La Justicia dictó la conciliación obligatoria entre el CGE y los gremios docentes

La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, recordó que el 3 de octubre el gobierno entrerriano convocó a los cuatro gremios docentes a una mesa de diálogo para el 8 de octubre, que se suspendió dado que las entidades sindicales convocaron medidas de fuerzas para los días 10 y 11, y se solicitó la intervención a la Secretaría de Trabajo en instancia de convocatoria de paritaria.

Desde allí, el Estado hizo propuestas de mejoras salariales a los gremios, y luego de varios encuentros, se obtuvo como respuesta de las entidades el rechazo a la oferta, decisión que fue comunicada el mismo día que comenzaban las medidas de fuerza, el jueves 1 y viernes 2 de noviembre.

"Por ello nos vimos obligados a solicitar la conciliación en la justicia, resguardando el derecho a la educación de los estudiantes entrerrianos, teniendo en cuenta que la Constitución Nacional en el artículo 14, establece que ´todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: ... de enseñar y aprender", puntualizó Landó.

La titular del CGE, recordó que Ley de Educación de la provincia de Entre Ríos Nº 9890, establece que "todos los habitantes de la provincia de Entre Ríos, sin discriminación alguna tienen derecho a la educación en términos que les permitan el desarrollo de su personalidad, con plena libertad, procurando el respeto a los principios fundamentales de una convivencia democrática y a los derechos y responsabilidades reconocidos por la Constitución nacional, la Constitución Provincial y las leyes".

En tanto, en su artículo 2 establece que: "El estado provincial, a través del Consejo General de Educación, tiene la responsabilidad principal e indelegable de garantizar el derecho a la educación y al conocimiento de todos los habitantes durante su vida y, en consecuencia, de establecer la política educativa, controlar su cumplimiento a través de la coordinación institucional del sistema educativo y proveer los servicios estatales gratuitos correspondientes, asegurando el libre acceso, permanencia y egreso en igualdad de condiciones y posibilidades".

Este jueves tras la notificación de los gremios al rechazó de la propuesta y medidas de fuerza en la Secretaría de Trabajo y el cierre de la instancia, la apoderada legal del CGE, Miriam María del Huerto Clariá, con el patrocinio del Fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes realizó la presentación en la Justicia.

Clariá, promovió la acción prevista en el artículo 1º último párrafo de la ley 9624, a fin de que V.S. disponga la Conciliación Obligatoria allí prevista y orden en consecuencia la suspensión de las medidas de fuerza dispuestas y/o a disponerse por el término previsto en el artículo 16 de la ley referida, contra la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

En la presentación se expresa que "es de nuestro interés ponerlo en conocimiento de que nuestro derecho de negociar de Buena Fe, se ha visto vulnerado y conculcado, entendiendo que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto".

Y agrega, que "esta acción es procedente en razón de que el proceso conciliatorio que fue tramitado y ha fracasado. En efecto, la Secretaría de Trabajo abrió, convocó, intervino en las reuniones como autoridad de aplicación de la ley Nº 9624 y la ha dado por fracasada definitivamente por Resolución Nº1197/18 S.T. En consecuencia no cabe otra alternativa que solicitar al Juzgado de Trabajo en turno que disponga la conciliación obligatoria".



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