La fiscalía federal solicitó este viernes que se unifiquen en 25 años las penas que recibió el represor Jorge Humberto Appiani, condenado en dos oportunidades por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. Además consideraron que el exmilitar y abogado no satisface los requisitos para acceder al beneficio de salidas socio laborales. Por su parte, la querella pidió una pena de 28 años y también se opuso a las salidas.
Fiscalía pidió unificar en 25 años las penas contra Appiani
Se realizó una audiencia para la unificación de penas de Jorge Appiani. La querella pidió 28 años. Además rechazaron el pedido de salidas transitorias.
24 de septiembre 2021 · 17:29hs
En una audiencia oral realizada por videoconferencia ante el juez federal de Paraná Leandro Ríos, las partes debatieron el pedido de salidas transitorias realizado por Appiani y la unificación de las penas que pesan en su contra, que son de 20 años en la causa Área Paraná I y de 13 años en la causa Área Paraná II.
El genocida estuvo conectado desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde está detenido desde 2009. También participó un grupo de víctimas, quienes expresaron sus puntos de vista sobre los temas en cuestión.
Respecto de la unificación de penas, el fiscal José Ignacio Candioti remarcó que una de las condenas de Appiani no está firme, por lo cual habría que esperar para proceder a la unificación. No obstante, expuso su opinión a favor de establecer el sistema composicional para determinar la pena.
"Es innegable que existió un plan sistemático de represión ilegal y Entre Ríos no fue ajena, sino que aquí se replicó y con una particularidad; la farsa de los consejos de guerra, como dice la sentencia firme de la causa Área Paraná II", dijo Candioti en la audiencia. En esos consejos de guerra Appiani tuvo "un papel activo y decisivo" y fue allí que se constituyó "en un personaje central de la represión ilegal en Entre Ríos", agregó el fiscal citando a la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Candioti recordó luego que, en su carácter de auditor y auxiliar del consejo de guerra, Appiani forzaba a los detenidos a firmar bajo tortura declaraciones auto incriminatorias que luego eran utilizadas en su contra.
El fiscal habló también de la gravedad de los delitos cometidos –Privaciones ilegales de la libertad, Tormentos y Severidades, vejaciones y apremios ilegales– y de la pluralidad de víctimas. "Todas estas consideraciones deben tenerse en cuenta para establecer una pena que sea adecuada al principio de la culpabilidad", subrayó.
Por su parte, el fiscal Leandro Ardoy recordó que Appiani era abogado y "como tal sabía que todo lo que estaba haciendo era absolutamente ilegal", tras lo cual propuso: "Entendemos que la pena de 25 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua es la respuesta adecuada y proporcional de acuerdo a la magnitud de los hechos cometidos y en relación a su culpabilidad".
Ardoy contabilizó 79 hechos cometidos por el genocida y sufridos por 44 víctimas. "Ya esta sola cuestión aritmética nos da una dimensión de la entidad de los delitos cometidos por Appiani", insistió.
El abogado querellante Marcelo Boeykens adhirió a los planteos de la Fiscalía, sobre todo por el hecho de que la sentencia por la causa Área Paraná II aún no está firme. "Appiani ha exteriorizado y exterioriza una comprobada tendencia al delito y sobre todo a delitos gravísimos, conforme al informe criminológico que obra en autos, y en todos sus escritos presentados expresa su desprecio hacia la condición humana", mencionó. Boeykens solicitó una unificación de la pena en 28 años.
Oposición a las salidas
Sobre las salidas de la unidad penal de Paraná, donde cumple condena, Ardoy dijo que sobre el planteo del represor: "No se satisfacen los requisitos para las salidas laborales. Además hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos cometidos, calificados como de lesa humanidad, y la cantidad de víctimas". Tampoco hay información suficiente sobre los cursos que Appiani dice haber realizado y por los cuales pretende una rebaja temporal por estímulos educativos.
La abogada querellante Sofía Uranga, manifestó la oposición de esta parte al pedido de salidas transitorias. "Corremos el riesgo de que la pena en sí misma se vuelva irrisoria y no cumpla los objetivos y la mandas que tiene el Estado argentino para reparar lo que el propio Estado, a través de sus órganos represivos, hizo a nuestra comunidad", remarcó.
Además citó el informe criminológico del Servicio Penitenciario de Entre Ríos del 4 de junio de este año, que "concluye de manera terminante que no se lo debe incorporar al régimen de semilibertad al condenado Appiani".
Durante la audiencia también se brindó la posibilidad a algunas de las víctimas del genocida a manifestar sus opiniones sobre los planteos realizados.