Madre reclama por los derechos de su hijo trasplantado

Claudia Lamboglia es la madre de Andrés Vuoto, quien hace 16 años recibió un trasplante de riñón de un donante vivo: su papá Marcelo. Hoy tiene 31 años y ya transitó la mitad de su vida como paciente trasplantado, dejando atrás los padecimientos de una insuficiencia renal crónica que le detectaron a los 5 años, y mejorando considerablemente su calidad de vida.

Con los cuidados del caso, puede llevar una rutina normal, al igual que su padre con un solo riñón. Sin embargo, las complicaciones que enfrenta el joven hoy en día están relacionadas al desamparo del que quedó a merced primero por los constantes incumplimientos de una empresa de medicina prepaga que debía hacerse cargo de manera integral del tratamiento, que luego cambió de razón social al ser vendida a otra compañía, All Medical; y finalmente al quedar sin cobertura al darse de baja esta firma y no ser aceptado por la prepaga que incorporó a sus afiliados, debido a su historia clínica y por ser trasplantado.

Claudia es la madre de Andrés y lucha por sus derechos

La familia recibió la notificación en julio de 2020 de All Medicine, anunciando que iba a dejar de prestar servicios. La mamá de Andrés, Claudia Lamboglia, fue quien notificó a su abogada, quien de inmediato presentó un recurso de amparo para que Andrés no quedara sin las prestaciones correspondientes y la empresa se ocupe de buscar una prepaga alternativa que siguiera atendiéndolo, según se menciona en el expediente del caso.

Claudia contó a UNO que esta fue otra de las presentaciones ante la Justicia que sumó a una serie de acciones que comenzaron años atrás, cuando la Asociación Mutual Integral de Salud (AMI), perteneciente al gremio de Supervisores Ferroviarios y de la que eran socios desde 1996, incumplió con sus responsabilidades conformes a la ley. “Andrés es trasplantado renal con donante vivo, que es el papá. Nosotros teníamos esta prepaga que hizo abandono de persona. Al juicio lo ganamos y llegó inclusive a la Corte Suprema de Justicia. Nunca nos pagaron pero sí se comprometieron a darle una cobertura. Pero luego AMI se esfumó, como suele pasar en este país”, afirmó Claudia.

Sin respuestas

All Medical fue la prepaga que se hizo cargo de los afiliados de AMI y Andrés logró que le diera cobertura, hasta que la firma solicitó la baja en 2020 y la Superintendencia de Servicios de Salud se la otorgó: la misma fue publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre del año pasado, desentendiéndose del pedido de la familia Vuoto, indicando no ser parte del reclamo judicial, tal como lo expresa en la resolución 2244/2021.

“Nosotros ganamos el juicio, y la Corte Suprema ordenó que Andrés recibiera la cobertura de Incluir Salud”, explicó luego Claudia, en referencia al un programa del Ministerio de Salud de la Nación que tiene el objetivo de asegurar el cumplimiento al derecho de los afiliados a gozar de las prestaciones médicas conforme a lo establecido por el Plan Médico Obligatorio (PMO).

No obstante, la mamá de Andrés sostuvo que hay prestaciones de las que la familia se tiene que hacer cargo desde entonces, gastando hasta 40.000 pesos mensuales porque no están contempladas en el programa federal que reemplazó años atrás al ProFe, y están indicadas por los médicos para que su hijo sostenga su calidad de vida.

“El Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucaier) me envía a casa todos los meses la medicación inmunosupresora que él toma, pero hay otro montón de remedios, como vacunas por ejemplo que consume los lunes y jueves, más los enfermeros, que debemos costear nosotros. Todo eso está en el expediente”, refirió.

“A eso lo veníamos manteniendo, pensando que la Justicia iba a hacer algo, como por lo menos embargarle los bienes a quienes estaban a cargo de All Medical”, expresó Claudia, quien afirmó que, pese a haber obtenido una instancia favorable, ya no hay quien responda patrimonialmente: “Resulta el juez esperó un año y pico para embargarles las cuentas a All Medicine y esas cuentas ya no existen, porque la empresa fue dada de baja por la Superintendencia de Servicios de Salud hace unos meses”, lamentó la mujer.

Asimismo, expuso: “El juez nos confirmó que ganamos el juicio pero nadie nos pagó nada porque cuando decidió embargarle a All Medicine, no existía más. Presentamos un recurso de amparo ya hace dos años y he ido un montón de veces al Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Daniel Edgardo Alonso. Pero ahora nosotros seguimos esperando, sin respuestas”.

Un reclamo justo

Por otra parte, Claudia afirmó: “Siempre trato de respaldarlo y darle la mejor calidad de vida a mi hijo. Peleo por sus derechos y le hemos podido comprar los medicamentos un tiempo, pero ahora hace dos o tres meses no me quedó más opción que pedirlos en el hospital, con toda la burocracia que eso conlleva. Hoy le está cubriendo los inmunosupresores Incluir Salud pero todo lo demás lo pagamos nosotros. Y llega un momento que ya no tenemos cómo afrontarlo”.

Por último, la mujer sostuvo que a nivel país es muy difícil que una prepaga admita a un paciente trasplantado, pese a que la legislación vigente establece que no puede rechazarse una afiliación por una enfermedad preexistente informada.

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