad. Este dato es el más llamativo, pues la gran mayoría de los internos no logra esa calificación, es más: el 80 o 90 % de los informes carcelarios resultan con calificación DESFAVORABLE", decía en su escrito.

Meses más tarde, en marzo de 2022, Roda -quien cumplía condena por un homicidio- reconoció en un juicio abreviado que junto con Brian Fassano (otro preso por homicidio), de vez en cuando, se asociaban en la cárcel para concretar a través de terceros algún asalto, balacera u otra operación delictiva en la ciudad.

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En otro pasaje del escrito, la jueza Bértora contó otro hecho muy particular: un día en que se trasladaron internos al Hospital San Martín, uno de ellos informó a los agentes que en la unidad de traslado había un bulto de marihuana escondido. La respuesta oficial dejó mucho que desear. "La falta de protocolos para traslados y la inexistencia de un sistema de requisa de internos y revisión de los vehículos y/o control de personal penitenciario hace que todo este tipo de cuestiones 'queden en la nada'", lamentó.

Luego informó que se comprobó mediante las escuchas que "las pastillas y drogas ingresan por el sector de lavadero de autos y asimismo a través de los bultos, bolsos, paquetes (particularmente dentro de las tortas) que ingresan algunos internos al regresar de sus salidas transitorias, todo lo cual hace incomprensible que las maniobras que realizan los internos resulten inadvertidas por el personal y autoridades penitenciarias, en virtud de la magnitud que tiene este negocio ha alcanzado dentro del establecimiento penal".

Por último, señaló que la cantidad de pastillas y droga que ingresaban regularmente (posiblemente en forma semanal) a la Unidad Penal rondaba "entre las 500 y 1000 pastillas, lo que resulta en una recaudación aproximada a los 50.000 pesos". "Similares cantidades de dosis de marihuana o cocaína son las que ingresan los internos de acuerdo a las escuchas", completó.

A cuatro años de aquella contundente nota de la magistrada, en la Unidad Penal de Paraná continúan hallando drogas y otros elementos. Muchas veces son encontrados en requisas a familiares de internos y, en otras, en el interior de las celdas.