Justo José Ilarraz dejó de ser sacerdote al ser expulsado del estado clerical por la Iglesia Católica. Hasta este miércoles, Ilarraz podía celebrar sacramentos y llevar a cabo tareas diocesanas, pero ayer la Iglesia Católica le quitó su estado clerical y lo redujo al estado laical, que le prohíbe e impide ejercer cualquier ministerio.
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Con esta decisión, Ilarraz perdió su estado clerical y no podrá celebrar sacramentos ni llevar a cabo tareas diocesanas.
13 de diciembre 2024 · 08:02hs
Con esta decisión, Ilarraz perdió su estado clerical y no podrá celebrar sacramentos ni llevar a cabo tareas diocesanas.
La decisión, del Papa Francisco y la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, se produjo tras una serie de apelaciones a las sanciones canónicas impuestas en Argentina, que llevaron el caso hasta la Santa Sede.
“El obispado de la Santísima Concepción de Tucumán comunica que después de realizarse un proceso administrativo penal contra el presbítero Justo José Ilarraz, incardinado en esta diócesis por delitos contra el sexto mandamiento con menores de edad (…), encomendado al Tribunal Interdioccesano Bonaerense, y luego de elevarse el recurso del acusado al dicasterio para la Doctrina de la Fe, este organismo determinó (…) presentar el caso al Santo Padre quien ha dispuesto la expulsión del estado clerical del mencionado sacerdote”, dice la breve nota difundida por el Arzobispado de Paraná y la Diócesis de la Santísima Concepción de Tucumán.
La causa
Los abusos a cerca de 50 niños fueron perpetrados mientras era preceptor en el Seminario Arquidiocesano “Nuestra Señora del Cenáculo” entre 1985 y 1993. Ilarraz estaba a cargo de “todos los movimientos en el campo disciplinario, de formación y de actividades culturales y deportivas”, según él mismo declaró en su indagatoria.
Al menos tres menores se animaron a denunciarlo dentro de la curia en 1995, y el entonces arzobispo Estanislao Karlic ordenó una “investigación cautelosa y con el mayor sigilo”, pero Ilarraz había sido trasladado a Roma. En el Vaticano realizó diversos cursos e incluso les enviaba postales, fotos y cartas a familiares de las víctimas.
A finales de 1996, Karlic reconoció los hechos y le prohibió permanecer en la Arquidiócesis de Paraná y comunicarse con los seminaristas, debido al “daño producido a personas e instituciones”, según el decreto que firmó. En una carta que el propio Ilarraz envió a la Santa Sede, el presbítero dijo haber tenido “relaciones amorosas y abusivas con seminaristas menores”.
El Vaticano recibió la documentación y pidió continuar la investigación “conforme al Derecho Canónico vigente”, mientras que a los niños se les exigió que guarden la “máxima reserva” y la respuesta fue “rezar mucho”. Para los primeros meses de 1997 Ilarraz regresó a Argentina, pero a la parroquia Sagrado Corazón de Monteros, en Tucumán.
El avance en la Justicia
En septiembre de 2012 se dio a conocer una investigación de la revista Análisis que motivó el juicio por el que Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión en 2018, y su suspensión temporal del ejercicio sacerdotal.
El 7 de marzo de 2019, la Sala I de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa del cura. Y en marzo de 2020 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió no hacer lugar a la impugnación extraordinaria presentada por el abogado defensor Jorge Joaquín Muñoz. En septiembre de ese año, la misma sala del STJ le concedió el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde la causa espera una definición.
Actualmente, Ilarraz permanece con prisión domiciliaria en el 6to A de calle Corrientes 628 de Paraná, por encima de una agencia de viajes de menores y frente a una escuela primaria y secundaria.
El caso se dio mientras la por entonces senadora nacional Sigrid Kunath avanzaba en la elaboración del proyecto de la ley 27.206. Reconocida como “Respeto al tiempo de las víctimas” y sancionada en 2015, la norma modificó el Código Penal para que la prescripción en delitos contra la integridad sexual de menores comience a partir de la denuncia o ratificación. También agregó un párrafo que establece la inhabilitación perpetua cuando el condenado se valió de un empleo, cargo, profesión o derecho para cometer los delitos.
“Había que seguir luchando”
Hernán Rausch, primer denunciante de Ilarraz, destacó que se haya tratado de “un mensaje del Papa, sin intermediarios”. En ese sentido, precisó que hubo “sobradas pruebas para llevar adelante esta decisión” y que quedó “claro que la investigación no fue bien resuelta, fue enviada a cajón hasta que se abrió la instancia penal”
“La verdad siempre se impone, había que seguir luchando con templanza, actitud y conciencia”, remarcó a UNO. Por otra parte, dijo estar “esperanzado” en que la CSJN “tenga su veredicto y manifieste su sentencia también” en la causa judicial. “Después de 32 años uno no toma dimensión de este día importante”, completó.